Mientras se atrasa la llegada de los primeros Super Tucano y se espera por la instalación de nuevos radares, las narcoavionetas siguen surcando los cielos uruguayos y bombardeando de droga los campos del norte y el litoral.
La avioneta en la que Papacho Viveros Cartes surcaba los cielos uruguayos.
Según el excomandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Brig. Gral. (Av.) Luis Heber De León, más del 70% de la droga que entra a Uruguay lo hace por vía aérea, en avionetas. El último caso fue detectado la semana pasada en el departamento de Paysandú tras una investigación sobre narcotráfico que se inició en julio de este año.
En esa ocasión fue encontrada incendiada una avioneta Cessna en un camino rural cercano a Paso de los Carros y Gallinal, en el medio de una zona forestada. Tareas de inteligencia y actuaciones conjuntas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), Jefatura de Policía de Paysandú y la Brigada de Seguridad Rural, lograron la incautación de 414 kg de pasta base.
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Esto fue posible luego de que los investigadores recibieron información de que el viernes 28 se llevaría a cabo una posible descarga de estupefacientes y en efecto, se detectó el sobrevuelo de una nueva avioneta a baja altura en la zona indicada.
Como sucede casi siempre, la avioneta logró fugarse del país tras descargar la droga. No obstante, los efectivos policiales persiguieron a una camioneta que estaba en la zona y había cargado los ladrillos de pasta base.
Tras una persecución por la ruta 26, próximo a la ruta 3, fue detenido el conductor que se dirigía hacia el sur, y fue decomisado el alijo de pasta base que trasladaba. Hasta ahora, en la denominada Operación Sinergia se detuvo a dos personas que ya fueron formalizadas por transporte de sustancias estupefacientes agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado, uno de ellos en calidad de autor y el otro como coautor y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 28/05/2026 mientras continúa la investigación.
Otro fugó y está siendo buscado. Durante los allanamientos fue incautada en Quebracho una camioneta Ford Ranger que era parte de la operativa, así como elementos de relevancia para la investigación, como 11 bidones de combustible para avión y un visor nocturno.
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Los pioneros
En los noventa y hasta principios de siglo, el fernandino Omar Clavijo lideró una organización que traía varias toneladas anuales de marihuana en avionetas, desde Pedro Juan Caballero (Paraguay) hasta campos del departamento de Paysandú.
Durante ese período, un narcopiloto paraguayo Juan Domingo Viveros Cartes, alias “Papacho” (tío del expresidente Horacio Cartes), que cayó por primera vez en 1985, y había acordado ser un infiltrado y luego informante calificado de la DEA. Pero en 2001 volvió a caer con 235 kg de cocaína en Brasil, ya sin la protección de la DEA.
Pero sí contó con la colaboración de la Justicia paraguaya que logró que se lo extraditara a su tierra en 2008, donde debería cumplir 10 años más de condena. Pero Papacho siguió piloteando y traficando marihuana y cocaína desde Caazapá.
Algunos viajes eran hacia Uruguay. Viveros Cartes surcaba los cielos orientales entrando a baja altura por Bella Unión (Artigas), en la triple frontera con Argentina y Brasil. Ya con Clavijo fuera del circuito, la encargada de recibir la droga en territorio uruguayo era la organización liderada por un hombre conocido como el “Toti”.
Por varios años, Papacho, cuyo sobrino, era el entonces máximo mandatario de Paraguay, y su primo, Telmo Cartes, era el representante de la compañía de avionetas Cessna, burló las medidas impuestas por la Justicia y los radares aéreos. Pero el 29 de julio de 2013 cambiaría su suerte trayendo casi una tonelada de mota.
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Juan Domingo Viveros Cartes cuando fue extraditado a Paraguay.
Ese día, los radares de la FAU detectaron la entrada de dos avionetas sin autorización. Desde hacía meses la DGRTID, venía desplegando la Operación Wayra, siguiendo la ruta de una red de narcotráfico entre Paraguay y Uruguay.
