El giro de Trump ha generado resistencias en parte del Departamento de Estado, donde el secretario Marco Rubio impulsaba una línea más dura. Incluso, semanas atrás la esposa de Moraes, Viviane, fue incluida en sanciones bajo la Ley Magnitsky.
Intereses en cuestión
En la agenda de negociaciones pesan intereses sensibles. Para la Casa Blanca, el foco está en asegurar acceso a minerales estratégicos, discutir la regulación de plataformas digitales que afectan a las grandes tecnológicas estadounidenses y evaluar los efectos del sistema de pagos PIX en el mercado de tarjetas de crédito. Lula, en cambio, busca dejar claro que Brasil no adopta posiciones antiestadounidenses y que su sistema judicial actuó con independencia en el caso Bolsonaro.
El trasfondo económico tampoco es menor. Brasil ya enfrentó una sobretasa del 50% a sus exportaciones y podría sufrir nuevas sanciones en el marco de la investigación comercial abierta en Washington. En contrapartida, el Congreso brasileño aprobó la Ley de la Reciprocidad, que habilita medidas de represalia, como la anulación de patentes o la imposición de impuestos a producciones de Hollywood.
El resultado del inminente diálogo entre Lula y Trump marcará el futuro inmediato de la relación bilateral: una oportunidad para encaminar la cooperación o el inicio de una nueva escalada de tensiones.
