Nicaragua deportó este jueves a EEUU a 222 opositores que estaban encarcelados por actos de "traición a la Patria", y además les retiró la ciudadanía.
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Por su parte EEUU afirmó que la excarcelación de 222 opositores "abre la puerta al diálogo" con el gobierno de Daniel Ortega.
"Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas", leyó el magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), por "actos de menoscabo a la independencia, soberanía y la autodeterminación del pueblo".
Los deportados fueron sacados del país a las 6:31 hora local, en vuelo hacia el aeropuerto Dulles de Washington, agregó el juez.
Se acusa a los deportados de "incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación, establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".
Para el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, “la liberación de estas personas, una de las cuales es ciudadana estadounidense, por parte del gobierno de Nicaragua supone un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre EEUU y Nicaragua sobre cuestiones de interés".
El diplomático estadounidense dio la bienvenida a las 222 personas "que habían sido encarceladas por el gobierno de Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales y que han soportado largas detenciones injustas" y fueron deportadas a EEUU.
Entre los liberados figuran dirigentes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes, dice la nota publicada por el Departamento de Estado.
EEUU confirmó que estas personas arribaron este jueves al país y Washington les está "proporcionando apoyo médico y legal para facilitar su llegada".
Managua acusa a los deportados de "incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación, establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".
Los deportados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como imposibilitados de desempeñar cargos de elección popular, según detalló el magistrado Octavio Rothschuh Andino.
(Vía Sputnik)