La política económica de Argentina en su encrucijada

El gobierno de la Alianza Cambiemos recurrió al FMI en abril de 2018 con un préstamo stand by de 55.000 millones de dólares. La administración de Macri había reinaugurado un período de endeudamiento extremo cuyo modelo se agostó en menos de dos años. Para diciembre de 2017, las empresas privadas que también se habían lanzado a tomar deuda en moneda norteamericana empezaron a dar señales de que “el mercado” ya desconfiaba de la capacidad de re pago del país.

Ahí fue cuando Macri solicitó un préstamo al organismo internacional, el cual resultó ser una ayuda económica pero también un crédito político para contener una deuda insostenible y a evitar la caída de un gobierno “mercado friendly”.

En agosto del año pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó un informe que dio cuenta de lo ocurrido con los dólares que ingresaron a través de todo el ciclo de endeudamiento del período 2016-2019, estimado en casi 100.000 millones de dólares. Ese dinero se fugó.

Según el BCRA, hubo dos movimientos que operaron en sincronía. Entre 2016 y abril de 2018, se fugaron 41.100 millones de dólares; en la segunda etapa se fueron del país 45.100 millones, financiados exclusivamente con el dinero ingresado del FMI (44.000 millones).

El préstamo con el Fondo quedó judicializado en Argentina, en una causa penal que hasta el momento no mostró ningún movimiento. Incluso, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, impulsó otra querella para que el desfalco a la administración pública sea compensado con el patrimonio personal de cada uno de los funcionarios involucrados en la ingeniería de la deuda externa. Otra historia.

Lo cierto es que, en las últimas horas, el propio expresidente Mauricio Macri reconoció que la plata del Fondo Monetario Internacional fue a parar a los bancos comerciales que habían puesto dinero al comienzo de su gobierno.

“Los países del mundo que confiaron en Argentina y en el gobierno del ingeniero Macri le habían prestado al país 50.000 millones de dólares para pagar otras deudas. Y la plata del Fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagarles a los bancos comerciales que querían irse del país. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, explicó el expresidente en un uso confesional de la tercera persona.

El principal desafío que tiene el país en términos económicos es la renegociación de la deuda con el FMI. Sin embargo, dentro de la propia coalición gobernante hay quienes se preguntan si ese yunque financiero debería pagarse o si se deberían rechazar los condicionamientos del organismo multilateral.

El resultado electoral del próximo domingo definirá no solo un posible cambio de mayorías y minorías parlamentarias, sino también la correlación de fuerzas hacia el interior del propio gobierno nacional.

Negociación

Al inicio de su gestión, Alberto Fernández no se imaginaba la pandemia (como nadie en el mundo), pero tampoco una negociación tan dura con el FMI, que de alguna manera había reconocido su corresponsabilidad en el préstamo que le había otorgado a Argentina, cuando Donald Trump todavía era presidente. Es que aquellos 44.000 millones de dólares que llegaron al país y se fugaron contaron con el aval político del mandatario estadounidense.

Fernández eligió un ministro de Economía (Martín Guzmán) con capacidad de hablar el mismo idioma del mundo financiero, de buen vínculo con el Premio Nobel Joseph Stiglitz e incluso con Kristalina Georgieva, la actual número uno del Fondo.

Pero tras el affaire Georgieva-China, las cosas cambiaron. Hace dos semanas, Guzmán estuvo reunido 14 horas con Julie Kozack, la responsable del Fondo para avanzar en el capítulo técnico de la renegociación de la deuda. También hubo un encuentro con Kristalina Georgieva. El presidente Alberto Fernández hizo lo propio.

Sin embargo, la persona que corre en punta como la más relevante en esta negociación sería el número dos del organismo, Geoffrey W.S. Okamoto. Y es una persona clave porque ganó poder tras las dudas que se sembraron contra Georgieva por haber favorecido a China en un informe del Banco Mundial.

El ahora número dos del Fondo fue también quien supervisó los desembolsos del organismo durante el macrismo. Además de ser una persona de confianza de Donald Trump. Por eso no es lo mismo negociar con él. En este sentido, el organismo no estaría tan dispuesto a reconocer su corresponsabilidad en el préstamo ruinoso otorgado a la Argentina. No es el mejor escenario para el país.

¿Distribuir para crecer?

En su último documento sobre las economías globales, el FMI reconoció que Argentina debería enfrentar “reformas estructurales”, como por ejemplo permitir la libre entrada y salida de capitales, y una reducción de los impuestos a las exportaciones.

El organismo que nació luego de la Segunda Guerra Mundial como parte de los acuerdos de Bretton Woods ya no reclama ajustes fiscales desembozados, sino que se ha vuelto algo más sutil en sus formas. En esa línea, la administración Fernández preparó un presupuesto 2022 que contiene algunas de las claves de lectura para entender ese “ajuste” solicitado por el organismo multilateral. Pero no todos los integrantes del FdT estarían dispuestos a claudicar.

Según datos del Ministerio de Economía (base caja, sector público nacional deflactados por el Índice de Precios al Consumidor), las prestaciones sociales, básicamente jubilaciones, tuvieron una caída real de 7 por ciento a julio de este año. Al mismo mes, la actividad económica (EMAE) registró un incremento del 10 por ciento. Pero el gasto público cayó, en términos reales, un 6 por ciento. Los salarios del sector público también perdieron por goleada contra la inflación.

En el análisis transversal del presupuesto, la categoría Políticas de ingresos (asignaciones familiares, subsidio al consumo de energía eléctrica, transporte y gas, y políticas alimentarias), si bien crece nominalmente, estas pasarían de representar el 3,2 por ciento del PIB al 3,0 por ciento del producto para el próximo año.

La misma reducción en relación al PIB se percibe en jubilaciones y pensiones que pasarían de representar el 9,3 por ciento al 8,8 por ciento.

En la llamada ley de leyes, aparece cierta obsesión para que cierren los números macroeconómicos. ¿Pero qué pasa con quiénes la están pasando realmente mal?

“Algunos se enamoran de los números macro de la economía. ¡Para nada! Si los números macro de la economía no se traducen en la mejora del día a día de nuestra sociedad, será crecimiento para unos pocos y nada para las grandes mayorías”, sostuvo Máximo Kirchner, jefe de la bancada de Diputados del FdT e hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández.

La participación de los asalariados en el producto bruto cayó 10 puntos porcentuales (se ubica en el 40 por ciento), mientras que el excedente bruto de explotación creció casi cuatro puntos durante el segundo trimestre de este año (53 por ciento). Los sectores del capital que ganaron mayor participación fueron el agropecuario, algunas ramas de la industria (con fuerte participación de las alimenticias) y el de hidrocarburos. Los mismos actores que el gobierno quiere promocionar con leyes de exportación en línea con lo que reclama el FMI.

Sea cual sea el resultado electoral del próximo domingo, el gobierno deberá enfrentar una discusión hacia el interior de la propia coalición. Ese debate tiene un eje bien marcado: ¿se deberá esperar a que el crecimiento derrame hacia la sociedad tal como pide el FMI? ¿O se deberá, primero, distribuir la riqueza para que el crecimiento llegue a los sectores más vulnerables?