La primera avioneta, un monomotor Piper de tipo aerofumigador, aterrizó en un campo cercano a Cebollatí (Rocha), donde dos camiones los esperaban junto a una pista improvisada. Los policías cayeron sorpresivamente y fueron repelidos a tiros. No obstante, tras un intercambio de disparos, en el que resultó herido uno de los delincuentes; fueron detenidas 6 personas, entre ellas el piloto, de nacionalidad brasileña. Dentro de la tolva de la aeronave donde se cargan los productos químicos para fumigación, se hallaron 21 paquetes con 478 kg de marihuana.
La avioneta había salido de la zona de Caazapá, junto a otra avioneta que minutos más tarde fue interceptada en pleno vuelo por aviones de combate de la Fuerza Aérea Uruguaya, y obligada a aterrizar en una pista de la Brigada Aérea 2, en Durazno. Se trataba de una avioneta Cessna 210, con matrícula paraguaya ZP-TMF, piloteada por un veterano de 66 años que se identificó como Juan Walberto Gómez y manifestó que se había "perdido" cuando se dirigía al Brasil. Era todo mentira.
El sospechoso piloto resultó ser Papacho Viveros Cartes y venía de dejar un cargamento de 450 kg de marihuana en una pista clandestina de Lavalleja.
Un tal Marset
Sin embargo, no fue hasta el 11 de octubre que se comprobó su responsabilidad. Ese día, en el marco de la Operación Halcón, fue detenido en el cruce de las rutas 1 y 3 (San José), un joven Sebastián Marset, quien eran uno de los integrantes de la banda del Toti que había logrado escapar durante el tiroteo en Cebollatí, a pocos kilómetros de Lascano, de donde es oriunda la rama paterna del narcotraficante.
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En esa ocasión, Marset transportaba 173 kg de marihuana y 335 gramos de cocaína en un automóvil Chevrolet Cruze hacia Montevideo y cuando fue interrogado, confirmó que Papacho era uno de los pilotos que transportan habitualmente la droga desde Paraguay, y que el 29 de julio había traído 450 kg de marihuana.
“Fue Marset quien terminó por involucrar de lleno al tío del presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, con una de las mayores organizaciones de narcotraficantes de ese país, con incidencia en Uruguay”, decía una nota de El País.
En el Penal de Libertad, Papacho y Marset retomarían el vínculo y los negocios. El uruguayo no solo evitó que molesten al veterano paraguayo, sino que conformó una red de contactos locales (Luis Alberto “Betito” Suárez y el Flaco Luis Fernando Fernández Albín, entre otros) e internacionales; sobre narcotraficantes europeos.
Desde su salida, Marset se asoció con Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, quien ya estaba en el negocio desde hace por lo menos tres lustros y juntos crearon un imperio del transporte de cocaína boliviana. Marset se encargaba de los contactos en la zona de producción y de la flota de avionetas que llegaban a varias zonas despobladas y boscosas del departamento Alto Paraguay, principalmente a una pista clandestina escondida en el medio de la Reserva Natural Cerro Cabrera–Timane, un bosque de unas 125.061 hectáreas, ubicado en el distrito de Bahía Negra (Alto Paraguay), a muy pocos kilómetros de la frontera con Bolivia.
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En el marco de A Ultranza Py, la Fiscalía de Paraguay detectó que entre 2020 y 2021 se registraron al menos 961 vuelos desde la pista en la reserva a diferentes puntos estratégicos de la organización, como empresas logísticas y establecimientos ganaderos que estaban a nombre de miembros o testaferros del grupo criminal.
Si bien, por esos tiempos, la organización de Marset e Insfrán enviaba a Europa grandes cargamentos de cocaína por vía fluvio-marítima, desde la hidrovía hacia el Atlántico, siempre mantuvo una línea aérea hacia Argentina y Uruguay.
