Unos niños de doce y catorce años utilizaron una aplicación basada en los elementales de Inteligencia Artificial (IA) para manipular fotografías de niñas de su misma edad y crear falsos desnudos. Eso se llama Deep Fake (falso profundo) y ya lo hemos visto con vídeos del expresidente Obama y de Trump diciendo cosas que jamás pronunciaron, todo ello producido con programas más profesionales de los que utilizaron estos niños.
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El escándalo se desató hace unas semanas en Almendralejo, las redes se incendiaron con la fascinación patológica por el linchamiento que con irresponsabilidad provocan algunos colegas periodistas y quienes buscan en cada esquina a un hombre (nacido del sexo masculino), para demostrar que estamos perdiendo la batalla contra un machismo. Yo creo que eso es falso, pero lo hablaremos en otra ocasión.
Bueno, en esa pradera incendiada leímos a gente que no entiende de psicopedagogía, ni de los procesos de cognición y maduración en la pubertad, ni sabe de legislación internacional sobre la ramificación tecnológica de la libre empresa capitalista criminal, esa que gobierna un fragmento del ciberespacio y que se enriquece de nuestra ignorancia y de los vacíos legales.
La discusión del caso Almendralejo, que con otros casos ya suman a 15 niñas expuestas a desnudos artificiales, se centra en dos argumentos equivocados y socialmente inútiles: el primero es insistir en el despropósito de que estos niños, aunque sean menores de edad, deben ser juzgados como adultos maltratadores y castigados con sentencias ejemplares por haber agredido a las niñas con herramientas tecnológicas. La segunda se basa en el pánico moral que tan bien les va a las personas adultas que viven aterradas y confundidas ante las tecnologías para las que no están preparadas (ni tenían por qué estarlo).
Todo lo anterior está sucediendo al mismo tiempo en varios países del mundo y tenemos dos opciones: la primera es seguir en el griterío desesperado destrozando la vida de niños que cometieron una agresión contra niñas a manera de juego; la segunda es pasar de juicio popular para hacer un análisis científico de los hechos y llevarlo a un proceso de aprendizaje. Debemos aprender las lecciones que no van solamente de machismo, educación sexual y valores. El problema es más complejo y tenemos que entender para resolverlo.
Es importante decir que las madres de las primeras chicas que denunciaron la existencia de las Deep Fakes lo hicieron todo bien: llamaron a la policía, protegieron a sus hijas y las alejaron de inmediato del acceso a los chats en que se hablaba de ellas y de otras niñas victimadas por los que jugaron a desnudarlas y de los que las intentaron extorsionar. Escucharon a sus hijas, las creyeron y protegieron.
Por otro lado, en los chats escolares los padres de algunos niños comenzaron a enterarse de lo sucedido. La gran mayoría tenía control parental en los dispositivos de sus hijos; alguno de los niños, ha admitido el padre arrepentido, pidió que le dejara sin el control por un momento para bajar un juego, en otro caso fue el móvil de la madre que tiene metidos los datos de su tarjeta de crédito en la aplicación para bajar App. Las familias de los niños, que por cierto habían hablado con sus hijos sobre los peligros del porno, están incrédulas, avergonzadas y asustadas. Confrontaron a sus hijos. Los niños una vez interrogados reconocieron que “era un juego”, “no creían estar haciendo daño”, “alguien desconocido los invitó a jugar”. Al menos la mayoría no había extorsionado a las niñas, de eso se encargaban los expertos que usan a los niños para ello.
Los hogares de las niñas victimadas y de los niños victimarios ignorantes se llenaron de llanto, indignación, rabia, ansiedad, depresión, terrores nocturnos, peticiones de disculpas. Se sienten incapaces de comprender el origen y alcance de los hechos. Las niñas no lo vivieron con la misma intensidad que retratan los medios más escandalosos, porque tienen redes familiares que han sabido acompañarlas. Los niños, sus padres y madres están aterrados, llenos de vergüenza y desconcierto preguntándose si en verdad sus pequeños llevarán procesos judiciales, si en verdad cometieron el delito de producir pornografía infantil. Porque el 50% de niños de entre 11 y 13 años han visto pornografía producida por adultos en Internet y el 75% de los padres está seguro de que su niño, o niña, no ha visto pornografía nunca. Es un miedo válido que debemos trabajar colectivamente.
Y sí, la policía debe hacerse cargo de la investigación, mientras las familias y el Estado deben llevar a cabo una mediación en que las niñas reciban la reparación del daño y los niños participen de ese proceso educativo con ellas en la medida en que las familias sean capaces de hacer una mediación acompañada, que, dicho sea de paso, cuando se hace bien siempre funciona. No debemos ignorar las leyes y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora bien, la ciber-policía española no tiene suficientes elementos ni recursos para enfrentar la cantidad de ciberdelitos de todo tipo que han surgido en los últimos 10 años. Jueces y juezas no están preparados técnicamente para analizar la diversidad de delitos producto de la tecnología e interacción humana, mucho menos la relacionada con niñez y juventud.
Todos estos delitos no serían posibles si los gobiernos hubiesen comenzado a regular antes a la industria relacionada con la explotación sexual y trata de personas. Conocemos a quienes crean las aplicaciones que pertenecen a las grandes corporaciones de la Industria de Sexo Comercial que han encontrado las fórmulas millonarias para crear adicciones a la pornografía y a la explotación sexual comercial, esa que comienza con agresiones menores de normalización de la utilización de los cuerpos de niñas y niños (y otras identidades) para el comercio sexual, porque aporta miles de millones de euros al año a los empresarios que permanecen ocultos en esta historia.
Generación XXX
En una investigación que aún está en curso, de la que formo parte con varias organizaciones defensoras de víctimas de trata sexual, se está documentando qué empresas están utilizando robots en WhatsApp, Telegram y en los chats de juegos para que niñas se tomen fotos desnudas. De allí quienes las reciben las venden, además, extorsionan a la niñez con 50-70 euros y, conforme la víctima se asusta, van subiendo la tarifa. Como la mayoría de niñas y niños no consiguen el dinero, les piden que para no exhibir su foto inviten un amigo o amiga al canal de WhatsApp o Telegram, así van creando una base de datos de números móviles de su población objetivo consumidor de pornografía y sexo pagado. El objetivo son personas de entre 8 y 13 años.
¿Cuáles son las soluciones posibles? Primero, jamás negociar los controles parentales con sus menores de 18 años, evitar darles móviles personales a menores de 15 años y aprender a educarse sobre las nuevas violencias que, por parecer un videojuego, les hacen creer que son inocuas. No debemos estigmatizar a los niños ni fomentar miedo en las niñas. Existe una enorme diferencia entre empoderarles con conocimiento y ejercicio de la voluntad, de la ética y asustarles o amenazarles. Lo primero sirve, lo segundo no. Ellas y ellos no son los enemigos sino las víctimas de un modelo empresarial que les utiliza. Darles herramientas para que no sean manipulados es el secreto.
Ahora el Gobierno español trabaja desde la Oficina Española del Parlamento Europeo para exigir la regulación efectiva del acceso de personas jóvenes al material pornográfico. Para enteraros mejor podéis sumaros al esfuerzo entrando en este link www.generacionxxx.com. Además encontrareis guías para madres, padres y personas tutoras.
Por último, me parece que sería bueno hacer el ejercicio colectivo de evitar el escarnio de estos niños, este cruel ensañamiento es injusto y sólo les empuja al ostracismo, a creer que los promotores de la industrialización sexual de la niñez y juventud son los buenos de esta película.
(Por Lydia Cacho, vía La Marea)