En la audiencia del Senado sobre el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, este sugirió que estaba abierto a limitar el acceso al medicamento, alegando cuestiones de seguridad. «El presidente Trump me ha pedido que estudie la seguridad de la mifepristona», dijo Kennedy en la audiencia, a pesar de las docenas de estudios realizados durante décadas que demuestran su seguridad y eficacia. «Aún no ha tomado una decisión sobre cómo regularlo». Kennedy podría presionar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para que revierta la flexibilización de las restricciones de 2021, que permitió la prestación de servicios de telemedicina y ha alterado profundamente el panorama de la atención al aborto en los últimos años.
Los detractores del aborto se centran especialmente en el aborto con medicamentos y la telemedicina, que representaron casi uno de cada cinco abortos en todo el país en la segunda mitad de 2023, una cifra que probablemente sea mayor en la actualidad. Gracias a la atención médica a distancia y a las leyes estatales que protegen a los proveedores de las consecuencias civiles y penales por prestar servicios de aborto a residentes de otros estados, las personas que viven en estados con prohibiciones estrictas han podido acceder a la atención sanitaria.
Dieciocho estados han aprobado estas leyes de protección, y ocho de ellos incluyen específicamente la atención online o a distancia, lo que permite a los proveedores enviar por correo píldoras abortivas a pacientes de estados en los que no tienen licencia. Las leyes de protección de la telemedicina han sido un salvavidas para las personas que viven en los estados con las prohibiciones más estrictas. Cada mes, los proveedores de telemedicina envían por correo alrededor de diez mil píldoras abortivas, y la gran mayoría se envían a estados donde el aborto es ilegal.
El primer desafío legal a las leyes de protección tuvo lugar en los últimos días. Texas ordenó la Dra. Maggie Carpenter, una médica con sede en Nueva York, que pague más de 100.000 dólares en multas por violar la prohibición estatal del aborto y recetar píldoras abortivas a una mujer en Dallas. Carpenter, fundadora de la Coalición para el Aborto por Telemedicina, también se enfrenta a cargos penales por parte del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, por recetar medicamentos abortivos a una residente de Luisiana a través de la telemedicina. Luisiana tiene una prohibición casi total del aborto que permite condenar a los médicos por practicar abortos a penas de hasta quince años de prisión.
Esta es la primera prueba de la ley de protección de Nueva York, y la gobernadora Kathy Hochul se ha comprometido a no cooperar ni con las órdenes de extradición de Luisiana ni con la demanda civil de Texas. La buena noticia es que las leyes de protección están funcionando exactamente como se pretendía, resguardando a los proveedores que cumplen con las leyes de su estado y ofrecen atención médica segura, eficaz y legal. El enfrentamiento entre los estados que apoyan el aborto y los que lo restringen probablemente se prolongará en los tribunales durante años, pero mientras tanto se debe prestar todo el apoyo necesario a los proveedores de telemedicina que están ayudando a miles de personas a acceder a la atención que deberían recibir en sus estados de residencia.
Es probable que el Tribunal Supremo examine pronto otra impugnación de la mifepristona. Pese a que en junio de 2024 ese mismo tribunal dictaminó que la organización antiabortista Alliance for Hippocratic Medicine carecía de legitimidad para impugnar la regulación de la mifepristona por parte de la FDA, los jueces más conservadores indicaron que estaban abiertos a los argumentos de la demandante sobre los supuestos peligros de la mifepristona.
En octubre de 2024, tres fiscales generales republicanos de Kansas, Misuri e Idaho solicitaron continuar con el caso contra la mifepristona en el mismo tribunal federal de Amarillo (Texas) que la impugnación anterior, donde el único juez federal es Matthew Kacsmaryk, un enemigo acérrimo del aborto nombrado por el propio Trump. Mientras que la impugnación judicial anterior intentaba revocar por completo la aprobación del fármaco por parte de la FDA, la última impugnación es un intento de revertir la flexibilización de las restricciones que la FDA aplicó temporalmente en respuesta a las dificultades para acceder a la atención sanitaria presencial durante el pico de la pandemia y que luego convirtió en permanentes en 2021.