Durante el gobierno anterior, varios decomisos de droga fueron vinculados a la organización de Marset, aunque luego, poco se avanzó a nivel de Fiscalía sobre el esquema internacional. Por ejemplo, a mediados de diciembre de 2022, en el marco de la Operación Adamante, fue interceptada una avioneta piloteada por un ciudadano boliviano en la zona de las Termas del Arapey y se incautaron 443 kg de cocaína.
Allí también ocurrió un tiroteo y algunos miembros locales de la organización lograron escapar. Uno de ellos, Martín Ignacio Gandolfo, fue detenido la semana pasada cuando estaba paseando con su familia en el Espacio Modelo.
Dos hermanos uruguayos que habían sido detenidos eran defendidos por el abogado Santiago Moratorio (en ese momento nadie sabía que defendía al clan Marset) quien contradijo al ministro Luis Alberto Heber sobre los vínculos de la banda (en la que estaba un primo de Marset) con el narcotraficante uruguayo más buscado.
En ese momento, Heber se jactó que desde julio de 2013 no se incautaba una aeronave en un operativo antidrogas; en referencia a el episodio en el que fue detenido Papacho Viveros por llevarle marihuana al grupo de Toti y Marset.
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Con esos dichos dejó en evidencia a su antecesor, Jorge Larrañaga, en la Operación Gallego, cuando el 22 de octubre de 2020, con un despliegue de 69 policías en el operativo; que se turnaron durante el día y la noche para observar cómo los delincuentes locales iban preparando el campo para que finalmente la aeronave, modelo Cessna 182, pudiera aterrizar en ese punto desolado de un campo ubicado entre Salto y Tacuarembó.
Durante seis minutos, la Policía observó a un kilómetro cómo descargaban 460 kg de cocaína de la avioneta proveniente de Bolivia, la que logró despegar y huir ante la pasiva mirada de los policías presentes, aunque fue acompañada por un helicóptero de la FAU, hasta cruzar la frontera.
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Esta práctica ha sido la más habitual en casos que involucraron avionetas que descargaron drogas en Artigas, Salto y Paysandú, lo que evidencia que, mientras las organizaciones de narcotráfico regionales se potencian en coordinación con criminales de varios países del Cono Sur, las investigaciones de Fiscalía se limitan únicamente a las bandas locales que participan de las operaciones.
El informe de la FAU
Sobre las vulnerabilidades en el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, el Servicio de Información de la FAU presentó a mitad de este año —en un encuentro de mandos militares del Mercosur— el informe llamado “Amenazas y desafíos en el combate al tráfico ilícito de drogas en vuelos transnacionales” que identificó las dos principales rutas aéreas utilizadas por las organizaciones de narcotráfico para traer cocaína al país y advertía la existencia de múltiples pistas de aterrizaje clandestinas en zonas rurales cercanas a la frontera con Argentina.
En ese sentido, en la denominada ruta boliviana, las avionetas parten de Bolivia (país productor), ingresan a Argentina —principalmente a provincias como Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes— y luego cruzan hacia territorio uruguayo. En esta ruta el principal destino son zonas rurales del departamento de Paysandú y rara vez la aeronave aterriza en el país, sino que la droga es arrojada desde el aire.
En tanto, en la ruta paraguaya, las aeronaves despegan de Bolivia y aterrizan en el norte del chaco paraguayo (Alto Paraguay y Boquerón), y desde allí vuelan hacia Uruguay, principalmente ingresando por los departamentos de Artigas y Salto.
Para ambas rutas, las avionetas deben hacer una parada en algún punto intermedio del territorio guaraní antes de seguir su viaje hacia territorio uruguayo. Estas escalas pueden destinarse al reabastecimiento de combustible, un cambio de piloto, o para el pago de sobornos a algunos funcionarios de seguridad locales.
La FAU advirtió que muchas de estas operaciones se apoyan en pistas clandestinas disimuladas en campos privados, así como en el uso de aeródromos rurales sin demasiado control de las autoridades.
Una vez que está en el país, la droga se acopia y luego se envía a Europa en buques transatlánticos cargados en el puerto o en altamar.
