La ley 7722 protege el agua en Mendoza. Ayer se aprobó un proyecto que elimina la prohibición de uso de cianuro y ácido sulfúrico. Además, informó Izquierda diario, «elimina la necesidad de ratificar por ley la declaración de impacto ambiental de los emprendimientos mineros, dándole una mayor cobertura a los empresarios que saquean los recursos naturales de la provincia».
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La población de Mendoza se moviliza en contra de este tipo de proyectos desde 2007. Cada vez que se ha intentado aprobar, las protestas masivas lo han impedido. Esta vez el proyecto fue impulsado por la Unión Cívica Radical y contó con el apoyo del Partido Justicialista.
De fondo está la puja entre mercado y medioambiente. Quienes defienden este proyecto aseguran que significará un gran desarrollo económico para la provincia y generará fuentes de trabajo. Quienes se oponen ven con preocupación el uso de sustancias tóxicas en el suelo y en el agua, además de entender que abrir la tierra a inversiones extranjeras de megaminería es apoyar un modelo extractivista que atenta contra la vida. «El agua de Mendoza no se negocia» es el lema.
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