Astesiano operaba como la mafia de la dictadura

Tras el epílogo de la feria judicial, el affaire Astesiano siguió alimentando la controversia y engrosando el ya abultado escándalo que le estalló en la cara al gobierno. El episodio es, en este contexto, como la descarga de una fétida barométrica.

Los nuevos chats del teléfono del acusado -quien confesó que “le dieron alas” y se “sentía un jefe político”- permitieron comprobar, por si alguna duda quedaba, que el presidente Luis Lacalle Pou estaba al tanto de los antecedentes penales de su exjefe de custodia y los desestimó porque lo conocía muy bien y era la mejor opción para el trabajo sucio.

Uno de los bochornosos audios prueba que este delincuente espiaba al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, lo cual se suma a las fundadas sospechas que se practicaban seguimientos a los senadores frenteamplista Charles Carrera y Mario Bergara, procurando que desistieran de denunciar la inmoral entrega del Puerto de Montevideo a una multinacional belga.

La frutilla en la torta es que este mafioso también coordinaba tareas de espionaje a docentes y estudiantes de 14 y 15 años del liceo 41. En ese marco, se ordenaba la identificación de los nombres de jóvenes y educadores y se habrían impartido instrucciones para pinchar sus teléfonos, sin orden judicial, lo cual es un delito.

El delincuente sospechaba que algunos docentes “adoctrinaban” a estudiantes del primer ciclo secundario en la ideología comunista. En ese contexto, el operativo de vigilancia estaba destinado a prevenir eventuales manifestaciones de protesta. ¿Puede considerarse democrático un gobierno que criminalice la protesta?

Sorprende que la fiscal Gabriela Fossati afirme que no hay delito, simplemente porque por el momento no existen pruebas, pese a que la indagatoria dista de estar cerrada. No se puede afirmar algo de lo que se duda.

Las grabaciones reafirman la convicción de que nuestro país está retrocediendo aceleradamente a los tiempos de la dictadura liberticida y de los gobiernos de derecha de la posdictadura, cuando aún estaba activo el aparato de inteligencia militar que actuaba con absoluta impunidad.

Con los chats entre Lacalle Pou y Astesiano bajo estricta reserva judicial, como si se tratara de un asunto de Estado vedado al conocimiento público, estos sórdidos episodios solo contribuyen a enturbiar y engordar un escándalo de corrupción y actividades delictivas inéditas en tiempos de democracia.

“Del Fibra [apodo de Astesiano] sé todo, cuidó a mi madre, a mi padre, a mi hermano”, habría dicho el mandatario al rechazar el expediente que contiene los antecedentes de quien fue designado jefe de la custodia presidencial.

El destinatario de esas aclaraciones sería el exsubdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, quien luego renunció a su cargo por sus implicancias en el sonado caso.

Todo parece indicar que Astesiano y Ferreira estaban en permanente contacto. En uno de los audios, el hoy excustodio, preso por orden judicial, fustigó al “traidor” que le entregó al prontuario al secretario personal del presidente, Nicolás Martínez. En esa ocasión, según el imputado, Lacalle Pou habría rechazado el informe, alegando que conocía muy bien al Fibra, porque era su hombre de confianza.

Hasta aquí se confirma nuevamente que el presidente mintió descaradamente cuando dijo desconocer el legajo penal de excustodio y, en un acto teatral típico de él, se manifestó compungido y traicionado. Nadie en su sano juicio puede creerle a alguien que le rinde pleitesía a la mentira.

Aunque intenten bajarle los decibeles al escándalo amparados en el distendido sopor estival, este caso, no bien se reanudó la actividad judicial y con medios de prensa independientes que exprimen sus fuentes hasta donde pueden, siguen nutriendo el oprobioso episodio.

El más grave, sin dudas, es el del espionaje al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, que según todas las evidencias era sometido a seguimientos, una práctica que nos retrotrae a los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente.

Un nuevo chat revela que Astesiano -que tenía acceso al sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior- y el renunciante exdirector nacional de Policía, uno de los más comprometidos en el caso, estaban en permanente contacto. Precisamente, uno de esos diálogos telefónicos confirmaría, en forma absolutamente inequívoca, que el dirigente sindical era vigilado en todos sus movimientos.

Si bien las palabras de ambos interlocutores se refieren al accidente de tránsito que protagonizó Abdala estando alcoholizado, el documento audiovisual sigue el recorrido del espiado desde antes que este ascendiera a su vehículo. Es decir, ya sabían que había bebido alcohol, porque el trabajo de inteligencia permitía inferirlo.

En esa oportunidad, el excustodio compartió con el hoy formalizado exdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, el material gráfico con el recorrido del vehículo y se lo envió al secretario de Lacalle Pou, Nicolás Martínez. En ese contexto, afirmó elocuentemente: “Hay que matar a este hijo de puta”.

¿Fue una mera expresión de deseo inspirada en su odio hacia el sindicalista o realmente se proponía ordenar el asesinato de Marcelo Abdala? Esta expresión, que es tan o más grave que el seguimiento, debería ser tipificada como apología del delito.

Nadie disculpa a Abdala por manejar alcoholizado. Sin embargo, comparada con la operación encubierta de seguimiento y sus alusiones a la muerte, la colisión pasa a ser meramente anecdótica.

Luego, Astesiano, como si se tratara del jefe de Policía, ordenó que detuvieran al conductor y que le realizaran una espirometría que arrojó resultados positivos.

Evidentemente, este hampón, que fue policía, manejaba al personal uniformado a su antojo, daba órdenes, tenía acceso las cámaras de videovigilancia y autoridad para movilizar personal.

Todo parece indicar que ostentaba aun más poder que el director nacional de Policía y el propio ministro del Interior. Empero, todas sus actividades eran encubiertas, acorde a los códigos de inteligencia.

La interrogante que surge es: ¿quién le daba las órdenes? Porque el único que realmente tenía autoridad sobre él era el presidente de la República.

Aunque aún no existen pruebas contundentes, estas son actividades de espionaje, que no pueden ser parangonadas con una operación de vigilancia ordenada por el Poder Judicial.

Si la investigación penal confirma finalmente la veracidad de estos hechos, estaríamos en presencia de operativos mafiosos similares a los de los tiempos de la dictadura y de los gobiernos de derecha que la siguieron, que mantuvieron intacto el aparato represivo, hasta que en 2005 este fue desactivado por la primera administración progresista.