Los contagios y fallecimientos de ancianos que residían en hogares no fueron exclusividad de Fray Bentos y en otros puntos del país, Dolores, Mercedes, Durazno, Maldonado, Cerro Chato, Tacuarembó, surgieron y es de esperar que siga sucediendo.
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A diferencia de Fray Bentos, todos fueron trasladados de los residenciales a centros de salud con unidades de terapia intensiva y a diferencia de Fray Bentos, hasta el momento no constan en nuestros archivos situaciones de advertencias ya comunicadas institucional y públicamente.
La pandemia del virus
En abril de 2020, a casi un mes de decretada la emergencia sanitaria, un foco de covid-19 se instaló en varios residenciales.
Entonces se conoció, fruto de un relevamiento que poseía el Ministerio de Desarrollo Social, que la población de ancianos en Uruguay era de 15.561 residentes (11.279 mujeres, 4.282 hombres) en 1.204 Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem), que incluyen residenciales (de la órbita privada) y hogares de ancianos (sin fines de lucro).
Un año después, la población de ancianos en los Elepem y los establecimientos habían aumentado.
La actualización de los datos del relevamiento del Mides arrojaban 1.291 Elepem y 17.500 ancianos residentes.
A esta situación hay que agregar como dato que, según el Instituto Nacional de Estadística, 65.000 personas mayores de 65 años formaban parte de la legión de pobres y nuevos pobres, algunos en la indigencia y muchos, residentes de los Elepem.
Se desprende entonces que cuando el gobierno, desde el comienzo de la primera gran ola, en noviembre del año pasado, encontraba en las movilizaciones de organizaciones sociales o sindicales o las cuerdas de tambores las principales y riesgosas aglomeraciones, no se tomaba en cuenta esta aglomeración permanente y cautiva de los Elepem.
Se debe reconocer el esfuerzo de los trabajadores y funcionarios de esos centros por mantener los protocolos de prevención definidos, manteniendo la restricción de visita de familiares y medidas de higiene, pero, quizás, con resultados a la vista, el esfuerzo no fue suficiente y no debió depender solo de cada Elepem.
Paradojalmente, volviendo a Fray Bentos, Río Negro es el departamento del país que en abril de 2020 tenía la menor cantidad de Elepem (ocho) y el segundo departamento con menor cantidad de residentes, 140, apenas dos más que Artigas y cinco menos que Rivera.
Cuando el 21 de marzo de este año la covid-19 se hizo presente en el residencial Victoriano Sosa de Fray Bentos, al decir del propio intendente Omar Lafluf, se encontraba con sus autoridades desbordadas.
Sin embargo, mucho antes, el diputado frenteamplista Constante Mendiondo hacía saber a Salud Pública desde la comisión de diputados lo que se avecinaba.
La pandemia del poder
El 4 de julio del 2020, el periodista Pablo Silva Galván entrevistó a la expresidenta de ASSE, Susana Muñiz.
En la nota, Muñiz denunciaba por parte de las actuales autoridades prácticas de clientelismo y “repartija” de cargos. Poniendo como ejemplos lo que ocurría en diversos lugares del país, expresaba: “¿Quiénes están al frente del hospital de Río Negro? Por decir uno, pero esto se podría repetir en casi todos los hospitales del país. La doctora Mónica Frascheri. La doctora Frascheri, hoy directora del hospital de Río Negro, figura también en la página de Amedrin, la mutualista local, como perteneciente a la comisión fiscal. Por otro lado, la adjunta Andrea Vázquez también está en la comisión fiscal de Amedrin. El director departamental de Salud, Andrés Montaño, también figura en el Consejo Consultivo de esa institución privada. Además, el administrador, el licenciado Ricardo Barreto, es propietario de Fisiocenter, un centro de rehabilitación que vende servicios al Banco de Previsión Social (BPS). El adjunto a la RAP (Red de Asistencia Primaria) de Río Negro, Sergio Sardeña, es parte de la escuela de enfermería que tiene convenios con ASSE. Digo esto porque durante el período anterior se expresó que no había transparencia y había gente que trabajaba en los dos lados. Estos no trabajan en los dos lados, son los dueños del sistema privado que están administrando el sector público de salud.”
