Hay orden de desmantelar

Caras y Caretas Portal dialogó con Nicolás Lema, delegado general de la base ALUR de Biodiesel y directivo del STIQ, quien explicó que el conflicto inició luego de que el gobierno, mediante la Ley de Urgente Consideración (LUC), introdujo modificaciones en el mercado de los combustibles. Una de estas modificaciones, señaló, elimina la obligatoriedad de Ancap de mezclar biodiesel, lo que impactará de forma negativa contra miles de trabajadores y trabajadoras.  “La realidad es que el Estado, al querer modificar la Ley de Combustibles, nos deja regalados, nos mata, ya que no existirá la obligatoriedad de mezclar biocombustibles dentro del gasoil, por lo que no será posible que Ancap mantenga el vínculo actual con ALUR”.

Lema subrayó que la iniciativa de eliminar el biodiesel surgió desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería y que busca reducir los costos de producción del gasoil bajando el precio final del combustible con el objetivo de hacerlo más eficiente para los sectores productivos.

Por otro lado, el trabajador señaló que “otra cosa que no se dice” es qué costos conllevaría el cierre de la Planta Biodiesel. “ALUR tiene un vínculo hasta 2030 con Cousa, empresa que factura entre 7 millones y 10 millones de dólares por año. De cerrarse la planta, el Estado tendría que pagarle a Cousa durante 9 años por no cumplir el contrato establecido. A eso, se le debe sumar la financiación de la planta, que todavía está pagándose. Estamos hablando de un costo de entre 120 y 150 millones de dólares solo por cerrar ALUR Biodiesel”.

Efecto dominó

Una de las preocupaciones centrales del sindicato, remarcó el dirigente, es que «al afectar la planta de producción de biodiesel la que va a sufrir más el impacto es la de bioetanol, ubicada en Bella Unión, ya que involucra a un tercio de su población. Hay que recordar que en esta ciudad viven 15.000 personas de las cuales 600 son trabajadoras de ALUR, más 1.500 peludos [trabajadores de la caña de azúcar] y todo lo que eso conlleva».

“Se habla solamente de los 40 trabajadores que están produciendo en la planta, pero no se tiene en cuenta toda la cadena productiva que hay detrás. Está Cousa, por ejemplo, que es la que nos suministra el aceite, así como el resto de los pequeños productores que atraviesan la producción de biodiesel en Uruguay”.

Lema enfatizó en que ALUR tiene «una lógica de tres patas» y que, debido a su financiación interna, «si se perjudica una de las plantas repercute de forma directa en las otras dos». «Al caer una de las plantas, inevitablemente va a terminar cayendo la empresa en general».

Otro punto que remarcó el dirigente es que en Uruguay la producción de biocombustible está subsidiada porque, además de constituir una fuente de trabajo, genera dependencia energética y mejora la calidad del medio ambiente. “Producir biocombustibles es una política de Estado y nosotros reclamamos que se mantenga. En la actualidad, gracias a ALUR Biodiesel y ALUR Bioetanol, Uruguay consume un barco menos de petróleo por año y por cada planta. Y todo eso se cambia por trabajo calificado y nacional”, dijo a modo de ejemplo.

Cadena de favores

Según el dirigente, las modificaciones que plantea el gobierno tienen como objeto «hacerles favores a los agroexportadores gigantes, como los de soja, arroz o carne porque uno de los costos fijos más elevados que tienen es el gasoil». Pero este tipo de favores pesan sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras. «Si el gobierno quita la obligatoriedad de la mezcla del biodiesel en el gasoil, a nosotros nos elimina de un plumazo, solo por 1,80 pesos, que es la incidencia que tiene el biodiesel sobre el gasoil”, agregó.

El dirigente explicó que lo que más influye sobre el costo final de los combustibles es el Imesi y el IVA. Por tal motivo, señaló, se le planteó al gobierno bajar los costos a nivel impositivo, “pero rechazaron la propuesta”.

Contraste multicolor

Según Lema, esta problemática viene siendo planteada por el sindicato desde hace un año y medio. Durante este tiempo, dialogaron con la coalición de gobierno, con los ministerios y con la oposición, pero sin llegar a un acuerdo.

La discusión sobre ALUR, afirmó el dirigente, es un tema que genera controversias en la coalición multicolor. “La coalición multicolor tiene diferencias en la interna sobre cómo hacer para dejar de mezclar el biodiesel. Cabildo Abierto, con quienes nos reunimos hace unos meses, expresó que está en contra del cierre de la planta por un tema ideológico y por dejar sin trabajo a una cadena productiva. Pero lo que plantean los cabildantes como alternativa es transformar la planta en otra cosa y eso sería inviable”.

