La cruenta pugna entre la organización de Marset y narcotraficantes locales por las rutas del PCC

La presencia del PCC en Bolivia data de hace más de una década y en setiembre de este año se reveló que Sergio Luiz ‘Mijao’ de Freitas, uno de sus líderes, vivía desde hace más de diez años en Santa Cruz de la Sierra con nacionalidad boliviana y rodeado de lujos. En mayo, otro líder del PCC, Marcos Roberto “Tuta” de Almeida, fue expulsado del país tras descubrirse que también operaba con documentación falsa.

Sergio Luiz de Freitas Filho

Según el fiscal brasileño Lincoln Gakiya, de Freitas, de 46 años, fue enviado a Bolivia por el líder del PCC (Marcola) con una tarea estratégica: coordinar el flujo de pasta base de cocaína hacia Brasil por el Mato Grosso, instalando una base operativa en Santa Cruz, un punto clave de la ruta internacional del narcotráfico.

El informe remarca que la convergencia de Marset, Vásquez y el PCC demuestra la existencia de un “corredor criminal transnacional activo y en expansión”.

“De acuerdo al análisis efectuado hasta el 28/10/2025, referida a las dos principales estructuras criminales de alto valor que operan en territorio nacional, se identifica: A) La red transnacional liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, ‘Rey del Sur’; B) la organización nacional encabezada por Yasser Andrés ‘Coco’ Vásquez Cardona”, señala el informe de Inteligencia que detalla que ambas “representan una amenaza inminente a la seguridad interna y regional”, debido a la alianza que tienen con el PCC de Brasil, motivo por el cual protagonizan una disputa por el control de rutas del narcotráfico y del territorio con otros grupos locales.

Tres hechos que generaron la “alerta máxima” en el oriente boliviano

El documento se basa en datos obtenidos a través de labores de Inteligencia, con “infiltración de elementos” en “zonas estratégicas”, en el oriente de Bolivia. El informe fue elaborado después de tres hechos relacionados al crimen organizado que incrementaron la sensación de violencia e impunidad en el país sudamericano.

El primero se refiere al video publicado el 16 de setiembre, por un medio de medio de comunicación de Santa Ana de Yacuma (Beni), en el que Vásquez, si bien niega los 13 sicariatos atribuidos a su grupo criminal, “confirma la intención de permanecer en la clandestinidad” y lanza amenazas contra el exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas (ver al final del artículo) y una autoridad del gobierno.

El segundo elemento que motivó el informe se trata del último video protagonizado por Marset, publicado el 23 de octubre, en el que un grupo fuertemente armado con elementos identificativos del PCC, respaldan las amenazas que el narcotraficante uruguayo lanzó contra su exsocio Erland Ivar García López, alias ‘El Colla’, quien cinco días antes afirmó que Marset vivía en la zona exclusiva del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, bajo la protección de jefes policiales y al que le atribuyó el secuestro de su expareja y su chofer, un caso aún sin resolver, pese a la liberación de las víctimas a las pocas horas de la denuncia pública.

El tercer hecho que se menciona es el asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa del municipio beniano de San Ramón, Estela Rodríguez, vinculado al narcotráfico, que recibió 24 impactos de bala mientras paseaba por la plaza principal de San Ramón. El hombre ya había sobrevivido de milagro a un atentado en abril de este año, en el Cambódromo, en el departamento de Santa Cruz.

El documento de los servicios de Inteligencia policial recomienda al Poder Ejecutivo boliviano, coordinar reuniones binacionales con Brasil e Interpol, priorizar capturas fuera de zonas de alto riesgo, coordinar con la Fiscalía la protección de testigos y declarar la alerta máxima. Las implicaciones apuntan a una necesaria coordinación internacional y una respuesta interna urgente para contener la escalada violenta.

Bolivia

Corrupción policial y militar

Por otro lado, los servicios de inteligencia advirtieron que la ruta de tráfico de cocaína entre Bolivia, Brasil y Paraguay está protegida por la corrupción policial.

Los reportes que confirman que las fuerzas de seguridad bolivianas están “infiltradas” por los poderosos grupos criminales, debido a varios ejemplos en los que se presume que ambas organizaciones de narcotraficantes recibieron información privilegiada, acerca de operativos en su contra o de datos que los favorecen para cometer otros delitos conexos, como el tráfico de armas.

El caso más reciente que se cita en el informe se refiere al proceso abierto contra cuatro miembros de la Armada y otro dos de la Policía Boliviana, involucrados en el sicariato de Édgar Dorado, alias ‘El Jefe’, el 27 de julio en Santa Ana de Yacuma.

