El proceso que culminó con la denuncia penal y civil del Estado uruguayo contra el astillero español Cardama no fue un episodio aislado ni repentino. Por el contrario, se trata de una secuencia de decisiones administrativas, políticas y técnicas que se extiende por más de una década y que, según la documentación analizada, fue acumulando señales de alerta ignoradas, cambios de criterio y desvíos procedimentales hasta desembocar en uno de los mayores escándalos recientes en materia de compras militares.
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El caso Cardama deja mucha tela para cortar...
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Antecedentes: un proceso técnico interrumpido (2015–2016)
Durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, el Ministerio de Defensa Nacional impulsó un proceso exhaustivo para dotar a la Armada Nacional de patrulleras oceánicas (OPV). Tras más de dos años de evaluaciones técnicas, visitas a astilleros y análisis comparativos, el astillero alemán Lürssen fue seleccionado como la mejor opción, con un costo estimado de entre 80 y 90 millones de dólares por unidad.
El procedimiento respetó una división clara de responsabilidades: la Armada evaluaba lo técnico y el Ministerio de Economía lo financiero. Sin embargo, el proceso fue interrumpido por razones presupuestales y no volvió a retomarse durante ese período.
Reinicio bajo el gobierno de Lacalle Pou (2021–2022)
El 16 de diciembre de 2021, el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Javier García anunciaron un nuevo intento de adquisición de OPV, esta vez por dos unidades nuevas o usadas. Se conformaron comisiones técnica, asesora y de seguimiento político, con participación de la oposición, en un gesto que buscó transmitir transparencia.
Entre marzo y junio de 2022 se recibieron cinco ofertas internacionales. Las comisiones evaluadoras concluyeron que la única propuesta que cumplía con los requisitos técnicos y administrativos excluyentes era la de CSTC (China), además de ser la más económica. Sin embargo, la licitación quedó sin adjudicación.
Presiones internacionales y desvío del proceso (2022–2023)
Tras hacerse pública la ventaja de la oferta china, comenzaron presiones geopolíticas, particularmente desde Estados Unidos. Paralelamente, se exploró la alternativa de adquirir OPV usadas de Noruega. La opción fue finalmente descartada por razones técnicas y políticas, pese a ofertas de mitigación de los problemas señalados.
A comienzos de 2023, la empresa china consultó formalmente al Ministerio de Defensa si el Estado uruguayo haría uso de la cláusula de negociación de precio. Nunca obtuvo una respuesta clara.
La irrupción de Cardama (abril–junio 2023)
En abril de 2023 aparece en escena el astillero español Cardama, sin que quedara debidamente documentado cómo ni por quién fue incorporado al proceso. Su primera propuesta sorprendió por su bajo precio: 68 millones de euros por dos OPV, muy por debajo de los valores de mercado.
En los meses siguientes, Cardama presentó sucesivas propuestas con aumentos de precio y modificaciones técnicas, sin aportar planos ni antecedentes equivalentes a los exigidos en la licitación original. Aun así, el 26 de mayo de 2023, apenas tres días después de recibir la información, la mayoría del alto mando naval votó a favor de Cardama. Hubo votos disidentes y abstenciones fundamentadas, que luego quedarían documentadas.
Decisión política y advertencias ignoradas (julio–agosto 2023)
El 17 de julio de 2023, el ministro Javier García anunció públicamente la compra de las dos OPV a Cardama por 82 millones de euros. Durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado, varios legisladores —entre ellos Mario Bergara, Alejandro Sánchez y Sandra Lazo— advirtieron sobre el precio inusualmente bajo, la falta de antecedentes del astillero y los riesgos asociados a las garantías.
Las respuestas oficiales se apoyaron reiteradamente en una carta del embajador de España que describía a Cardama como un astillero “civil”, sin aval técnico específico para la construcción de OPV militares.
Contrato, prórrogas y problemas de garantías (diciembre 2023–2024)
El contrato se firmó el 15 de diciembre de 2023. Cardama tenía 45 días para presentar garantías bancarias, plazo que fue prorrogado reiteradamente ante la imposibilidad del astillero de obtener avales formales. Se exploraron alternativas con el Banco de Seguros del Estado, intermediarios privados y mecanismos financieros atípicos.
En agosto de 2024, nuevas comparecencias parlamentarias evidenciaron que Cardama no podía presentar garantías tradicionales y que se evaluaba incluso un depósito en efectivo, lo que incrementó las sospechas sobre la solvencia y el origen de los fondos.
Cartas de crédito y pagos automáticos (2024–2025)
A fines de 2024 se activó un mecanismo de cartas de crédito confirmadas a través del BROU y el Deutsche Bank. Este sistema dejó los pagos prácticamente automatizados una vez presentados determinados documentos, reduciendo al mínimo la capacidad de control posterior del Estado uruguayo.
En marzo de 2025 se ejecutó el pago correspondiente al primer hito, pese a la detección posterior de inconsistencias documentales, diferencias de fechas y certificados cuya validez quedó seriamente cuestionada.
Denuncia y ruptura definitiva (octubre 2025)
El 10 de octubre de 2025, Cardama solicitó un nuevo adelanto millonario sin respaldo técnico alguno, lo que fue rechazado. Dos semanas después, el gobierno presentó formalmente una denuncia penal y civil contra el astillero, al constatar “fuertes indicios de estafa o fraude” en la garantía de fiel cumplimiento.
Un caso abierto
La cronología deja en evidencia un proceso progresivamente degradado: de una licitación técnica internacional a una compra directa con estándares rebajados, advertencias ignoradas y mecanismos financieros de alto riesgo. La investigación judicial deberá ahora determinar responsabilidades políticas, administrativas y penales, así como esclarecer si el Estado uruguayo fue utilizado como banco de pruebas de un proyecto que nunca debió avanzar.
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