Detenidos desaparecidos: pasado, presente y futuro de la búsqueda

El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro en 2011 marcó un punto de inflexión. No solo por tratarse de un caso emblemático, sino porque permitió desmontar relatos instalados durante años. “El hallazgo de un cráneo estallado por un proyectil de arma de fuego fue un parteaguas”, señala, en referencia a las ejecuciones y al rol de la ciencia para cuestionar versiones oficiales o naturalizadas.

La entrevista también repasa los avances más recientes, como la identificación de Amelia Sanjurjo y Eduardo Arigón en el Batallón 14, que reabrieron un predio que se creía agotado y confirmaron que la metodología —aunque lenta y exigente— puede dar resultados incluso sin información de calidad. “Mientras no hablen, esta es la herramienta que tenemos”, afirma Lusiardo, al describir excavaciones que implican años de trabajo, decisiones técnicas complejas y una enorme inversión humana.

En clave de balance político e institucional, la coordinadora del GIAF evalúa el último período de gobierno, el pasaje de la investigación a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y las expectativas frente a la nueva administración. Si bien destaca la continuidad del trabajo, identifica con claridad el principal obstáculo: “El punto más flojo es la información”. Sin datos concretos, explica, no hay tecnología ni recursos que puedan acelerar sustancialmente las búsquedas.

La conversación aborda, además, el presupuesto destinado a la búsqueda, las condiciones necesarias para profundizar las investigaciones, las líneas de trabajo actuales en los batallones 13 y 14 y otras zonas de interés, así como una mirada crítica sobre los proyectos políticos que proponen nuevas comisiones. Para Lusiardo, el problema ya no es de estructuras, sino de voluntad y de tiempo: quienes tienen la información son cada vez menos, y las familias siguen esperando.

Con una mirada técnica, humana y profundamente consciente del peso histórico de su tarea, Alicia Lusiardo ofrece en esta entrevista un retrato del estado actual de la búsqueda de detenidos desaparecidos en Uruguay: un trabajo que avanza metro a metro, entre la ciencia, la memoria y una urgencia que no admite más dilaciones.

LUISARDO

¿Cuál es su formación académica y qué recorridos la llevaron a especializarse en antropología forense?

Hice un posgrado en Antropología Forense en el exterior porque esa formación no existe a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional. De hecho, me fui a Estados Unidos, porque no había muchas más opciones. Lo hice con la idea de regresar y aplicar esos conocimientos en un contexto más amplio que el del pasado reciente, aunque ese tema estaba incluido.

Regresé al país en 2005, justo cuando el equipo comenzaba a trabajar. Como el resto de la ciudadanía, vi por televisión los primeros hallazgos, y recién me incorporé al equipo a fines de 2006, del que sigo siendo parte actualmente.

El interés viene, por un lado, de mi gusto por la antropología, que en un inicio estaba más orientado hacia la arqueología. Yo nací en México, y allá la arqueología y la antropología están muy presentes. Por otra parte, siempre me interesó mucho la investigación de crímenes. Trabajaba como fotógrafa de prensa en La República y me tocaba cubrir con frecuencia policiales, algo que me gustaba mucho. Ahí se unieron estos dos intereses: la investigación de una muerte sospechosa y qué puede decir la ciencia, en particular el estudio del cuerpo humano, frente a ese tipo de situaciones.

¿Qué herramientas específicas —técnicas y humanas— exige la tarea de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas?

En la parte técnica hay que tener conocimiento de cómo ir contrastando y verificando la información que va surgiendo en relación al paisaje, a los sitios señalados: a qué archivos acudir, qué preguntas hacer y cómo ir despejando lo que es mentira o incluso ir entendiendo cómo, en el relato, se pueden transformar los hechos, simplemente porque la memoria tiene sus propios procesos. A veces las inconsistencias no son solamente mentiras, sino que pueden ser problemas de memoria de las personas.

También se necesita formación en relación al uso de lo geoespacial, para verificar o bajar la información al terreno. Además, se requieren conocimientos de arqueología, porque esto se trata mayormente de buscar. No es como en los contextos de los compañeros que trabajan en Argentina u otros países, donde el problema es identificar restos que ya han sido recuperados. En nuestro caso, el problema es buscar y encontrar. Entonces, las técnicas de arqueología y tener conocimientos en esa área son vitales.

Nada de esto puede pensarse por separado, porque cuando uno está trabajando en el terreno y encuentra algo que parece ser un hueso, tiene que ver si efectivamente lo es y, en ese caso, si es humano o no humano, si es de interés forense o no. Ahí entra la parte de la antropología física. Por eso nuestra carrera es tan interesante, con esta cuestión en común de la antropología social, la antropología física y la arqueología, que hace que estas tres áreas se junten en una sola carrera. Cuando uno se especializa en el área forense, esas tres áreas de conocimiento se aplican a un contexto legal. Algunos de nosotros tenemos más formación en antropología física y otros más en arqueología.

A nivel humano, creo que una de las cualidades esenciales es la paciencia. Hay que ser muy sistemático y muy cuidadoso en el registro, en la búsqueda, desde lo que es el trabajo en terreno hasta la recuperación y el trabajo posterior en el laboratorio. Entonces hay que tener un perfil de ese tipo: calmo, sistemático y también empático porque es muy delicado tratar con personas que también son víctimas, como las familias.

Eso atraviesa desde cómo se planea la investigación y cómo se transmite, hasta cómo se comunican las cosas que pueden no salir como uno quiere, cómo se maneja la expectativa cuando se sabe que es una labor que va a llevar mucho tiempo y cómo se transmite el peor momento, que es la noticia de la identificación, tener que decirles “este es su familiar”. Ahí se necesita mucha empatía.

No necesariamente tenés que ser una persona que tenga en su pasado un vínculo con la desaparición; ninguno en el equipo lo tiene, por lo menos de forma directa. Somos personas a las que nos interesa el tema, muy empáticas en relación al sufrimiento de otras personas, y que queremos ver la forma de ayudar.

Desde su incorporación al GIAF, el primer hallazgo fue en 2011, los restos de Julio Castro, que según se ha dicho marcó un punto de inflexión. ¿Qué cambió a partir de ese momento en términos de capacidades locales?

Sí, el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro fue el primer enterramiento en el que, además de realizar la búsqueda y la recuperación, el equipo pudo hacerse cargo del estudio completo. Los dos primeros casos, en 2005 —el de Ubagésner Chaves Sosa y Fernando Miranda—, fueron recuperados por el equipo, pero luego trasladados al Instituto Técnico Forense, donde se realizaron los análisis.

En el caso de Castro, nosotros ya teníamos las capacidades como para ofrecerle a la Justicia, en este caso a los jueces de turno, la posibilidad de hacer el análisis en nuestro propio laboratorio y trabajar en conjunto con los médicos designados para generar un informe común. Fue el primer caso que se pudo trabajar de principio a fin: desde la búsqueda y la recuperación hasta la restitución a la familia.

Además, fue un caso emblemático en términos de desmontar algunas falsedades en torno a esta temática, como la idea de que todas estas personas habían muerto por excesos en la tortura. El hallazgo de un cráneo estallado por un proyectil de arma de fuego fue, en ese sentido, un parteaguas. Permitió empezar a cuestionar, al menos, determinadas cosas que se han dicho y repetido durante años, hasta el punto de que muchos las habíamos terminado creyendo.

¿Cómo evaluaría el desarrollo de la búsqueda de detenidos desaparecidos en el último periodo de gobierno?

Da la casualidad de que el último período coincidió con la ley que crea el pasaje de la investigación a la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, trabajamos quince años con gobiernos de izquierda y, en los cinco años siguientes, no nos tocó trabajar directamente con el gobierno de Luis Lacalle Pou, sino que pasamos a la órbita de la institución.

Eso no quiere decir que no haya habido algún tipo de vinculación, porque de hecho permanecimos —y permanecemos aún hoy— en un piso que es de Presidencia. Tenemos una retroexcavadora que es un comodato de Presidencia y, durante un tiempo, dependimos presupuestalmente de ellos, porque todavía no se había votado el presupuesto de la institución. Para poder cobrar nuestros sueldos y para poder avanzar en determinadas cuestiones de la investigación, obviamente la Presidencia estuvo presente.

No sentimos un cambio en ese sentido. No lo valoro ni como positivo ni como negativo porque fue un trabajo continuo. En todo caso, el cambio fue pasar a la Institución y empezar a vincularnos con el Poder Ejecutivo de otras maneras. Por ejemplo, cuando teníamos que entrar a algún lugar para hacer una inspección ocular que no fuera a través de la Justicia, o cuando debíamos hacer una solicitud a algún ente del Estado. Eso nos pasó, por ejemplo, con un cable de alta tensión que generó mucho retraso. Ahí sí hubo algunos obstáculos o situaciones que enlentecieron las tareas. Pero eso no implicó que se dejara de trabajar ni tuvo una afectación directa en la tarea.

También hubo una situación en la que solicitamos un vuelo sobre los cuarteles, con una tecnología en particular, y se nos negó. Se ofreció una alternativa que para nosotros no era válida, por las cuestiones técnicas que hay de por medio. Ese tipo de cosas sí sucedieron en el período anterior. Sin embargo, fue un período en el que pudimos tener dos hallazgos en el Batallón 14.

¿Qué significó la identificación de Amelia Sanjurjo y Eduardo Arigón en el recorrido del GIAF?

Esos dos hallazgos fueron muy importantes también en términos de revalorizar este predio militar, que de alguna manera parecía agotado con los hallazgos de Castro y Blanco. De hecho, en 2013 el equipo se retira del Batallón 14 y lo da por agotado. Volver en 2020 a trabajar allí implicó hacer una apuesta muy grande, en términos de justificar por qué queríamos regresar al mismo lugar. Y no solo al mismo predio —que tiene unas 400 hectáreas—, sino a la misma zona dentro de ese predio. Podríamos haber elegido cualquier punto de esas 400 hectáreas y elegimos volver exactamente al mismo lugar.

Esa decisión estuvo justificada por la necesidad de unir los parches que se habían excavado en años anteriores y, además, de dar cuenta de todo el monte correspondiente a la época de interés, que abarcaba una superficie muy importante, de más de 30 hectáreas. Era una apuesta muy ambiciosa, que la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad interpretaron como un pedido válido, y por eso se pudo volver.

Creo que esos dos hallazgos justifican plenamente ese esfuerzo titánico de excavar metro a metro y de volver a unir excavaciones viejas. El hallazgo de Amelia, por ejemplo, se produjo a pocos metros de un lugar que había sido excavado en 2009, en la zona de la bodega, donde existía información sobre cuerpos enterrados en las cercanías. Y el hallazgo de Arigón se da a un metro de una trinchera exploratoria de años anteriores. Entonces, creo que, a nivel de justificar el método, sin duda son dos hallazgos muy claros.

Además, revelan nueva información. No hay un sitio único elegido para enterrar dentro de ese batallón —eso no quiere decir que sea el único predio—, pero sí hay un lugar donde se concentran cuatro cuerpos enterrados. Es un sitio donde encontramos diferencias muy claras de un lado y del otro del arroyo: al norte, cuerpos con vestimenta; al sur, cuerpos prácticamente desnudos o desnudos, con un esfuerzo de ocultamiento mucho mayor, porque se colocan losas de cemento. En el caso de Arigón, se trata de una estructura monumental, con unos 500 kilos de material.

Todo eso nos va dando más elementos para entender qué fue lo que pasó y cómo seguir orientando la investigación. También fue muy importante encontrar a la primera mujer en territorio uruguayo. Son pocos los reportes que tenemos de mujeres, y existía una sensación de deuda por no haber logrado encontrar todavía ninguno de esos cuerpos. Hay tres casos muy emblemáticos: Elena Quintero, María Claudia y Amelia. Encontrar a Amelia fue muy significativo, y también lo fue todo el trabajo posterior para identificarla.

Encontrar restos de una mujer y no saber de quién eran, y no poder demostrar científicamente que se trataba de Amelia, fue también un desafío importante del período pasado. Eso permitió mostrar que en Uruguay esta puede ser una problemática: no solo la búsqueda, sino también la identificación. Nos obligó a revisar qué estábamos haciendo con las bases genéticas, cómo podían mejorarse y qué acciones tomar. En ese sentido, la Fiscalía tuvo un rol muy claro al unificar las bases de datos genéticos y dejar atrás una fragmentación que nos perjudicaba mucho.

Creo que fue un período de mucho aprendizaje y también de resultados. Nos permitió, de alguna manera, asegurar que la metodología puede dar frutos, incluso en un escenario donde no hay información. Lo que podemos ofrecer es esto: mientras no aparezca información de calidad, mientras no hablen, esta es la herramienta que tenemos. Lleva tiempo y mucho esfuerzo, sí, pero ha permitido estos resultados hasta ahora.

Con el cambio de gobierno, ¿qué expectativas tiene respecto al apoyo político e institucional a la búsqueda de detenidos desaparecidos?

Dentro de lo que es la Institución Nacional de Derechos Humanos se va a votar un nuevo presupuesto que va a implicar cinco años de financiación, no solo del equipo de antropología, sino de todo lo que hace a la búsqueda en general. Para nosotros es muy importante que eso se efectivice, porque hay una precariedad que va más allá de lo laboral y que tiene que ver con una precariedad como política de Estado. Es decir, con la necesidad de afirmar que la búsqueda debe continuar y tiene que sostenerse en el tiempo. Este presupuesto, al menos, va a permitir eso: cinco años más de investigación de este tipo.

Entendemos que va a haber investigación por parte de antropólogos y también entendemos que es un gobierno que ha prometido, y ha demostrado, tener interés en la temática. Entonces, ante cualquier situación, creemos que la respuesta va a ser mucho más eficiente y más rápida. Si necesitamos acceder a un archivo, si necesitamos ingresar a un predio, o si hay que habilitar un ingreso como ocurrió en el Comando de la Armada —donde la ministra participó activamente de todas las reuniones para facilitarnos ese acceso—, tenemos expectativas de que todo sea mucho más sencillo, con menos burocracia.

En lo que sí abrimos un signo de interrogación es en relación con la información. No tenemos claro si va a haber un cambio o si se va a mantener la tónica de los períodos anteriores, no solo del último. Salvo aquellos informes que se entregaron a Tabaré —más allá de si esa información es verdadera o no—, no ha habido más información oficial.

¿Qué condiciones considera imprescindibles para profundizar las investigaciones en esta nueva etapa?

El punto más flojo es la información. Si tuviéramos una mejora en ese sentido, no habría necesidad de implementar tanta tecnología, porque esta es una labor muy simple si sabés dónde buscar. El problema es cuando no sabés dónde buscar o cuando la búsqueda está orientada por datos muy vagos. Lo que necesitamos es información.

A veces nos preguntan si poniendo más retroexcavadoras y más antropólogos se avanzaría más rápido, y no es tan sencillo. No es fácil formar gente para este tipo de trabajo: se necesitan recursos humanos específicos y formar un equipo lleva muchos años. No se puede simplemente duplicar un presupuesto para tener el doble de personal en campo.

Tampoco existe una tecnología que te permite explorar el subsuelo y decir “aquí hay un cuerpo”. La tecnología puede ayudar a explorar algunos escenarios y a orientarte en relación a la posibilidad de que haya algo, pero nunca te permite descartar completamente que haya restos donde la tecnología no marcó nada.

Por eso seguimos apostando a la formación y a la capacitación del equipo, y en eso hemos tenido todo el apoyo. Hoy contamos con una sonda, con un GPS diferencial, con acceso a georadares y, posiblemente, a la tecnología Lidar. Todo eso nos va a ayudar; no va a resolver el problema, pero sí va a aportar en el proceso de búsqueda.

¿De dónde provienen hoy los recursos presupuestales destinados a la búsqueda de detenidos desaparecidos?

La financiación proviene del Poder Legislativo, donde se presenta un presupuesto para los próximos cinco años. Una parte de ese presupuesto está destinada específicamente al equipo de antropólogos, aunque existen otros rubros vinculados a la búsqueda en general que no manejo en detalle.

En lo que respecta al equipo de antropología, el presupuesto contempla, por ejemplo, la cantidad de retroexcavadoras necesarias. Actualmente contamos con una retro alquilada, otra en comodato de Presidencia y una tercera que es aportada por la Intendencia de Canelones, que colabora de manera sostenida desde hace muchos años.

Es necesario asegurar el personal, las máquinas, el combustible, así como el mantenimiento, las reparaciones y los servicios de toda esa maquinaria, además del transporte a los distintos predios. A eso se suman insumos menores, como vestimenta y herramientas de uso cotidiano —cucharines, palas, baldes—, que no representan costos elevados, pero son indispensables para el trabajo diario.

¿En qué etapa se encuentra actualmente el trabajo de búsqueda e investigación del GIAF y cuáles son hoy las principales líneas en las que están concentrando los esfuerzos?

En este momento tenemos dos equipos, cada uno con tres antropólogos y una retroexcavadora, que están trabajando en el Batallón 14, en esta excavación grande, ya alejándonos del sitio de los hallazgos. No es que esté completamente agotada esta zona: todavía quedan algunas “islas” entre el área de las fosas del maestro Castro y Blanco y la de los dos hallazgos más recientes. Esas zonas aún no se han abordado por motivos técnicos y actualmente las dos retroexcavadoras están trabajando una en la zona este y la otra en la zona oeste de la cautela.

Después hay un tercer equipo que culminó una excavación en un predio privado lindero al Batallón 13. En ese predio, de unos 30.000 metros cuadrados, ya se terminó de trabajar. No hay cuerpos y tampoco hubo señales de que hubieran sido retirados.

En este momento —ayer lunes— iniciamos una nueva excavación, en otro predio privado lindero al Batallón 13. Vamos a seguir en la línea de explorar las márgenes del arroyo Miguelete y de asegurar que, en ese uso del paisaje que existía —y que nos indican no solo las fotos aéreas, sino también los testimonios de vecinos y de posibles enterramientos—, del otro lado del Miguelete, donde ya no es predio militar, podría haber cuerpos enterrados.

¿Es razonable pensar en nuevos hallazgos en el corto o mediano plazo?

En general, todas nuestras excavaciones son procesos de seis meses en adelante; no hay nada mucho más corto que eso. La que estamos iniciando ahora seguramente nos lleve unos seis meses y, de no tener resultados, avanzaríamos al siguiente padrón. Son varios padrones que dan a esta orilla del Miguelete, así que tenemos que ir trabajándolos uno por uno.

Nosotros entendemos que sería bastante lógico que haya más cuerpos, porque las personas que estuvieron detenidas en el 300 Carlos fueron a algún destino final. Dos de ellas aparecieron en el ex Batallón 13. Entonces, la pregunta es: ¿dónde están las demás? Una posibilidad es esta línea de búsqueda; otra posibilidad es que hayan sido llevadas a otro lugar, del cual no tenemos información, ni sobre cuál podría haber sido ese circuito.

Además de los batallones 13 y 14, ¿hay otras zonas de interés concretas?

Sí, puede haber otros lugares de interés, pero estamos tratando de fortalecer la información se sigue tratando de fortalecer para ver si, a pesar de que los datos son imprecisos, al menos haya varios testimonios que apunten a un mismo lugar, que podría ser en el interior. Es decir, además de Canelones, que ha sido un sitio muy trabajado, hay algunos otros lugares en los que estamos tratando de mejorar esa información para poder agotar esos sitios que han sido mencionados durante todos estos años. Creemos que este periodo sería importantísimo para obtener realmente información oficial que permitiera una mejora sustantiva en relación a la búsqueda. Tenemos esta posibilidad con este Gobierno. Ojalá que así sea.

¿Qué opinión le merece el proyecto de ley Reconciliación, verdad y nunca más que presentó el senador Pedro Bordaberry?

Vi algunos titulares, pero no lo leí en profundidad. La verdad es que comisiones para recabar información ya han habido, llamados ya han habido. Sí sería importante tener en cuenta que una de las cosas más perturbadoras es que las personas que pueden tener esa información son cada vez menos. Seguramente quedan pocas y, a su vez, los familiares también van pasando los años y falleciendo. Entonces, este es también un tema de tiempos.

Es cierto que las fosas del franquismo todavía se están estudiando, pero quienes tienen la información y quienes buscan desde hace mucho tiempo ya han invertido muchos años esperando. Por eso, más que formar nuevas comisiones, se trata de un tema urgente. No conozco el proyecto en detalle, así que no puedo opinar específicamente sobre su contenido, pero sí me parece que este no es un tema que dé para seguir creando comisiones o estructuras nuevas. Ya hubo una Comisión para la Paz, se investigó de muchas maneras distintas. Cada cinco años hubo una forma diferente de abordar este tema; cada gobierno creó su secretaría de seguimiento, su espacio de verdad y justicia. El punto es que la información urge, y la información está en quienes tuvieron algo que ver. ¿Qué más hace falta para que esa información aparezca?

Lusiardo junto a losa de Sanjurjo