"En lo que es el informe de la investigación dice que en una parte de que no fue un acto ilegítimo, ya que el administrador tiene la herramienta que se daba en una resolución del año 2009, como para adjudicar un 10% de los cupos", señaló Lozano.
Culpan a funcionarios
"Hubo responsabilidad de ciertos funcionarios de carrera, con experiencia en el ministerio, por lo que son pasibles de sanción", dijo sobre los procesos el ministro Lozano. "Están pasibles de tener una observación, que será considerada cuando se hagan los descargos del caso".
La resolución ministerial a la que accedió Caras y Caretas, establece que los funcionarios involucrados "no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, existieron falencias en cuento a la prosecución de los procedimientos de evaluación y asesoramiento".
En ese sentido, dicen entender de manera pertinente "adoptar medidas tendientes a mejorar los mismos, con el fin de obtener mejores resultados en el funcionamiento del servicio, evitando arbitrariedades y desigualdades".
Sindicato no tiene notificación
El sindicato que nuclea a los trabajadores del Ministerio de Vivienda no tiene información sobre las resoluciones y decisiones anunciadas por el ministro de Vivienda, Raúl Lozano (Cabildo Abierto) anunciadas en conferencia de prensa este viernes a la tarde.
El secretario de Estado informó sobre las conclusiones resueltas como integrante del gobierno comandado por Luis Lacalle Pou luego de concluida la investigación administrativa iniciada tras la entrega de viviendas por parte de la exministra de Vivienda, Irene Moreira, donde se cometieron irregularidades en la asignación de algunas de esas viviendas. Entre esas irregularidades, se determinó falta de procedimientos y asignaciones directas para personas afines a la ministra con las que tenía una relación de amistad personal y política.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda Afumvot, Lia Irrazabal, dijo a Radio Universal que no tienen ningún tipo de información ni comunicación formal por parte del jerarca de la cartera y están a la espera de dichos informes para conocer la realidad de lo ocurrido y así tener el panorama claro para tomar definiciones. “No vimos ni resolución, ni el informe y desconocemos que se haya notificado a algún funcionario de alguna sanción”, comentó la presidenta del sindicato que nuclea a los trabajadores del ministerio de Vivienda.
La resolución ministerial firmada por el ministro Lozano que llegó a la cartera para cubrir el cargo luego de la destitución de Irene Moreira por parte del presidente Lacalle Pou determina una “observación con anotación en el legajo personal” de los funcionarios Silvia Izmendi, Margarita Irigoyen, Pamela Laviña y Daniel Cafferatta por haber participado de las maniobras de asignación y entrega de viviendas solicitadas por la entonces ministra Moreira para las personas que ella había definido de manera personal.
Una “sanción” más moderada a la planteada por la instructora de la investigación administrativa quien planteó a los jerarcas del Ministerio de Vivienda iniciar un sumario administrativo –que puede concluir con la destitución del cargo– por entender que durante el proceso de entrega de viviendas “a dedo” se constataron varios errores e irregularidades.
A su vez, el informe detalla que la entonces ministra Morería incurrió en errores y abusos de poder notorios, lesionando las normativas para los funcionarios públicos y jerárquicos.
