Baja de aranceles pone en riesgo a la industria nacional

“Son disminuciones distintas según sean de Argentina o extrazona (fuera del Mercosur), son distintas para distintos productos”, indicó a Caras y Caretas el economista Bruno Giometti. Precisó que en el caso de las harinas el arancel baja del 12% al 6% y en el caso de los aceites pasa del 16% al 8%. En todos los casos es una reducción. “En el caso de los productos extrazona en algunos casos es una eliminación, pasan de 16% a 0%”, agregó.

En cuanto al impacto que la medida tendría, precisó que un poco más del 90% de la harina importada procede de Argentina, por lo que lo relevante es que el arancel que baja a la mitad. “El efecto, en términos teóricos, es que generaría que los productos importados tuvieran una rebaja al ingreso al país. Un producto que tiene un arancel de 12% y se baja a 6%, valdría 112 pesos en el mercado, que serían 100 pesos más el arancel. Ese producto, teóricamente, pasaría a valer 106”.

Para Giometti, quien se desempeña en el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, es “por lo menos dudoso que esa rebaja del arancel, que significa un cambio pequeño en el precio, después se traslade al precio final que pagamos en el supermercado. En realidad una rebaja de ese tipo puede terminar siendo absorbida por la propia cadena de distribución. Que de esa rebaja de seis pesos de cada cien, uno se lo quede el supermercado porque no baja el precio, que un peso se lo quede el transportista y así sucesivamente y no termine siendo una rebaja efectiva en el precio al consumo, que es lo que supuestamente se pretende, es una probabilidad”.

“Después hay otra cuestión, que es en la que más ha hecho énfasis el sindicato, razonablemente, y es estar desprotegiendo la industria nacional con un argumento que es de recibo, como combatir la carestía, pero con una medida que puede terminar siendo perjudicial en otros aspectos. O sea que se quiere solucionar el tema de precios con una medida que no sea efectiva y genera una consecuencia negativa por el lado de la industria nacional”, agregó. Este aspecto fue puesto sobre la mesa por la Federación de Obreros Molineros (Foemya) y de la Unión de Trabajadores del Aceite (UTA) y las cooperativas molineras. Entienden que se desprotege a la industria con graves perjuicios para la economía y el trabajo.

Giometti sostuvo que al poner a competir más en pie de igualdad a la industria nacional con la producción argentina -“porque la baja de aranceles es eso, reducir la protección que tiene la industria nacional con la argentina”-, hay que tener en cuenta que en ese país la producción industrial de harina y aceite “está subsidiada porque ellos tienen retenciones a las materias primas. En Argentina el que produce trigo, como hay retenciones (impuestos a la producción), el precio que termina quedando de referencia en el mercado local es más bajo que el que maneja un productor de trigo uruguayo, que es el precio internacional. Las retenciones terminan funcionando como un castigo al productor de materia prima, pero es un subsidio a la industria porque esta compra la materia prima más barata”. Se trata de “un impuesto al productor de la materia prima que la deja más barata para la industria local”. Indicó que ese mecanismo “de alguna forma termina operando como un subsidio a la industria de base agraria argentina, que por eso tiene un desarrollo bastante importante. Produce con una escala mayor que la de Uruguay y lo hace con este subsidio. De alguna forma termina teniendo más ventaja en esta competencia la producción argentina que la uruguaya”.

La consecuencia puede ser el cierre de empresas y la pérdida de fuentes de trabajo. “Si esto llega a generar que alguna empresa uruguaya cierre, porque no puede competir, el Estado también va a tener un costo adicional con los seguros de paro. Más allá de toda la capacidad instalada y el saber hacer de la industria uruguaya, que es difícil de medir cuando una empresa cierra, algo medible son los seguros de paro”.

Recordó que tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, “el trigo ha aumentado mucho. Como el precio se fija por el mercado los que producen trigo en Uruguay se benefician porque les mejora el precio de venta, pero la industria que lo usa como materia prima tiene dificultades”.

Frente a esta iniciativa del gobierno para contener el alza de precios, Giometti recordó que desde el Cuesta Duarte se ha propuesto, “como medida más razonable”, exonerar el IVA en algunos productos y controlar que se cobre con dinero electrónico y llegue al consumidor. “En el Parlamento se armó una lista de 19 productos y eso después no se aprobó. Nosotros estamos más afines a una medida de ese tipo porque tiene más impacto en el precio al consumidor final y no tiene perjuicio para la industria local”.

Industria en alerta

Por su parte Diego Pallares, presidente de la Cooperativa Molino Florida, dijo a Caras y Caretas que se trata de un asunto “complejo”, sobre el que se están desarrollando diversas gestiones, incluso la posibilidad de importar trigo para su industrialización. Recordó que un desafió para la cooperativa es “mantener a todos los empleados en planta. Activos”. Precisó que el negocio de un molino “no es vender harina. En el caso nuestro, por ejemplo, moler para tener toda la plantilla de socios trabajando. El negocio del molino es moler para sostener la infraestructura”.

“Otro tema que vemos con mucha preocupación es el del LATU. Le ataron las manos para el análisis de lo que entra al país”, agregó al detallar las inquietudes del sector.

Acerca de la importación de harina con arancel reducido precisó que “en el peor de los casos si hay que importar, debemos ver el tema de costos, ver cómo trabajamos. Si bien no tenemos resuelto eso nos estamos moviendo. Somos de porte muy mediano como para decir que importamos con un volumen tentador”.

“En resumen, esto lo vemos como una medida muy contraproducente”, sostuvo.

Sindicatos movilizados

La semana pasada los sindicatos Foemya, UTA y el del LATU se movilizaron para llevar ante la opinión pública esta problemática. Sostienen que la medida impactará de lleno en la industria nacional, en los puestos de trabajo y “pondrá en riesgo a la población ya que permitirá el ingreso de productos de dudosa calidad sanitaria, que tendrán menos controles por parte del LATU, al rebajarse su financiamiento”.

Gastón Toledo, delegado de la UTA, dijo a la web del Pit-Cnt que en Argentina los productores cuentan con subsidios a las materias primas y por ello pueden competir con precios más bajos, lo que afecta directamente a los industriales uruguayos.

“Acá están en juego muchísimos puestos de trabajo”, remarcó.

Por su parte, Dante Tortosa, delegado nacional de rama de la Foemya, dijo que los molinos de trigo se encuentran en una situación “injusta” y “perjudicial” a partir de la rebaja arancelaria decidida por el gobierno.

Por su parte, Gonzalo Useta, presidente de la Asociación de Funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (AFUL), dijo que la medida resuelta por el gobierno “afecta directamente y va en contra de las funciones del LATU, ya que se cobra un arancel por las importaciones de los productos. Cada producto alimentario importado tiene un impuesto del 1,5% y eso ahora ha sido rebajado al 0,5%. Esto disminuye el ingreso del laboratorio y esos recursos eran volcados precisamente a los controles”.

“Acá hay riesgos, daños, se ve afectada la salud y no podemos garantizarle al consumidor qué tipo de producto está adquiriendo”, concluyó.