Recuperar recursos
Señaló que se darán “todos los pasos necesarios” para proteger los intereses nacionales. Esto implica "no solo reclamar lo que corresponda, sino también asegurar la recuperación de cada recurso invertido. La prioridad es resguardar el dinero público y actuar conforme a derecho, tanto en el ámbito local como en el internacional".
Rodríguez dijo que durante la investigación administrativa, el ministerio fue recopilando información que generó preocupación. "Si bien el contrato establecía pagos automáticos al cumplirse determinados hitos, una inspección posterior detectó que la obra no avanzaba conforme a lo previsto. Al intentar ejecutarse la garantía, surgieron situaciones que fueron calificadas como llamativas. Incluso se mencionó que representantes diplomáticos uruguayos en el exterior constataron inconsistencias vinculadas a la empresa contratada".
Más allá de las controversias políticas que el tema ha generado —incluidas defensas públicas del astillero por parte de ex autoridades y legisladores— el foco oficial "está puesto en el procedimiento institucional. La rescisión no supone abandonar el objetivo estratégico que motivó el contrato original".
Se necesitan embarcaciones
Reiteró que para el Gobierno está clara la necesidad de contar con las embarcaciones. "Eso sigue plenamente vigente. La adquisición de estas unidades es considerada prioritaria para cumplir con funciones de control y vigilancia en aguas jurisdiccionales. Por lo tanto, no está en duda ni la necesidad ni la decisión de avanzar en su incorporación, aunque sí se revisa el camino contractual seguido hasta ahora", subrayó.
En este escenario, la prioridad inmediata es doble, insistió: "Por un lado, culminar el proceso de rescisión con todas las garantías jurídicas; por otro, asegurar que Uruguay recupere lo invertido y tome posesión de lo que ya fue construido conforme a lo estipulado. Esto puede implicar instancias de arbitraje internacional y negociaciones complejas, pero el objetivo declarado es claro: no perder recursos públicos y defender el interés nacional".
A juicio del jerarca, "la definición adoptada marca así un punto de inflexión. Con la rescisión ya dispuesta, el desafío es transformar esa decisión en resultados concretos: recuperar activos, reclamar lo que corresponda y, al mismo tiempo, garantizar que el proyecto de patrulleros oceánicos siga adelante por las vías que aseguren transparencia y cumplimiento".
