Frigorífico Clay: una empresa de prácticas abusivas y despóticas

Hasta el pasado 13 marzo, un total de 80 trabajadores realizaban las tareas de faena y deshuesado de la carne en los diferentes turnos de trabajo en el Frigorifico Clay.

Con la “excusa” de la emergencia sanitaria, varios de ellos fueron enviados al seguro de paro.

Como condición, para que pudieran ser retomados, la empresa propuso una rebaja salarial del 65%, postura que fue tajantemente rechazada por 45 trabajadores que, como consecuencia, fueron automáticamente despedidos.

La situación generó una intervención del diputado Nelson Larzabal, quien solicitó al ministerio de Trabajo que interviniera tras el despedido de los 45 trabajadores por no aceptar la rebaja salarial del 65% impuesta por el frigorífico Clay de Canelones.

El diputado denunció, además, que “la empresa incumple la normativa, combate la sindicalización, no permite el acceso al seguro de desempleo y plantea una indemnización ilegítima”.

Según consignara Tiempo Agrario de M24, “Larzabal narró que luego de enviarlos al seguro de desempleo, la empresa les comunicó que retomarían la actividad con una rebaja salarial del 65% y que realizarían una sola tarea, y el resto sería realizada por nuevos trabajadores (…) Esto no fue aceptado por el sindicato, que solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “que actuó muy expeditivamente e hizo una propuesta que no fue aceptada” por la empresa, que exigió a los trabajadores aceptar su propuesta o serían despedidos. “Algunos trabajadores bajo presión, firmaron”, señaló el diputado frenteamplista.

Larzabal denunció que el pasado 26 de noviembre, “los 45 trabajadores que no firmaron recibieron una comunicación de que ya no eran parte de la empresa y que el despido se pagaría en 10 o 15 cuotas”.

En sus declaraciones señaló que los trabajadores “no saben cuánto ni cómo van a cobrar, ya que no es algo legal, no hay un acuerdo entre la empresa y los trabajadores”.

Para el diputado un elemento central de esta situación se explica por los incumplimientos de la empresa con los convenios colectivos: “la empresa no está cumpliendo con los convenios colectivos (…) no se permite a los trabajadores hacer uso del seguro de paro previo al despido y por un reglamento interno y unilateral la empresa no permite reuniones ni la sindicalización de los trabajadores además de usar una forma de indemnización no legitima. Pedimos una nueva intervención del MTSS exigiendo a la empresa el cumplimiento de toda la normativa y respetando los derechos de los trabajadores», señaló Larzabal, al programa Tiempo Agrario de M24.

En diálogo con M24, el dirigente Luis Muñoz, integrante de Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) expresó: “el 13 de marzo fuimos al seguro ya que la empresa aducía que estaba cerrado el mercado en Europa, en el primer momento íbamos por 60 días al seguro de paro”.

Muñoz señala que, hasta la fecha, la empresa no está trabajando y en agosto cuando se produjo la primera reunión en el ministerio de Trabajo, la empresa plantea que tenía la intención de reabrir la producción, pero con la condición de que se aceptara una rebaja salarial del 65%.

En esa misma instancia, la empresa presenta un reglamento interno que los trabajadores califican de “antisindical” ya que pretende coartar toda la actividad sindical.

Muñoz explicó que los trabajadores que aceptaron la condición impuesta por la empresa, no perderán solamente el 65% del salario, sino que, verán afectados otros beneficios que se incluían en convenios anteriores.

Para los trabajadores es incomprensible lo que viene pasando ya que, afirmó “nosotros tenemos un convenio colectivo vigente bipartito con la empresa, una vigencia que por la ley de negociación colectiva no caería hasta que se firmara un nuevo convenio”.

Lo que hace esta empresa es “pasar por encima de eso y el ministerio de Trabajo por más que le preocupe la situación tampoco ha hecho nada en realidad por defender a los trabajadores” y agregó “el ministerio generó algunos ámbitos de discusión, pero también quedó de rehén de la situación por no tomar sus propias acciones con esta empresa”.

Muñoz recuerda que el gobierno realizó una última propuesta que es presentada a la empresa, aunque no a los trabajadores, donde se propone se lleve la rebaja salarial entre el 25 y el 30% y la empresa ni siquiera lo estudió y ratificó que “era eso o nada”, en directa referencia a la posición empresarial de reducir el 65% del salario.

“La empresa nunca quiso negociar, siempre quiso imponer esta rebaja salarial o el despido y fue lo que hizo”, enfatizó el dirigente de FOICA, quien recuerda que, a pesar de existir un informe “muy duro” del ministerio de Trabajo sobre lo que significan las violaciones de la empresa, “a los privados no les pueden hacer nada”.

Hasta la fecha los trabajadores despedidos no solo no han cobrado lo que les correspondería, sino que, ahora la empresa aduce no tener efectivo para realizar dichos pagos.