En el Nº 1010, de abril de este año, de Caras y Caretas, en el articulo sobre los hechos acaecidos en el residencial Victoriano Sosa, señalábamos una punta de la madeja de poder.
“El hogar de ancianos Victoriano Sosa tiene medio siglo de vida y es administrado por una asociación civil que tiene una comisión directiva.
El escribano Rubén Ruiz Morena fue su presidente durante tres o cuatro años, aunque dejó de ejercer como escribano en junio de 2017.
En 1984 fue designado secretario general de la Intendencia de Río Negro por el colorado Mario Carminatti, y en este departamento, en que el Partido Colorado obtuvo varias veces el ejecutivo comunal, se fue construyendo un tejido de poder, político social y económico.
El otrora dirigente colorado (que ahora se pasó a las filas del Partido Nacional) es el Dr. Andrés Montaño, actual director departamental de Salud.
Es nieto del también doctor Andrés Montaño, de pública notoriedad y reconocimiento en la época de oro del frigorífico Anglo.
En el segundo gobierno de Sanguinetti, fue director del Hospital de Fray Bentos y terminó su gestión en un escándalo de corrupción. En su momento la Justicia penal procesó con prisión por un delito ‘continuado de fraude’ al exadministrador del Hospital de Fray Bentos. El juez letrado de Primer Turno, Silvestre Barreda, dictó además el procesamiento para la esposa del exjerarca, funcionaria de alto rango del nosocomio.
Aunque la Justicia investigó y no encontró responsabilidad en Montaño, terminó renunciando, y una parte de la sociedad de Fray Bentos está convencida de que en la situación tallaron fuertemente Sanguinetti, Carminatti y Stirling”, escribimos en esa oportunidad.
Datos posteriores nos señalan que, como no podía ser de otra manera, si bien la definición de los Elepem es “residenciales u hogares de ancianos”, la asociación que administra el hogar Victoriano Sosa hizo de ese hogar una suerte de figura mixta que se rige por el derecho privado, pero tiene para ciertas prebendas la figura de un hogar de ancianos (sin fines de lucro).
Así, por ejemplo, los salarios, incluido el de su directora técnica, la doctora Daura Garaza, los paga la comisión directiva; hay residentes que abonan una mensualidad de 15.000 pesos, otros pagos en convenio con BPS y hay alguna situación de personas en situación de calle (una de los fallecidas en el hogar).
La lupa fiscal
Las condiciones en que fallecieron los residentes del hogar está en el centro de atención de la Justicia y de la fiscal Ana Monteiro. Pero cuando todo esto pase, aunque no habría por qué esperar, sería bueno que la lupa observara si en el entramado de poder político en Fray Bentos, no hay elementos de conjunción entre interés público y privado.
Las distintas fracciones de los partidos Colorado y Nacional se han disputado históricamente el poder político, a lo que se suma el novel Cabildo Abierto.
En el tablero político de Fray Bentos, el presidente de la Asociación Victoriano Sosa, de apellido Latapié, y la tesorera, la contadora Rossina Etchezar, responden al intendente Omar Lafluf, al igual que el director departamental de Salud, el doctor Andrés Montaño.
La directora del Hospital de Fray Bentos, Mónica Frascheri, responde a Cabildo Abierto, lo que puede explicar por un lado la condescendencia con la situación del ministro Daniel Salinas y la actitud del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, que bastantes enfrentamientos ha tenido con los médicos y militantes cabildantes.
Preguntas de la lista 1001 de Río Negro
¿Por qué no se comunicaron las medidas que tomaron esta semana que evidencian cómo se estaban violando los protocolos claramente en el manejo de la situación?
¿Quién avaló está situación?
¿Cuál fue el rol de la Dirección Departamental de Salud y de su director, Dr. Montaño, en este tema, en el que queda claramente establecido que los controles sanitarios fallaron por parte de la autoridad de salud?
¿De qué manera actuaron y actuarán los prestadores ASSE y Amedrin, verdaderos responsables de la salud de sus usuarios?
¿Por qué continúan pacientes graves sin ser trasladados para atención o valoración hospitalaria?
¿Quién permitió que una doctora enferma con el virus continuara dentro del hogar sosteniendo la atención de los residentes?
¿Cuál es la razón por la cual no han podido ingresar (según nos informaron) al hogar familiares sanos y debidamente protegidos para acompañar en algún momento a los residentes graves?