Otro punto central de la denuncia refiere a un presunto control sanitario degradante: las mujeres aseguran que eran obligadas a realizarse exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, cuyos resultados debían entregar a responsables de las mansiones.
¿Qué penas podría enfrentar?
Aunque los hechos denunciados ocurrieron fuera de España, la Audiencia Nacional asumió competencia por la nacionalidad española del acusado y por la tipificación de los delitos investigados. La legislación española permite juzgar estos crímenes cuando afectan derechos humanos fundamentales y el presunto responsable es ciudadano español.
Si la Fiscalía concluye que existen indicios suficientes y el caso llega a juicio oral, Julio Iglesias podría enfrentar penas de prisión que, en conjunto, podrían extenderse por varias décadas, dependiendo de la cantidad de delitos acreditados y de las agravantes que se consideren probadas.
Además, el proceso podría derivar en indemnizaciones civiles de gran magnitud. Las denunciantes, con el respaldo de la organización Women’s Link Worldwide, reclaman reparaciones económicas que, según trascendió, podrían alcanzar los ocho millones de dólares.
En el marco de la investigación, la Fiscalía tiene la facultad de solicitar medidas cautelares como restricciones de movimiento o el embargo preventivo de bienes, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades civiles y la comparecencia del imputado ante la justicia.
Repercusiones y silencio del artista
El caso generó reacciones en el ámbito político y cultural español. Integrantes del Gobierno, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, expresaron su respaldo a las presuntas víctimas, mientras otros sectores reclamaron prudencia y respeto por la presunción de inocencia.
Hasta el momento, Julio Iglesias no emitió un comunicado oficial. Fuentes cercanas indicaron que el cantante se encuentra preocupado por el impacto del caso en su imagen pública, uno de los patrimonios simbólicos más fuertes de su extensa carrera artística.
Al 14 de enero de 2026, la Fiscalía mantiene las diligencias bajo secreto de sumario. El avance de la investigación será determinante para definir si el cantante pasa de investigado a imputado formal, en una causa que podría marcar un antes y un después en su trayectoria personal y pública.
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