Patinando en barros blancos

Dicen que el verde la identifica políticamente; pero el verde no solo lo usa el Partido Socialista (al cual no pertenece); también lo usa el Partido de la Gente y el PERI. Si Carolina hubiera ordenado pintar los semáforos de negro, dirían que está haciendo proselitismo con los emos; si los pintara de rosado, dirían que pretende que todos los montevideanos seamos gays; si los pintara de celeste, que está defendiendo al maestro Tabárez; y si los pintara de rojo, que identifica a Montevideo con el comunismo y/o con el Partido Colorado. A planteos absurdos, respuestas absurdas.

No se preocuparon cuando en una repartición del Ministerio del Interior se pintó una fachada con la frase de Aparicio Saravia (utilizada por Jorge Larrañaga en sus campañas) “Hay orden de no aflojar”, ni cuando a un operativo policial se le denominó “El Guapo”, ni cuando al salón de actos de la Dirección General de Información e Inteligencia se le restituyó el nombre del represor Víctor Castiglioni, ni cuando se colocó un gran cuadro con letras doradas con el nombre del mencionado violador de derechos humanos, ni les preocupó que Luis Lacalle Pou sustituyera los cuadros de Artigas por otros con la imagen del actual presidente, en una patética demostración de narcisismo, ni cuando la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa violó el artículo 77 de la Constitución al intervenir en un proceso electoral tildando de mentirosos a quienes buscan derogar 135 artículos de la LUC.

Se preocupan por los custodios de Carolina y no por los de Lacalle Pou, que deberían preocuparles, ya que el mismísimo jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Andrés Astesiano Severgnini, habría sido procesado por estafa en el año 2002 y tiene no menos de 30 anotaciones por delitos de estafa, hurto y apropiación indebida, habiendo dado buen trabajo a innumerables reparticiones policiales.

Como sea, el edil Nicolás Lasa calificó de “mentira” la acusación contra Carolina, aclarando que “de todas las personas que desempeñaron tareas de seguridad para el expresidente (Tabaré Vázquez), solo uno fue contratado, y para realizar tareas que no se vinculan con la custodia de Carolina Cosse”.

La posibilidad de que la ciudadanía les derribe 135 artículos de la LUC los tiene tan nerviosos que no paran de meter la pata y mentir. Mienten al decir que la ciudadanía les votó conociendo el contenido que tendría la LUC. Si en la campaña electoral hubieran hecho la más mínima mención al desalojo exprés, no ganaban las elecciones ni por milagro.

En el extremo de las pequeñeces políticas, la departamental nacionalista de Paysandú plagió el logo de la campaña por el SÍ haciendo impresiones idénticas; pero cambiando SÍ por NO.

En un evento organizado por la juventud del Partido Nacional, Laura Raffo instigó a los presentes a organizar piquetes para defender la LUC. Alguien tendría que explicarle a la Juana Guaidó uruguaya que los piquetes están prohibidos por los artículos 460, 469 y 470 de dicha ley.

Pero como los blancos no tienen un límite para el disparate, Álvaro Delgado publicó en su cuenta de Twitter: “Con la LUC se reduce de cinco años a 18 meses el proceso de adopción. Les da más derechos a las familias y a los niños. No cambies lo que está bien. ¡Votá por adopción! #VotaNOderogar”. El texto acompañaba un spot tan bien elaborado como falaz. Cinco días antes, Beatriz Argimón lo había publicado por Twitter junto a la frase “Defendé tu libertad”.

El problema es que el artículo 406, que reduce los tiempos de adopción, no figura entre los 135 artículos que se procuran derogar. Las cuentas de ambos se inundaron de mensajes aclaratorios; pero al momento de escribir esta nota, tanto la vicepresidente como la mano derecha del presidente mantenían el texto y el spot. En pocas palabras, continúan mintiendo a sabiendas de que están a la pesca del voto de gente desinformada.

Por los mismos días, Luis Lacalle I y Julio María Sanguinetti firmaron una nota de respaldo al expresidente Mauricio Macri señalando que la causa judicial por la cual se lo investiga por escuchas ilegales en Argentina tiene motivaciones políticas. Los derechistas cierran filas y opinan sobre expedientes judiciales de otros países; pero no suscribieron ninguna nota por ninguna de las causas contra Cristina Fernández, pese a que la mayoría fueron cayendo por falta de sustento, ni publicaron ningún alegato sobre las causas perpetradas contra Luis Inácio Lula Da Silva, ni condenaron el golpe contra el gobierno de Evo Morales ni la complicidad de Luis Almagro. Tampoco han escrito nada sobre las violaciones de derechos humanos en Colombia y Chile.

Por otra parte, continúan haciendo lo que mejor saben hacer: acomodar a parientes y amigos a expensas del Estado. Una investigación de Leonardo Cardozo, publicada por Brecha, ratifica y amplía lo que ya habíamos expuesto nosotros en notas anteriores. Mediante la creación de nuevos cargos y designaciones directas, los multicolores han aumentado en un 24 por ciento los gastos de personal en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

Tal como señala Leonardo Cardozo, “los ingresos directos a Salto Grande incluyen a nueve ediles nacionalistas y a la exsecretaria privada del presidente de la República, mientras la política de ascensos beneficia, entre otros, a un importante empresario de medios local”. “Carlos Gelpi, de la lista 400 y dueño del servicio de televisión para abonados Cablevisión Salto, fue ascendido como asesor y acumula un sueldo de 400.000 pesos”.

Carlos Albisu, dirigente blanco presidente de la Delegación Uruguaya de la Ctmsg, es el responsable directo de tales acomodos, dedazos y avivadas. Todo esto nos recuerda el escándalo protagonizado por el coronel (r) Enrique Montagno, de Cabildo Abierto, quien fue grabado mientras se jactaba de haber metido a dedo a 135 personas en ASSE, imbecilidad extrema que le costó su puesto en el directorio del organismo.

En tanto, y mostrando la hilacha, el gobierno recibe a quienes buscan la liberación de militares que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron a múltiples personas, pero ni siquiera responde el pedido de reunión presentado por Crysol hace más de un año. Entre los violadores de derechos humanos y sus víctimas, Lacalle Pou deja en claro con quienes están sus preferencias.

Pero no pasa nada… Mañana el presidente sale a pasear con su esposa, juega al fútbol, compra verduras o habla con una niña mientras lo filman y listo; el cholulismo le gana por paliza a la razón.

La cultura cívica de los uruguayos es un mito tan grande como el de la garra charrúa.