Si los fiscales generales conservadores se salen con la suya, el Tribunal Supremo ordenará a la FDA que dé marcha atrás, prohibiendo la prestación de mifepristona vía telemedicina y restringiendo su uso a las primeras siete semanas de embarazo en lugar del límite actual de diez semanas. Estas restricciones no tienen que ver con la seguridad, ya que los estudios demuestran que la mifepristona es increíblemente segura cuando se prescribe a través de la telemedicina o se toma sin supervisión médica. Más bien, forman parte del objetivo a largo plazo del movimiento antiabortista de dificultar al máximo el acceso al aborto, incluso en estados con protecciones.
El peligro de la personalidad del feto
El movimiento antiabortista está avanzando a un ritmo aterrador en otro objetivo que persigue desde hace mucho tiempo: introducir el concepto de la personalidad del feto en la doctrina jurídica. La idea de que la vida comienza en el momento de la concepción y que, por lo tanto, los embriones y los fetos tienen derechos y protecciones legales, era antes una creencia marginal que solo profesaban los fanáticos religiosos más extremistas. Ahora, este marco se está consagrando discretamente en la ley.
Cuando Trump firmó una orden ejecutiva contra las personas transgénero en su primer día de vuelta al cargo, muchos defensores del aborto señalaron el lenguaje introducido de forma subrepticia que incorporaba elementos de la personalidad del feto. «“Mujer” significa una persona que, al momento de su concepción, pertenece al sexo que produce las células reproductivas de mayor tamaño», reza la orden ejecutiva. Según el periodista Carter Sherman en The Guardian, «los defensores de la personalidad del feto esperan llevar finalmente un caso ante el Tribunal Supremo que conduzca a los jueces a declarar que la 14º enmienda se aplica desde el momento de la concepción». Aunque la orden ejecutiva no estableció realmente nuevas protecciones o estatus legal para los embriones y fetos, cada vez que se incorpora este lenguaje, aunque sea simbólicamente, se sienta una base para futuras leyes extremistas.
En un mundo en el que la personalidad del feto es ley a nivel nacional, el gobierno podría tratar el aborto como un asesinato y a las personas que abortan como asesinas. Cinco estados han presentado ya proyectos de ley que clasifican el aborto como asesinato y penalizan a quienes prestan o acceden a servicios de aborto. Ninguno de los proyectos ha sido aprobado —y es poco probable que lo sean en el futuro cercano—, pero el mero hecho de dar audiencia a una legislación tan extremista forma parte de la estrategia antiabortista de desensibilizar a la opinión pública ante la idea de castigar a las personas por sus decisiones en materia de salud.
El ala abolicionista del movimiento antiabortista, que aboga por la abolición y la criminalización del aborto en función de los derechos del feto, está ganando influencia. Muchas organizaciones antiabortistas se oponen a la criminalización de las mujeres que abortan, tanto por temor a la reacción pública como porque contradice su postura de que las mujeres son víctimas inconscientes de proveedores de servicios abortivos sin escrúpulos. Sin embargo, quienes se autodenominan abolicionistas ocupan ahora cargos legislativos en algunos estados profundamente conservadores y pueden impulsar proyectos de ley extremistas.
En Oklahoma, una propuesta que habría permitido acusar de asesinato a las mujeres que abortaran, con penas que llegaban a extremos como la pena de muerte o la cadena perpetua, fue recientemente rechazada por seis votos contra dos. El senador republicano Dusty Deevers, autor del proyecto de ley, afirmó que el acceso de las pacientes a los medicamentos abortivos por correo era una «laguna jurídica enorme en las leyes provida de Oklahoma» y declaró: «En nuestro estado hay una clase protegida de asesinos».
En Misuri, una comisión estudió un proyecto de ley que crearía una base de datos de mujeres embarazadas consideradas «en riesgo» de abortar y las pondría en contacto con padres que desean adoptar. El autor de la Ley Save MO Babies la calificó de «eHarmony para bebés», diseñada para emparejar a futuros padres con bebés de mujeres obligadas a seguir adelante con el embarazo y dar a luz. Los estados conservadores están ideando formas cada vez más crueles de rastrear, controlar y castigar a las personas embarazadas.
