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ASOCIARMEEn Panamá rechazan la reforma de la seguridad social así como los acuerdos militares con EEUU y la reactivación de la minería metálica.
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Centenares de educadores, estudiantes y trabajadores marcharon el lunes en la capital de Panamá tras más de 30 días de huelga, en demanda de una pensión digna, la defensa de la soberanía nacional y contra la reactivación de la minería metálica.
"Hemos llegado hasta aquí -el parque 5 de Mayo, frente al parlamento- para dejarle un mensaje muy claro a las señoras y señores diputados (…) La huelga sigue", afirmó Abdiel Becerra, del comité ejecutivo de la Asociación de Profesores de Panamá (Asaprof).
Becerra y otros dirigentes del gremio ratificaron la principal demanda de los sindicatos y otros sectores, la derogación de la Ley 462, aprobada en marzo pasado con reformas al seguro social y que denuncian condena a pensiones de hambre a las presentes y futuras generaciones.
Reiteró el rechazo de la población a un memorando suscrito por el Gobierno con Estados Unidos el pasado 9 de abril para el uso, por tropas de ese país, de tres antiguas bases militares estadounidenses que fueron desmanteladas antes del 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
Becerra calificó el acuerdo como un acto de traición y los manifestantes corearon consignas como "Los mártires hablaron claro: la patria no se vende" y "Ni gringos ni gringueros".
Ratificó también el rechazo de los trabajadores y otros sectores sociales a los planes de reactivación de la minería metálica a cielo abierto anunciados por el presidente, José Raúl Mulino.
Los gremios de educadores iniciaron con esas y otras demandas una huelga el pasado 23 de abril, a la que se sumaron el 28 el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el de las empresas transnacionales bananeras y los de otros sectores.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada ordenó la semana pasada el arresto de los principales dirigentes del Suntracs, a quienes acusa de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y asociación ilícita, rechazados por el sindicato.
El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, pidió asilo político el pasado día 23 en la embajada de Bolivia, al asegurar que su vida corre peligro, y al día siguiente fue detenido un dirigente histórico del sindicato, Genaro López, quien se presentó voluntariamente a las autoridades asegurando que es inocente.
López fue trasladado el lunes 26 a la cárcel de máxima seguridad la Mega Joya, reveló su abogado defensor, su hijo, de igual nombre, quien responsabilizó al presidente Mulino de la integridad física y vida del veterano dirigente.
Otros miembros de la dirigencia son buscados por la policía y por el momento se desconoce quienes dirigen al Suntracs, considerado por la prensa el sindicato más combativo del país.
(Sputnik)
