En Argentina, el arancelamiento de la educación pública podría transformar radicalmente el acceso a la enseñanza superior. Con 57 universidades estatales y más de dos millones de estudiantes, la propuesta del gobierno liderado por Javier Milei plantea cambios significativos en la gratuidad de los estudios universitarios, especialmente para los estudiantes extranjeros.
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Históricamente, Argentina ha acogido a más de 88.000 estudiantes extranjeros, principalmente de países latinoamericanos, gracias a la política que permitía a todos, independientemente de su residencia permanente, cursar estudios de grado de forma gratuita en instituciones públicas. Sin embargo, el proyecto de ley "Ley Ómnibus", presentado en diciembre de 2023, propone modificar este escenario.
La propuesta, que afectaría el artículo 283 del Capítulo III referente a Educación Superior, busca establecer aranceles para los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente en Argentina. Mientras que algunos argumentan que esta medida es necesaria para aliviar la carga fiscal y equiparar derechos, otros temen que la educación pública, reconocida como un derecho desde 1949, esté en peligro.
El gobierno de Milei defiende la propuesta, argumentando que no contradice la gratuidad universal, ya que se preservará la autonomía universitaria. La "Ley Ómnibus" proporciona a las universidades públicas la libertad de decidir si desean o no cobrar a los estudiantes extranjeros, asegurando que estas medidas están alineadas con la lógica del gobierno, que busca otorgar más libertad al sistema educativo.
Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el gobierno no se ha pronunciado sobre el arancelamiento a la educación universitaria para extranjeros desde las últimas reformas propuestas. La sociedad argentina se encuentra ante una encrucijada, debatiendo si el cambio propuesto es una medida necesaria para equilibrar las finanzas o si, por el contrario, pone en riesgo un derecho fundamental.
El proyecto de "Ley Ómnibus" obtuvo dictamen de mayoría, y su discusión en la Cámara de Diputados, que se espera dure más de 40 horas, podría definir el futuro de la educación superior en Argentina. El Gobierno de Milei busca la aprobación total del texto, pero con solo 37 de los 129 diputados necesarios, deberá negociar con otras fuerzas políticas para lograr su objetivo. La última palabra recaerá en la Cámara de Senadores.
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