Las ilegítimas intervenciones de los gobiernos republicanos de EEUU
La captura de Maduro evoca los capítulos más oscuros de la política exterior de Washington, como la invasión a Panamá en 1989 para capturar a Manuel Noriega o la agresión a Irak en 2003, confirmando una vez más la tendencia de los ejecutivos republicanos a actuar al margen de la legalidad internacional.
En el ámbito interno venezolano, la situación ha tomado un giro inesperado para los planes de Washington, ya que el Estado Bolivariano permanece en pie bajo el amparo de la Constitución de 1999.
La continuidad del gobierno
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso el sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma y ejerza como encargada todas las atribuciones y facultades propias del cargo de presidente de la República.
Esta decisión busca asegurar la continuidad administrativa del país y la defensa integral de la nación venezolana, garantizando que el funcionamiento del Estado no se vea interrumpido tras la ilegal operación ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos, siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump.
La respuesta institucional demuestra que el Gobierno bolivariano no ha sido derrocado y que el secuestro del líder venezolano y su esposa está, por el contrario, reforzando la cohesión interna y la resistencia popular frente a las acciones de Estados Unidos.
Manifestaciones en Venezuela
Desde el 3 de enero, el pueblo venezolano se ha movilizado masivamente en las calles, plazas y avenidas de los distintos estados del país. Estas concentraciones populares han tenido como objetivo central denunciar las acciones unilaterales de Washington y exigir el retorno de Nicolás Maduro y de la primera combatiente.
La indignación popular se ha intensificado al conocerse las consecuencias de la operación militar estadounidense, que acabó con la vida de civiles y militares venezolanos.
Ante este escenario de violencia, los manifestantes también exigen un pronunciamiento firme y una respuesta inmediata de los organismos internacionales para que se garantice el respeto a la vida y a la determinación soberana de Venezuela.
