En aquel entonces, en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou implementó un conjunto de modificaciones a la Ley de Promoción de Inversiones, con el propósito de “generar un efecto positivo significativo sobre el valor agregado de la economía”. A través del Decreto 268/020, todavía vigente, se revisó la metodología de evaluación de los proyectos de inversión, “otorgando énfasis a la generación de empleo”.
En ese mismo decreto, además, el gobierno pasado quitó la prohibición que regía para las empresas de la industria tabacalera que había dispuesto, en 2018, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. En el Decreto 143/018, firmado por el expresidente frenteamplista, se establecía que los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado no podían recibir los beneficios impositivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones. Y se agregaba a texto expreso: “No podrán ampararse al presente régimen las empresas de la industria tabacalera”.
El decreto de Orsi
En el decreto firmado recientemente por el presidente de la República, Yamandú Orsi, se establece que, “por razones de orden público”, las empresas de la industria tabacalera “no podrán ampararse” en los beneficios impositivos que prevé la Ley de Promoción de Inversiones. “Los proyectos de inversión presentados por dichas empresas solicitando la declaratoria promocional, así como las ampliaciones de los mismos, que tengan pendiente la resolución correspondiente, no podrán ser declarados promovidos”, se detalla en el decreto.
El Poder Ejecutivo sostiene que la reinstalación de la prohibición va “en línea con los objetivos perseguidos” en la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), promulgada en el primer gobierno de Vázquez, que tiene como cometido central “proteger a los habitantes del país de las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.
Además de la de Orsi, el nuevo decreto lleva la firma de cuatro ministros: Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca). También figura la rúbrica de la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram.
