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Justicia ordenó al Ministerio del Interior entregar documento sobre asesinato de Balbi

La jueza María Eugenia Ferrer dio 72 horas al Ministerio del Interior para entregar el documento al proyecto universitario Cruzar.

Justicia ordenó al Ministerio del Interior entregar documento sobre asesinato de Balbi.

Justicia ordenó al Ministerio del Interior entregar documento sobre asesinato de Balbi.

 Gastón Britos / FocoUy
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La Justicia de lo Contencioso Administrativo intimó al Ministerio del Interior a proporcionar información vinculada al asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, ocurrido en 1975, en el marco de una solicitud realizada por el proyecto universitario Cruzar, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

Según informó la diaria, la resolución fue adoptada por la jueza María Eugenia Ferrer, quien estableció un plazo de 72 horas para que la cartera entregue el documento requerido —fechado el 31 de julio de 1975—, salvo que se demuestre formalmente que ya fue remitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad. La decisión surge tras una acción de acceso a la información pública impulsada por el equipo académico junto al Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo), luego de considerar insuficientes las respuestas oficiales.

Inconsistencias y actuación desprolija

En su fallo, la magistrada cuestionó la actuación del ministerio al señalar inconsistencias en sus argumentos. “La administración no es prolija en su actuación”, indicó, al detallar que primero se alegó que la información era reservada, luego que no se encontraba disponible y, posteriormente, que debía ser solicitada a la Fiscalía.

Desde el proyecto Cruzar subrayaron que el acceso a este tipo de documentos resulta clave para el desarrollo de investigaciones sobre el pasado reciente. Explicaron que su trabajo se basa en relevar y contrastar información de distintos archivos, y que ante la detección de posibles materiales no identificados recurren a los mecanismos previstos en la normativa vigente para solicitarlos.

En esa línea, remarcaron que el acceso a la información pública constituye una garantía democrática fundamental y adquiere especial relevancia en casos de crímenes de lesa humanidad, donde la documentación de los organismos represivos es central para avanzar en los procesos de verdad, memoria y justicia.

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