El gobierno de Argentina denunció que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufre una "persecución judicial y mediática" luego de que la Fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación de por vida en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era mandataria (2007-2015). "El Gobierno condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena", afirmó el Ejecutivo en un comunicado difundido en redes sociales.
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Sostuvo que ninguna de las acusaciones contra la vicepresidenta han sido probadas y que todas ellas se refieren a la función que ejercía como jefa de Estado, lo cual "degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal".
"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta", afirmó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.
También los intendentes
Por su parte más de 500 intendentes de todo el país respaldaron a través de un comunicado a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de presunta corrupción en la obra pública, indicó la web Nodal.
Aseguraron los 509 intendentes que el juicio que la ex presidenta enfrenta por el posible desvió de fondos públicos, caso conocido como “Vialidad”, representan – en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
En ese sentido, exteriorizaron -en representación de “Los Intendentes del Interior del país”- “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
Solicitan pena
La Fiscalía argentina solicitó este lunes una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta.
El Ministerio Público acusa a Fernández de ser jefa junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de una asociación ilícita integrada por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), entre otros funcionarios, que presuntamente orientó la atribución de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en favor del empresario Lázaro Báez.
(En base a Sputnik y Nodal)
