En un paso contundente hacia la búsqueda de justicia, un juez ecuatoriano dispuso la medida de prisión preventiva para los seis individuos de nacionalidad colombiana detenidos en relación con el trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
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La decisión del magistrado de encarcelar a los sospechosos se fundamenta en las pruebas presentadas por la Fiscalía durante una audiencia de formulación de cargos llevada a cabo en la Unidad de Flagrancia de Pichincha.
Las autoridades ecuatorianas actuaron con celeridad tras el lamentable suceso, formulando los cargos contra los seis detenidos poco más de 24 horas después del asesinato de Villavicencio.
La Policía de Ecuador llevó a cabo detenciones en las primeras horas del jueves en las áreas de Conocoto y el sur de Quito, en una serie de allanamientos coordinados.
Dado que los detenidos provienen de Colombia, las autoridades ecuatorianas están trabajando en estrecha colaboración con su país vecino para asegurar una investigación exhaustiva y rigurosa.
El brutal asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió en la tarde del miércoles, cuando fue atacado a tiros al concluir un acto de campaña en preparación para las elecciones del próximo 20 de agosto.
La magnitud del incidente llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar un estado de excepción por un período de 60 días y a ordenar el despliegue de las fuerzas militares en todo el territorio nacional, en un esfuerzo por mantener la seguridad y el orden público en este momento crítico.
Esta medida refleja el compromiso del gobierno ecuatoriano y del sistema judicial en la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de este trágico acontecimiento.
La decisión del juez de imponer la prisión preventiva a los sospechosos, basada en las pruebas sólidas presentadas por la Fiscalía, es un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la garantía de que los responsables enfrenten la ley por sus acciones.
La cooperación internacional en la investigación subraya la seriedad con la que se aborda este caso, en busca de una resolución que proporcione consuelo a los seres queridos de la víctima y a la sociedad en su conjunto.