Mientras se aproxima el día en que dejará de ser el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha venido incrementando su accionar agresivo contra aquellos países que no gozan de los favores del imperio del Norte.
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En esta ocasión y casi al filo de su “abismo”, “el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se atrevió a exigir al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que cambie el rumbo en su país y aseveró que Washington no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua”.
La información divulgada en esta jornada por el diario Juventud Rebelde, señala que contra Nicaragua “arremetieron otros actores estadounidenses, como el congresista Albio Sires, quien pidió una respuesta internacional unificada contra el gobierno nicaragüense”.
Quien también se ha incorporado a este coro de voces agresivas ha sido el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Según el medio de prensa, correspondió a Almagro inspirar “la campaña de acusaciones contra la nación sandinista, y hasta exigió al presidente Ortega que derogara la ley recién aprobada democráticamente en ese país, con el título de Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”.
Las acciones propagandísticas suponen que Nicaragua renuncie a su soberanía “y permita a los grupos pagados por Estados Unidos y aupados por la OEA, que asuman el poder en la nación sandinista”.
Como era de esperar, luego del “aullido” de Almagro, “el embajador de la administración Trump ante la OEA, Carlos Trujillo, brindó todo el respaldo de su gobierno a la exigencia contra Managua”.
La irritación que experimentan, tanto Pompeo, como Almagro, es por una ley que fuera aprobada por mayoría por los miembros de la Asamblea Nacional de ese país.
La ley en cuestión, permite “inhabilitar a optar por cargos de elección popular a quienes lesionen los intereses supremos de la nación, contemplados en el ordenamiento jurídico”.
De acuerdo a Prensa Latina (PL), la legislación aprobada, “en su artículo 1 determina que perderán el derecho político a ser elegidos los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional”.
Dichas limitaciones alcanzan a aquellos que “fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Entre los casos previstos para la inhabilitación, se ha incorporado a “otros sujetos (…) pidan intervenciones militares, y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
La normativa legal, consigna PL, “cita, entre los inhabilitados, a los que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.
“En su ego servil al imperio, continúa diciendo la agencia noticiosa, Almagro terminó su comunicado dirigido al presidente de Nicaragua con un ofrecimiento que caracteriza la entraña misma de la institución y su jefe: “la OEA está preparada para asesorarle en la celebración de elecciones libres, justas y transparentes”.
Para este funcionario servil de los Estados Unidos, devenido secretario del departamento de colonias del Norte, la región se ha olvidado del “plan de golpe de estado que tramó la propia OEA, y él personalmente, contra el gobierno de Evo Morales y el MAS en Bolivia”, un golpe sangriento que provocó no sólo muertos y heridos, sino “el retroceso económico y social para esa nación que vivía sus mejores años”.