Facultades delegadas
En su capítulo II del Título I, el texto de la Ley declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años".
En el debate en comisión se eliminaron algunas de las emergencias quedando en el camino las de defensa y sanitaria, mientras que en la última modificación se redujo a 6: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, pero el título de seguridad podría ser eliminado del proyecto.
En un principio, el Gobierno fijaba un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025" y establece que "dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años". Pero como parte de la negociación con la oposición se limitó el plazo y se fijó en 1 año con la posibilidad de prorrogable por otro año pero con autorización del Congreso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de anunciar la eliminación del capítulo fiscal y dio de baja a ser cuestiones clave del plan económico del Gobierno para reducir el déficit. En el proyecto original Javier Milei eliminaba la fórmula de movilidad vigente y planteaba aumentos por decreto. Ante la resistencia de la oposición, el Ejecutivo había aceptado fijar una fórmula ajustada por inflación, pero que comenzaría a aplicar a partir de abril. Nunca se llegó a un acuerdo porque desde los dialoguistas advertían que se afectaban los ingresos de los jubilados.