María Eidy Roca, quien fuera ministra de Salud del exgobierno de facto en Bolivia, ha sido imputada por sobreprecios en la compra de 324 respiradores.
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La información fue dada a conocer por la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Rios.
Con relación a las imputaciones, la viceministra señaló que “los equipos chinos no pueden ser usados en terapia intensiva, sino que son simplemente ventiladores para emergencias”.
El daño económico por esta acción se calcula superior a los 6 millones de dólares.
Susana Ríos, agregó que por este mismo caso se espera la imputación formal del exembajador de Ciencia y Tecnología del gobierno de Áñez, Mohammed Mostajo.
La investigación llevada a cabo permitió determinar la inutilidad de los equipos adquiridos a sobreprecio, ya que cada uno de ellos fue adquirido por 30.000 dólares, pero la fábrica certificó que el costo real fue de 8.000, según comunicó la agencia estatal de noticias ABI.
que esos más de 300 respiradores no pueden ser usados en terapia intensiva, sino que se trata de ventiladores que solo sirven para emergencias.
Además, cada equipo fue comprado en 30.000 dólares, pero la fábrica certificó que el costo real fue de 8.000, según la estatal agencia ABI.
La viceministra se refirió también a otro caso que se trabaja por “la compra de 170 respiradores españoles, sobre los que también se determinó que no son respiradores sino ventiladores para uso de emergencias”.
Según la agencia de noticias, “cada equipo fue adquirido por el Gobierno anterior a un costo de 28.000 dólares, pero luego la fábrica hizo saber que cada unidad fue vendida en 6.600 euros, unos 8.000 dólares, “es decir que también se evidenció sobreprecio”, dijo Ríos, que dijo que este caso está involucrado Marcelo Navajas, también exministro de Salud de Áñez”.
De acuerdo a la información proporcionada por Ríos, se solicitó a la justicia que la exfuncionaria fuera procesada “no solo por uso indebido de influencias, sino por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes”, entre otros delitos penales.
Las irregularidades durante el gobierno de facto de Añez, abracan otros ministerios y la propia Cancillería.
En ocasión de realizar sus respectivas rendiciones de cuentas, los responsables de Educación y de Trabajo del gobierno de Luis Arce han denunciado, una serie de irregularidades y hechos de corrupción en sus carteras durante el Gobierno de facto.
A esto se le adiciona la denuncia realizada por el embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, quien dijo “que el entonces canciller Karen Longaric designó ilegalmente a sus familiares y amigos para que desempeñen cargos diplomáticos”.
“Creo que hay que recordarle a la población boliviana que hemos tenido un 2020 desastroso, y Longaric hizo nombramientos ilegales, al margen de la Constitución y al margen de las leyes bolivianas”, denunció Pary.
En su denuncia, Pary agregó que la diplomática del gobierno de facto de Añez “ha nombrado embajadores en organismos internacionales como Naciones Unidas en Nueva York, Naciones Unidas en Ginebra, también en la Organización de los Estados Americanos, solo con una resolución de la Cancillería, cuando lo que correspondía es que el nombramiento se haga mediante una resolución del Senado (…) la Cancillería se ha utilizado como un botín político para favorecer a familiares, para favorecer a amigos de los que en el momento se encontraban en el Gobierno, pues Longaric nombró a los amigos de su hijo; también se nombró a la hermana del (ex) ministro Murillo como cónsul en Miami; a Mohammed Mostajo como primer secretario con el título de embajador en esta representación permanente y él nunca se presentó, nunca cumplió esa función para la cual fue nombrado”, detalló el diplomático boliviano.
Para el denunciante, la Unidad de Transparencia de la Cancillería deberá investigar y aclarar esta situación, ya que “hay salarios que se han pagado y hay cobros que se han realizado y eso es un daño económico al Estado”, concluyó expresando.