Los uniformados, recluidos en la cárcel de Trinidad (Beni) están sindicados de proveer armas, municiones y filtrar información de investigaciones y operativos a la organización del prófugo 'Coco' Vásquez. “Entre los elementos está la dotación de armamento para esas acciones criminales, cierta cobertura y también algún grado de participación con los asesinatos”, aseveró el ministro Roberto Ríos.

En ese sentido, el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera (quien vino a Uruguay en agosto de 2023 para asegurar que a Marset le estaban pisando los talones tras la escandalosa fuga del uruguayo y su familia de Santa Cruz de la Sierra), precisó que los implicados fueron identificados gracias a trabajos de geolocalización, análisis de datos y fuentes, que confirmaron su rol en la provisión de logística a la organización criminal que opera en la frontera con Brasil, mientras que la Fiscalía reveló que la pista clave surgió del análisis del celular de un traficante de armas brasileño, donde hallaron conversaciones que los vinculaban con la red de sicarios de 'Coco' Vásquez y con el asesinato de 'El Jefe'.

Las cruentas disputas ante la ausencia de Marset y la impunidad judicial

En otro apartado del informe de Inteligencia policial dirigido al Ejecutivo se detalla que, al menos 12 secuestros y ajustes de cuentas ligados al narcotráfico, fueron cometidos en 2025 por clanes familiares en la zona del Chapare (Cochabamba).

Los informes policiales citan al grupo liderado por Coco Vásquez, como líder de un grupo que cuenta con los servicios de sicariato atribuidos a los hermanos Oswaldo y Erick Hurtado Aguilera, a quienes se los vincula con 13 asesinatos por encargo.

Uno de ellos fue contra ‘El Colla’, en setiembre del año pasado en la comunidad La Enconada en Cotoca, Santa Cruz. Pero el exsocio y testaferro de Marset sobrevivió de los seis balazos recibidos la noche del ataque en el que murió su acompañante.

El Colla

Por su parte, el viceministro Aguilera detalló que el ataque fue por una pugna de poder entre ‘El Colla’ y ‘Teddy’ -un piloto paraguayo leal al clan Marset- mientras el uruguayo se ausentó de Bolivia.

La hipótesis de la Policía boliviana señala que “El Colla”, “El Teddy” y “Coco Vásquez” operaban bajo las órdenes de Marset, y que luego de la salida abrupta de este de Bolivia, los dos últimos trataron de anular al testaferro del uruguayo, para copar la ruta aérea que se usa para el transporte de droga hacia Brasil y Paraguay.

Aguilera señaló en ese momento que la falta de acción por parte de la Justicia había permitido que estas disputas persistan, recordando que algunos implicados, como ‘El Colla’, que fue arrestado por la Policía y posteriormente liberado por la Justicia.

También lamentó la impunidad que rodeó el caso de Yermy Pastor Zampieri Suárez, quien pertenecía al grupo criminal de Marset y había sido absuelto por la Justicia tras ser detenido. Este fue asesinado cuando fue atacado junto a ‘El Colla’.

Ya con Marset de regreso en Bolivia (mediados de este año) sucedieron una serie de sicariatos en Santa Cruz de la Sierra, como la de ciudadanos serbios, albaneses y búlgaros, así como la del abogado Lorgio Saucedo Méndez (tenía 52 procesos penales abiertos en su contra, por delitos de narcotráfico, portación ilegal de armas y estafa) asesinado el pasado 2 de setiembre —por policías y militares bolivianos— en la pista del aeródromo Coloradillo, en el municipio de Warnes, donde fue visto Marset por última vez.

'Coco' Vásquez

¿Quién es ‘Coco’ Vásquez?

La primera vez que el nombre de Yasser Andrés Vásquez se escuchó fuera del municipio beniano de Santa Ana de Yacuma, fue el 24 de noviembre de 2023, cuando se conoció el anuncio de que las autoridades policiales estaban en busca de él, de su hermana Ana Lorena y de su entonces pareja, la ex-Miss Bolivia 2020, Alondra Mercado.

Inicialmente, los tres fueron vinculados a una denuncia por narcotráfico, pero luego del operativo de búsqueda que se ejecutó en esa fecha en el Condominio El Dorado, en Santa Ana de Yacuma, la Fiscalía Departamental del Beni abrió una segunda investigación contra ellos, por tráfico ilegal de armas.

