El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), emitió un comunicado este jueves donde alertó sobre la decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de prohibir la publicación de solicitudes de formalización hasta que haya una condena definitiva.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Para la organización, esta medida "cambia la política de comunicación de la Fiscalía General de la Nación (FGN), retaceando información sobre procesos de notorio interés público y restringiendo el acceso a la información".
Cainfo subraya que la resolución "fue adoptada una semana antes de la formalización del exintendente nacionalista de Soriano, Guillermo Besozzi, por delitos de corrupción".
"La medida no solo reduce la información a disposición de la población sobre casos de interés público, sino que afecta la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública. Además pone un obstáculo adicional al trabajo periodístico por limitar el acceso a procesos judiciales.", señala Cainfo.
El organismo subraya que el principio de publicidad establecido en el Código del Proceso Penal indica que dicho proceso será público en todas las etapas posteriores a la investigación preliminar, según lo establece su artículo 135, salvo decisión expresa del tribunal.
"Para Cainfo esta resolución vulnera el derecho de acceso a la información pública y transparencia que debe tener un organismo del Estado, especialmente los actores del sistema de Justicia. Además, afecta el cumplimiento de convenios internacionales que el país se comprometió a cumplir", sostienen.
En ese sentido, Cainfo solicita a las autoridades que se revierta esta restricción de la FGN, ya que entienden que de mantenerse la misma "es un camino peligroso que afecta la libertad de expresión, que incluye el derecho a difundir, recibir y buscar información".
Apuntan además que en esta situación "no hay argumentos legales ni constitucionales que sustenten" la medida.
"La propia magistrada (Ferrero) declaró en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado el pasado 2 de abril, que el motivo de la misma es ponerle fin a las filtraciones de investigaciones reservadas en el Ministerio Público", subrayan.
"Esta decisión se da en un contexto de crecientes críticas y ataques desde actores del sistema político al periodismo, especialmente en aquellos casos en los que se publica información sobre las actividades de dirigentes políticos, gobernantes y funcionarios implicados en investigaciones judiciales de casos de corrupción", indica el comunicado.
Comunicado completo: