En este caso, la Junta de Transparencia y Ética Pública no se pronunció.
Por su lado, la directora de la Jutep, Ana Ferraris, dijo a Caras y Caretas que en mayo del año pasado “solicité que el organismo analizara la situación planteada en torno a la adjudicación de algunas viviendas en forma discrecional por parte de la entonces ministra. Ello a punto de partida de las propias declaraciones públicas de Moreira a la salida de una reunión en Torre Ejecutiva. En julio el directorio resolvió actuar de oficio en este caso tal como lo solicité, pero a la fecha el tema sigue sin resolverse”. Ferraris agregó que “la lentitud no puede ir en desmedro de la transparencia y de la respuesta que en tiempo y forma un organismo como la Jutep debería brindar”.
En el libro de Fernando Amado “Manini. El comandante sin jefe”, el líder de Cabildo Abierto y esposo de Irene Moreira, dijo que se respaldó la acción de la exsecretaria de Estado porque había una resolución que desde 2009 habilitaba a otorgar casas en forma directa mediante cupos. Más adelante, Guido Manini Ríos indica “si hubiera sido un ministro blanco, un ministro colorado, ¿quién duda en este país que hoy estaría en el cargo preparando la interpelación para defenderse de las acusaciones?”.
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En tanto, en el dictamen del fiscal Alejandro Machado, quien archivó la denuncia contra la construcción del Antel Arena, también se refirió a la forma de trabajo de la Jutep. En las tres últimas páginas del dictamen, el fiscal subraya que el pronunciamiento sobre este asunto por parte del organismo de transparencia, del 16 de setiembre de 2021, tuvo como único insumo los informes confeccionados por Ecovis. El fiscal recordó en su dictamen que la resolución de la Jutep estuvo fundada en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel. Estas evidencias fueron consideradas por la Jutep “suficientes para determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos (…). Las herramientas elegidas para el logro de los hallazgos de auditoría, esto es si aquellas son confiables o suficientes y/o sí las mismas constituyen una base razonable para justificar la opinión del auditor, son materias ajenas a las competencias de esta Junta”. Es decir –indica el fiscal Machado en su dictamen–, la propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por Ecovis y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen. Machado sostuvo que la Resolución n.º 949/2021 de setiembre de 2021 de la Jutep carece de la “rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”. El expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, declaró en fiscalía que la Jutep necesariamente antes de emitir su dictamen debió dar vista de las actuaciones a los implicados o acusados a efectos de que éstos puedan ejercer su derecho de defensa y proponer prueba, punto que no ocurrió en el caso de Antel Arena.
En relación a las denuncias en general que se tramitan en la Jutep –indicó Ferraris–, tenemos serias dificultades. “Una de las más importantes tiene que ver con la ausencia de investigación a fondo de los casos que se tratan a pesar de las amplias facultades que en tal sentido el legislador le atribuyó al organismo. Esto no solo se explica por la escasez de recursos. En mi opinión tiene que ver con un modo de encarar las denuncias que impide muchas veces avanzar a fondo en los casos a estudio. Si a eso se suma la ausencia de planes de profesionalización del personal, por ejemplo, para el análisis de las declaraciones juradas tal como lo requiere la ley, el panorama se revela en toda su complejidad. La resolución del archivo de la causa del Antel Arena, en lo que a Jutep refiere, la tomo como un llamado de atención de cara al abordaje de las denuncias y asesoramientos que el organismo deba abordar en términos de profundidad y rigurosidad”.
Ante la posibilidad de que la presente administración reitere otro período, Caras y Caretas consultó a Ferraris si estima que la Jutep continúe existiendo. La representante del Frente Amplio en la Jutep respondió que “la existencia de un organismo de control en materia de ética pública, de combate a la corrupción en Uruguay es parte de una política de Estado que no tiene retorno. Existe un vínculo crucial entre corrupción, desigualdad y crimen organizado que requiere de una institucionalidad fuerte para su combate, del cual la Jutep es parte, pese a sus carencias y dificultades”.
