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ASOCIARMEEl senador nacionalista Sergio Botana, también habló de crear "cárceles de trabajo" dispuestas a la rehaabilitación de los reclusos.
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El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, presentará en los próximos días un proyecto de ley para habilitar los allanamientos nocturnos y las denominadas “cárceles de trabajo” dispuestas para la rehabilitación de los reclusos.
“No podemos pretender bajar los homicidios si no le damos herramientas a la Policía para hacerlo”, afirmó el legislador nacionalista. “La habilitación para hacer el allanamiento nocturno es imprescindible”, agregó.
Botana sostuvo que “hay que recuperar gente en las cárceles”. “Nadie se recupera en nuestras cárceles de hoy, con el hacinamiento que hay, con las condiciones que hay”, acotó.
El nacionalista explicó que cuando una persona ingrese al sistema carcelario deberá optar si quiere ir a “una cárcel de trabajo” para su rehabilitación a través del trabajo y del estudio, o si por el contrario, elige una cárcel común, “donde se fomenta el vagonetismo y termina siendo una escuela del delito”.
Camy explicó que se necesitaba la voluntad de dos quintos de la Asamblea General y se recogieron 71 firmas, que se dividen entre diputados y senadores de la coalición de gobierno y del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), es decir, “casi 55%” del Parlamento. “Es una mayoría importante, que habilita a que la Corte Electoral convoque a un plebiscito, que se tendrá que llevar a cabo en las próximas elecciones nacionales”.
El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit afirmó que el Estado fracasó en el sistema carcelario. Junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Petit pidió al Poder Ejecutivo la formación de un grupo operativo interministerial para atender la situación de las cárceles.
El comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario y la INDDHH expresaron la necesidad de concretar con prontitud una reforma hacia un nuevo sistema carcelario.
Se pretende llevar adelante acciones concretas de intervención en recursos humanos, infraestructura, logística, obras y gastos de funcionamiento en las áreas críticas del sistema penitenciario, especialmente en el Comcar que aloja una de cada tres personas privadas de libertad en el país.