En 2024, las autoridades bolivianas lo vincularon con la violenta disputa por las rutas del narcotráfico, y particularmente a tres asesinatos cometidos por sicarios, entre los que estaba el mencionado atentado contra El Colla y su acompañante.

Previamente, fueron asesinados por orden de es ‘Coco’ Vásquez, el piloto oriundo de Cochabamba, José Carlos Jiménez Alí, el 26 de mayo de 2024 y Ernesto “Bebeto" Suárez, el 25 de julio, ambos en Santa Ana de Yacuma.

Los tres sicariatos tuvieron como móviles principales el cobro de deudas, el castigo por deslealtades y la pugna por el control de las rutas del narcotráfico regional. De hecho, en el cuerpo de Suárez había un mensaje de amenaza de muerte “por sapo” contra el narcotraficante boliviano Misael Nallar (condenado en diciembre de 2024 por matar a tres uniformados).

Misael

Nallar quien era lugarteniente del exjefe del PCC, Valdeci Alves do Santos, alias Colorido, fue condenado en junio de 2025 por varios delitos.

Colorido, quien eliminó en 2018 a uno de los pioneros del narcotráfico internacional de la organización (Rogério Jeremias de Simone, alias Gegê do Mangue) fue el mentor de Mijao, quien opera impunemente desde Santa Cruz.

En tanto, ‘Coco’ Vásquez opera en la zona denominada Cayubaba, ubicada en el municipio de Exaltación, en el departamento de Beni, aledaño a Santa Ana de Yacuma. Según un policía de la zona que habló bajo anonimato con el medio local Visión 360, Vásquez vive —sin esconderse— en una propiedad a la que solo se accede por un único camino vecinal, en medio de una ruta boscosa, o por vía aérea.

“A Cayubaba no ingresa la Policía, es una zona sin Dios ni ley. Es peligroso ingresar, Coco Vásquez siempre anda escoltado, con tres camionetas y unos 10 brasileños bien armados que lo escoltan todo el tiempo”, afirmó la fuente.

La fuente judicial aseguró que los pobladores de Cayubaba sufren constantes abusos cometidos por parte de quienes trabajan a órdenes de “Coco Vásquez”, quien instaló un puesto de control con dos sujetos armados en el inicio del camino hacia el interior de la población. Ellos esculcan a todos los que pasan por ese punto, incluso los llegarían a desnudar para verificar que no llevan armas de fuego.

Uno de los vecinos denunció ante la comunidad que uno de los últimos abusos cometidos por los guardias de seguridad, fue el robo de 70 mil bolivianos a un poblador que tenía previsto usar ese dinero para el pago de un crédito de una vivienda. “No saben a dónde acudir, porque los tienen amenazados; estos delincuentes no los dejan trabajar en sus chacos, matan y se comen a sus animales. Todos conocen este problema, y los policías no ingresan, porque finalmente también están protegiendo a su familia que vive en ese sector”, relató el oficial.

La amenaza que provocó el cambio de fiscal

‘Coco’ Vásquez, fue sindicado por narcotráfico, sicariato y de amenazar al fiscal de Beni que lo imputó en 2023, Gerardo Balderas.

Exfiscal Gerardo Balderas

Esto motivó que el narcotraficante rompiera el silencio mediante un video difundido en redes sociales en setiembre de este año. Aseguró que no se presentará ante la justicia porque, según él, no cuenta con las condiciones para un proceso imparcial.

Similar a las salidas mediáticas de Marset, Vásquez expresó: “A mí me impresiona todo lo que ha salido. Vengo a dar la cara porque no tengo garantías de que se me someta a un proceso claro”, declaró. Vásquez sostuvo que los procesos en su contra comenzaron hace dos años, cuando fue enviado a detención preventiva por 180 días, medida que se amplió “sin que se presenten pruebas”, cuestionó el narcotraficante.

“Se me acusa de tantas cosas, sicariato… No tengo nada que ver con todos esos asesinatos que dicen ahí”, enfatizó. Sobre las 13 muertes que se le atribuyen, Vásquez insistió en que espera que “se haga justicia, pero sin injusticias”.

El acusado por el fiscal Balderas aseguró que ni él ni su familia tienen cuentas pendientes con nadie y rechazó las versiones que lo vinculan con un plan para asesinar a Balderas. “No mandaría a matar nunca a nuestro fiscal, me gusta que haga su trabajo, que haga justicia, pero que haga bien su trabajo, que muestre pruebas”, manifestó.

Finalmente, por la presión de Vásquez o por su seguridad, Gerardo Balderas fue sustituido en su cargo por el fiscal Alexander Mendoza.