La medida que dispuso Milei, que será oficializada este lunes, se fundamenta en la inviabilidad fiscal que implicaría su implementación, según argumentó el Poder Ejecutivo.
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El veto presidencial abre ahora un nuevo capítulo de negociación en el ámbito legislativo, donde la oposición podría intentar revertir la decisión. Para ello, necesitará alcanzar una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que anticipa tensiones políticas en las próximas semanas.
La norma buscaba aliviar el impacto del ajuste económico sobre los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la política de recorte del gasto público que impulsa el actual gobierno.
Otro veto: ley vinculada a los derechos de personas con discapacidad
Además, el mandatario también vetó una segunda ley, vinculada a los derechos de las personas con discapacidad. El proyecto —que había sido aprobado por amplia mayoría— garantizaba el acceso a prestaciones básicas, transporte y atención integral, al tiempo que reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70 % del haber mínimo jubilatorio. Asimismo, establecía un régimen que permitía compatibilizar estos beneficios con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran dos salarios mínimos.
Ambos vetos fueron confirmados por el diario Clarín y se suman a una serie de decisiones del Gobierno en línea con su objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, aunque no exentas de controversia social y política.
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