"Esta decisión plantea serias inquietudes sobre su legalidad", señalaron desde Movus.
Cuestionan necesidad de las obras y advierten sobre costo total
El movimiento ambientalista apunta a que "existen serias dudas sobre la necesidad real de ampliar la capacidad de potabilización en Aguas Corrientes en 200 mil metros cúbicos diarios, considerando que el sistema ya produce más del doble del agua necesaria en la actualidad. Además, persisten problemas graves: dos tercios del agua potabilizada ni siquiera son facturados, sin que exista claridad sobre su destino".
Respecto al costo, si bien en el anuncio oficial se informó que implicará una inversión superior a los doscientos millones de dólares, que sería asumida por Infraestructura Arazatí S.A., "se omitió mencionar que el monto total a pagar por estas obras superará los seiscientos millones de dólares debido a un esquema de financiación privada altamente costoso e injustificable", advirtieron.
"Las obras adjudicadas, cuyo plazo de ejecución se estima en casi tres años, lejos de garantizar el abastecimiento adecuado de agua para la zona metropolitana, comprometen los recursos financieros de OSE y del Estado.
Según Movus, "esto limita la capacidad para emprender acciones realmente necesarias, como el mantenimiento adecuado y el control eficiente de las redes existentes. Medidas que "permitirían reducir la demanda sobre la cuenca, minimizar los costos asociados al proceso de potabilización, mitigar el impacto ambiental y optimizar la facturación anual de OSE en más de sesenta millones de dólares, sin necesidad de aumentar las tarifas vigentes", concluyó el grupo en el comunicado.