Las vidas en riesgo
Aunque los detractores del aborto afirman que sus proyectos de ley tienen por objeto proteger la salud y la seguridad de las mujeres, el fuerte aumento de la mortalidad materna —y, en algunos estados, fetal— revela las consecuencias mortales de criminalizar la atención sanitaria. Ahora que se han publicado datos e informes sobre las repercusiones de las prohibiciones y restricciones estatales del aborto tras la sentencia Roe, existen pruebas horribles de que hay personas que mueren y sufren como consecuencia de las nuevas leyes. Las pacientes que se enfrentan a complicaciones gestacionales que ponen en peligro su vida son rechazadas en las salas de urgencias, y los médicos están tan aterrorizados por la posibilidad de ser procesados penalmente que realizan cesáreas innecesarias en lugar de abortos de urgencia.
Idaho impugnó con éxito el requisito federal de proporcionar atención abortiva de emergencia en las salas de urgencias financiadas con fondos públicos, lo que obliga a trasladar a las pacientes fuera del estado para recibir atención. La administración Trump anunció recientemente que retiraría la demanda del Departamento de Justicia contra Idaho, lo que da vía libre al estado para seguir denegando la atención abortiva de urgencia.
Al menos cinco mujeres han fallecido tras no recibir atención médica de urgencia para abortar, dos de ellas en Georgia y tres en Texas. Según un nuevo estudio de ProPublica, tras la prohibición del aborto en Texas en 2021, la tasa de sepsis se disparó más del 50% entre las mujeres hospitalizadas por perder sus embarazos en el segundo trimestre. Otro estudio reveló que la mortalidad infantil en Texas se disparó casi un 13 % entre 2021 y 2022. Las prohibiciones y restricciones al aborto están provocando peligrosos retrasos en la atención médica vital y alterando los estándares de atención, ya que los médicos tratan de protegerse de las consecuencias legales, que incluyen la pérdida de sus licencias médicas y décadas de prisión.
A pesar de la indignación pública cada vez que una persona embarazada muere por causas evitables o es detenida por abortar, los legisladores extremistas siguen proponiendo proyectos de ley para castigar a los proveedores y a las pacientes. Estos proyectos punitivos no son populares entre los votantes, por lo que el movimiento antiabortista ha tenido cuidado de presentar las restricciones como necesarias para proteger a las mujeres. Para mantener el engaño, investigaciones pseudocientíficas de organizaciones antiabortistas como el Instituto Charlotte Lozier pretenden demostrar los peligros del aborto por procedimiento y por medicación.
Algunos estados republicanos han propuesto recientemente leyes que exigen la recopilación de datos sobre las complicaciones del aborto, que podrían definirse de forma demasiado amplia para ser significativos, con el fin de reforzar su argumento de que el aborto no es seguro y debe prohibirse o regularse estrictamente. Indiana incluso propuso un proyecto de ley, recientemente rechazado, que exigía que los historiales médicos anónimos de las pacientes que abortaban se pusieran a disposición del público.
Este enfoque en la recopilación de datos forma parte de una estrategia antiabortista más amplia de vigilancia y seguimiento de las pacientes que abortan, y se manipula para servir a su objetivo de legislar en contra de todos los derechos y el acceso al aborto. Y como no les conviene analizar los datos sobre las tasas de mortalidad materna, algunos estados simplemente optan por no hacerlo. El comité de mortalidad materna de Texas anunció recientemente que no revisaría las muertes relacionadas con el embarazo y el parto durante los dos primeros años tras la prohibición de casi todos los abortos en el estado.
Construir poder y protección, estado por estado
Apesar de años de ataques al acceso al aborto, antes y después de la decisión Dobbs, el número de abortos en el país ha aumentado desde que se anuló Roe y en 2023 se practicaron más abortos que en cualquier otro año desde 2011.
Mientras Trump preside un gobierno decidido a destrozar lo que queda de las protecciones legales para las mujeres, las personas queer y trans y todos los grupos marginados, es útil tener en cuenta las recientes victorias en materia de salud reproductiva. Siete estados aprobaron enmiendas que protegen el derecho al aborto en las elecciones de 2024, entre ellos Arizona y Misuri, que tenían prohibido el aborto antes de la viabilidad. En Misuri, los proveedores iniciaron una demanda para derogar la prohibición del aborto después de que se aprobara la iniciativa electoral a favor del derecho a decidir. Los abortos por motivos de salud se han reanudado recientemente en el estado, aunque la lucha continúa para superar los numerosos obstáculos a la atención impuestos por los republicanos, y las clínicas del estado siguen sin poder proporcionar abortos con medicamentos.
Algunos estados favorables al aborto han eliminado las restricciones en torno al aborto, han aumentado el presupuesto estatal de Medicaid para cubrir la atención del aborto y han destinado fondos públicos a clínicas con el fin de ayudar a satisfacer las enormes necesidades de las pacientes que viajan desde otros estados. En California se creó el Consejo para el Futuro del Aborto en California con el fin de reforzar las protecciones y ampliar el acceso a la atención, incluso para las pacientes de otros estados. En Illinois, el Departamento de Salud Pública asignó 2 millones de dólares en subvenciones para formación a los departamentos de salud y a organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de ampliar el acceso a la atención sanitaria reproductiva aumentando el número y los tipos de proveedores cualificados. En Colorado, el 62% de los votantes en las elecciones de noviembre de 2024 aprobó una enmienda que modificaba la constitución del estado para reconocer el derecho al aborto y derogaba la prohibición de la financiación pública, convirtiéndose así en uno de los dieciocho estados que permiten el uso de fondos estatales para la atención al aborto.
En Nueva York, el presupuesto de 2025 invierte 36 millones de dólares para prestar apoyo a los proveedores de servicios de aborto y a las organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de aumentar el acceso a la atención sanitaria de los residentes y los pacientes de otros estados, incluidos 25 millones de dólares para el Programa de Acceso al Aborto y 10 millones de dólares para mejorar las operaciones de seguridad y protección de los proveedores de servicios de aborto. Nueva York también está considerando un proyecto de ley para invertir 10 millones de dólares en formación clínica y establecería un programa financiado por el estado diseñado para hacer frente a la creciente escasez de proveedores de servicios de aborto en Nueva York y en todo el país. En febrero, después de que Luisiana presentara la causa penal contra la Dra. Carpenter, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley para permitir a los proveedores que recetan medicamentos abortivos solicitar que la farmacia que los dispensa imprima el nombre de su consultorio en las etiquetas de las recetas en lugar del nombre del profesional, lo que añade otra capa de protección para los proveedores.
Estas protecciones estatales mínimas deberían haber existido hace años, pero debemos reconocer cada ampliación del acceso a la atención sanitaria como una victoria y utilizarla para impulsar la consecución de triunfos aún mayores. Es fácil sentirse abrumado por la avalancha de ataques bárbaros contra la atención reproductiva, pero es importante no perder de vista a las muchas personas que aún pueden abortar gracias al trabajo de los proveedores y activistas.
Debemos seguir peleando por mayor presupuesto para los programas de acceso seguro al aborto al tiempo que trabajamos por el objetivo a largo plazo de erradicar todas las restricciones en torno a la atención sanitaria reproductiva y el objetivo aún más lejano de la sanidad universal y la justicia sanitaria. Será un camino difícil, y tendremos que explorar todas las vías y reclutar a todos los simpatizantes para que utilicen sus capacidades únicas para hacernos avanzar.
Podemos tener muchos objetivos en mente, eso está bien. Pero la política puramente electoral no puede distraernos de cuidar y apoyar a las muchas personas que necesitan atención desesperadamente aquí y ahora. El movimiento por la justicia reproductiva es fuerte y dinámico. Puede que lleve tiempo, pero resulta reconfortante saber que son millones las personas que ya están construyendo ese mundo mejor.
Anne Rumberger es una activista de NYC for Abortion Rights y NYC Democratic Socialists of America.
Fuente: Jacobin
