Taner Kiliç era, en 2017, presidente de Aministía Internacional (AI) en Turquía. Llevaba décadas defendiendo los derechos humanos de las personas refugiadas y de otros grupos vulnerables, relatan desde AI. El gobierno turco lo condenó aunque "no se encontró ninguna prueba contra él". Lo mismo le sucedió a Idil Eser (entonces directora de AI Turquía) y a Özlem Dalkran y Günal Kurun, defensoras y defensores de los derechos humanos en ese país.
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En 2017 decenas de policías irrumpieron en un hotel de la pintoresca isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde 10 personas participaban en un taller de derechos humanos. Les confiscaron las computadoras y los teléfonos, las subieron a una furgoneta policial y se las llevaron detenidas. Todas ellas y Taner, detenido un mes antes, fueron acusadas formalmente de delitos de terrorismo. El fiscal alegó en ese momento que habían acudido al hotel donde las detuvieron con objeto de celebrar una "reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi" a fin de provocar el "caos" en el país.
La sentencia del Tribunal de Casación sobre la declaración de culpabilidad de Taner Klç, dil Eser, Özlem Dalkran y Günal Kurun —4 de las 11 personas defensoras de los derechos humanos en el caso de Büyükada, que fueron halladas culpables en julio de 2020— llega más de cinco años después de su detención. La causa contra Taner Klç se desestimó por considerarse que se había realizado una "investigación incompleta" y se remitió de nuevo al tribunal de primera instancia.
Hace un lustro que AI viene luchando para revocar las sentencias. Y lo lograron. "Que se hayan revocado estas sentencias significa muchas cosas: es un gran alivio, por una parte. Por otra, deja en evidencia las herramientas de algunos gobiernos para acallar a los y las defensoras de derechos humanos. Y por último, que hay injusticias que duran años, pero la presión de cientos de miles de personas funciona", dijeron en un comunicado.