3 millones de dólares desaparecidos de la Armada: justicia laboral va tras ellos

Si bien el rol de la Justicia es determinar si corresponde o no hacer lugar a la demanda, el solo hecho del juicio tiene peculiar importancia.

Rememorando

Desde el año 2021 al 2023 que el Comando General de la Armada no realizaba los pagos de inspecciones realizadas por la Comisión Técnica (COTEC), en este caso particular en el control de buques que estén “libres de gases”. El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, tiene entre sus cometidos la matriculación (División Matrículas DIVMA), registro (Escribanía de Marina-ESMAR), inspecciones técnicas (Comisión Técnica-COTEC), el control del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de los buques y/o embarcaciones, habilitando las zonas de navegación de acuerdo a sus características técnicas y otorgando los certificados de navegación correspondientes y la matrícula de los buques (Dirección Registral y de Marina Mercante-DIRME). Los buques cargan combustible y otros gases que son inflamables o peligrosos, como por ejemplo el amoníaco que usan las cámaras frigoríficas de los pesqueros, o los propios tanques de combustible, que, si bien es gasoil, es un peligro cuando van a hacer trabajos de soldadura. Las chapas se pudren por el tema del agua salada y cada tanto hay que hacer trabajos, muchas veces no están relacionados con las paredes de los tanques de combustible, pero cuando los trabajos se van a hacer en caliente, cerca de tanques o líneas de combustible o lugares que puedan tener gases explosivos, tienen que solicitar obligatoriamente una inspección de los técnicos, de los inspectores de la Armada que van a inspeccionar que el lugar o la bodega o el tanque de combustible esté libre de gases explosivos. Se les muestra dónde se van a hacer los trabajos en caliente, los cambios de chapa o cambio de cañería, y ahí tienen que ir los inspectores y verificar que en el lugar donde se va a trabajar no haya gases explosivos. Se les emite una autorización para realizar esos trabajos, que tiene un determinado periodo de vigencia, y después tienen que comunicar cuando los terminaron y ahí vuelve la inspección para ver que esté todo en orden, que estén bien hechas y que ese tanque o esa cañería pueda volver a utilizarse para lo que fue diseñado. Esa inspección se cobra, porque es un servicio que brinda el Estado por la seguridad de todos.

Carretera pérdida

En este caso, el asunto es grave porque la plata recaudada por la Armada, que luego manda al Ministerio, que antes pasa por el SECON, el SIFIA, y del Ministerio vuelve a la Armada, se perdió en el camino, debiendo un total de tres millones de dólares, que según algunos puede llegar a los 4 millones si se toma en cuenta la partida de refuerzo de rubro que salió del Ministerio.

El Abogado lleva adelante un juicio por uno de los inspectores que sólo a él se le deben unos 500 mil dólares. Como el “dinero desapareció” en algún mojón de las variadas rutas, la demanda va dirigida contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de la Armada, Ancap, la Administración Nacional de Puertos y cinco empresas privadas: Dique Tsakos, Universal Shipping Agency, Christophersen S.A. y la Agencia Marítima Escena S.A.

Boicoteando controles

Junto a los derechos lesionados de los trabajadores que ahora buscan ser amparados por la Justicia laboral, el no pago de las inspecciones de la COTEC desestimula a cumplir con la ley, ya que la COTEC venía de “superar” una serie de escándalos en el 2020.

Por decisión del ministro de Defensa, Javier García, los ocho oficiales (tres en actividad y cinco retirados) fueron sancionados. Entre ellos se encuentra el excomandante en jefe de la Armada Carlos Abilleira, que fue designado en noviembre de 2018 y permaneció en el cargo hasta marzo de 2020, cuando asumió el nuevo gobierno y nombró en su lugar a Jorge Wilson. Abilleira fue sancionado con 15 días de arresto a rigor; los restantes siete oficiales —coroneles y capitanes de navío— cumplirán 10 días de arresto.

Las conclusiones finales de la investigación administrativa, realizada por parte del equipo jurídico y contable del Ministerio, serán remitidas a Fiscalía. En octubre de 2021, García ya había enviado un informe preliminar con datos que surgían del proceso de investigación.

Este juicio laboral, al menos, sienta un precedente que, de resultar favorable a los demandados, va a abrir cientos de demandas, como el reclamo de los marineros a los que se les debe un millón de dólares.