Más allá del diagnóstico de las autoridades de la FAU, son muy pocas las veces que la policía uruguaya logra detectar infraganti, los vuelos de las narcoavionetas.
A veces aparecen incendiadas en pistas clandestinas o legales de campos privados, como fue el caso de una aeronave Beechcraft bimotor que fue encontrada prendida fuego en noviembre del año pasado en un campo en la zona de Costas de Ayala (Treinta y Tres) a 20 km de Vergara. Caras y Caretas hizo consultas a la Policía local, sin obtener mayores detalles más allá de que la avioneta provenía de Brasil.
Un arrocero dijo a este medio, que algunos colegas de la zona vieron que, antes de incinerarse la aeronave, fueron descargados varios paquetes y luego cargados a una camioneta.
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A la espera de los radares y los Super Tucano
Hace tres semanas, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció la “enorme preocupación” del Gobierno por el avance del narcotráfico en el país. Sobre todo, porque el Estado “no tiene cobertura de todo su espacio aéreo".
“Acá hay una enorme preocupación por la penetración del narcotráfico, estamos a punto caramelo de que los cárteles pasen a operar de una manera mucho más fuerte en Uruguay”, advirtió Sánchez en una entrevista con Informativo Carve.
El jerarca admitió que “vamos a una política de custodia de la frontera mucho más fuerte con incorporación de tecnología”, y anticipó la intención de incorporar radares y drones en 2026 para reforzar el control del espacio aéreo uruguayo.
El Ministerio de Defensa y la empresa española Indra habían firmado un acuerdo el 26 de febrero de este año, a través del cual se moderniza el sistema de radares del país. Resta saber si el actual gobierno seguirá adelante con la empresa española ya que en el presupuesto no se detalla cómo se va a realizar la compra de radares.
Por otra parte, la administración anterior cerró a principios del 2025 el proceso de compra de seis aeronaves A-29 Super Tucano, para sumar a la flota de la FAU, con la intención de tener mayores capacidades de combate contra el narcotráfico y para la persecución de vuelos clandestinos, una tarea que estaba a cargo de los antiguos y obsoletos IA-58 Pucará, Cessna A-37 Dragonfly y Pilatus PC-7U Turbo Trainer.
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Entre los días 15 y 17 de julio, la FAU participó de la reunión de gestión del programa A-29 Super Tucano en la planta de Embraer, ubicada en la localidad de Gavião Peixoto, en el Estado de São Paulo, Brasil, para definir detalles técnicos.
En principio, se había anunciado que la entrega de los seis aviones de combate se haría en tres tandas; arribando a Uruguay dos aeronaves en el 2025, dos en el 2026 y las dos restantes que serían entregadas en el año 2027. Las que llegarán a la Base Aérea de Durazno, donde ya se trabaja en la infraestructura y logística necesarias.
“La adquisición de este sistema de armas representa la inversión en plataformas aéreas más grande en la historia de la FAU y será pieza fundamental para la defensa de la soberanía del espacio aéreo”, destacaron desde la Fuerza Aérea.
Sin embargo, como sucede a menudo en este país, dicho proceso demorará más de lo previsto; ya que, debido a ajustes técnicos y logísticos, los primeros dos A-29 Super Tucano llegarán recién durante 2026, anunció en noviembre la FAU.
En la FAU también esperan la decisión que tomará el gobierno respecto a la “Ley de derribo”, aprobada en la administración pasada, que consta de un protocolo de cinco fases que habilita en última instancia la neutralización por parte de la FAU de una aeronave en situación irregular; que habilitaría a realizar disparos que le impidan mantenerse en vuelo. La normativa es cuestionada por Estados Unidos, especialmente la DEA, que entiende que la posibilidad de un Estado de derribar un avión civil puede infringir tratados internacionales y los derechos humanos. En ese contexto, vale recordar la utilización de agentes infiltrados (como Papacho en los 90') y las entregas de droga controladas por la DEA.
