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Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela.
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La respuesta se dio ante la imposición de un plazo para que las autoridades judiciales venezolanas adopten medidas en línea con la interpretación de Washington de los Acuerdos de Barbados, suscritos en octubre pasado con el ala radical de la oposición.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez publicó un mensaje en el que advierte que cualquier paso en falso para intensificar la agresión económica contra Venezuela, a solicitud de extremistas lacayos en el país, resultaría en la revocación inmediata de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos a partir del 13 de febrero.
Además, se señala que, de continuar las sanciones, la Administración de Nicolás Maduro revisará cualquier mecanismo de cooperación existente, considerando esto un intento deliberado de golpear la industria petrolera y gasífera venezolana.
La Cancillería venezolana emitió un comunicado repudiando los "más recientes intentos de injerencia e intromisión" por parte de EEUU. El texto caracteriza estas acciones como un "ultimátum contra todo el pueblo de Venezuela", buscando imponer el golpismo, desconocer instituciones y desestabilizar la economía mediante "intervencionismo neocolonialista".
El Departamento del Tesoro de EEUU informó que no renovará la licencia general que autorizaba operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela por seis meses, argumentando apoyo a la democracia. También, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció que la licencia que permitía a la estatal venezolana Minerven comerciar con oro vencerá el 13 de febrero.
Ante estas sanciones, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, instó a las autoridades estadounidenses a no inmiscuirse en los asuntos venezolanos y ocuparse de los asuntos internos de su país. Esta escalada de tensiones sigue a la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado y otros dirigentes opositores por parte del Supremo venezolano el pasado viernes.
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