Asimismo, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, e integrantes de la bancada del Frente Amplio manifestaron su interés en el tema. «En el caso de Peña, nos recibió, pero creemos que va a seguir la línea del gobierno».

En plan de lucha

La Coordinadora de Sindicatos de Ancap también es parte de esta lucha, así lo afirmó Gerardo Rodríguez, presidente del sindicato Fancap. “Nosotros venimos trabajando y preparándonos para este momento desde hace mucho tiempo porque sabíamos que esto [modificaciones del gobierno en políticas de combustibles] se venía”.

“Indudablemente el gobierno tiene una mirada específica sobre el rol del Estado, de las empresas públicas, y en particular de Ancap, diferente a lo que nosotros defendimos durante años. Esa concepción ideológica se ve reflejada en la LUC, en los artículos que tienen que ver con Ancap (235, 236, 237 y el 285). El gobierno viene trabajando en lo que es el desmantelamiento de Ancap, lo que se refleja en la reforma integral de los combustibles”, expresó.

“Se busca desmantelar la pata social y productiva del ente y sustituirla por una mirada mercadocéntrica. El problema de esa mirada es que terminan perdiendo los pobres y los sectores más desprotegidos. Si se pretende vender el combustible al mismo precio que está en el mercado internacional, lo que va a suceder es que se le saque el subsidio al supergás y que la inmensa mayoría de los uruguayos pague esas consecuencias”.

Sobre el posible cierre de ALUR, Rodríguez dijo que el gobierno, con el argumento de la rentabilidad, pretende cerrar un emprendimiento productivo de vital importancia. “La esencia del proyecto agroindustrial de ALUR es el desarrollo social, no se trata de un proyecto con una mirada de mercado. Está subsidiado desde el primer eslabón hasta el último, y si pretenden cerrarlo porque no es rentable, van a terminar cerrando todo”, expresó, lamentado que “esa es la mirada que prima en el gobierno”.

El pasado 12 de julio se reunieron las asambleas ciudadanas de Belén, Bella Unión y la Coordinadora de Sindicatos de Ancap para pronunciarse, entre otras cosas, sobre la decisión del gobierno de eliminar la obligatoriedad de Ancap de adicionar biodiesel al gasoil y sobre los artículos 235, 236 y 237 de la LUC que, por ejemplo, habilitan el ajuste mensual de las tarifas de los combustibles.

Teniendo en cuenta “el resonante triunfo popular al presentar casi 800.000 firmas para hacer posible el referéndum sobre 135 artículos de la LUC”, una de las resoluciones de la asamblea, contó Rodríguez, fue “pedirle al gobierno que deje en suspenso todas las medidas que ha tomado en el marco su política de combustibles” hasta que la ciudadanía decida.

Por otro lado, Rodríguez destacó que la plataforma acordada “contiene la problemática de todo el universo de trabajadoras y trabajadores de Ancap, así como sus empresas vinculadas”. También comunicó que resolvieron sumarse a la caravana de STIQ en apoyo al proyecto agroindustrial de ALUR, defender emprendimiento productivo de semillas en Belén, las condiciones de trabajo de los cortadores de caña y apoyar a los colonos que están siendo desplazados de las tierras.

“Llevaremos adelante un plan de lucha para defender las plantas abiertas, los puestos de trabajo, pero también para dar la lucha ideológica sobre cuál debe ser el rol de Ancap y del Estado”, concluyó.

Gran caravana sindical desde Bella Unión a Montevideo

La caravana inició el día viernes 16 de julio, fecha en la que se conmemora el aniversario del sindicato, y finalizará en Montevideo el día martes con una jornada de paralización total de la actividad.

Durante estos días, la caravana recorre el litoral del país deteniéndose en diferentes pueblos como Belén, Constitución, Chapicuy, Young, Dolores, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Santa Lucía, entre otros.

Luego del ingreso a la capital, concentrarán en Capurro, frente a la planta de biodiesel de ALUR, y posteriormente  partirán caminando hacia el Palacio Legislativo donde, en el marco de la Rendición de Cuentas, se estará discutiendo el destino de ALUR con la presencia del ministro de Industria, Omar Paganini.

Esta movilización está alineada con el reclamo que viene haciendo la Coordinadora de Sindicatos de Ancap y la Federación Ancap (Fancap), el sindicato de ALUR y el Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar, quienes apoyarán la caravana.

“La expectativa de esta medida es poder debatir la situación de ALUR y que la Ley de Combustible no se altere”, resumió Lema.