Rinaldi sostuvo que el cambio en el Código Civil apunta a desarmar estructuras históricas que colocaron a las niñas como personas sin plenos derechos. “Ninguna niña ni adolescente debe ver condicionada su vida por mandatos patriarcales que ignoran sus derechos más básicos”, señaló, y recordó que Uruguay ya había avanzado al eliminar, años atrás, la posibilidad de casamientos a edades aún más tempranas. Sin embargo, enfatizó que “avanzar no es conformarse”, y que la sociedad debe seguir corrigiendo inequidades persistentes.
Desigualdad estructural
En su intervención, la diputada respaldó su argumento con cifras concretas: entre 2019 y 2023 se registraron 89 matrimonios en los que una o ambas personas eran menores de edad; en 82 de esos casos, la unión se dio entre un adulto y una persona menor, y el 91,5% de los adolescentes involucrados fueron mujeres. “Esto no es libertad, es desigualdad estructural”, sentenció.
Rinaldi advirtió además que los matrimonios tempranos están estrechamente vinculados a mayores niveles de pobreza, abandono educativo, violencia de género, embarazo precoz y dependencia económica. “Cuando una adolescente se casa, casi siempre es ella quien abandona la educación, quien pierde oportunidades laborales y quien queda atrapada en roles tradicionales que limitan su proyecto de vida”, sostuvo.
Por ese motivo defendió la intervención judicial como una garantía fundamental. Según explicó, los jueces deberán evaluar aspectos como la madurez emocional, la diferencia de edad entre las partes, los proyectos educativos y cualquier señal de vulneración de derechos. “La Justicia actúa como una barrera contra el abuso y como una garantía del interés superior del adolescente”, remarcó.
Algunos diputados en contra
La aprobación de la ley no fue unánime. En Diputados votaron en contra Cabildo Abierto, tres legisladores del Partido Nacional y los diputados Gustavo Salle y su hija, del partido Identidad Soberana. Pese a ello, el proyecto obtuvo una amplia mayoría, reflejo de un consenso parlamentario relevante en torno a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la infancia y la adolescencia.
Para Rinaldi, la reforma va más allá de una discusión jurídica. “No prohíbe: protege. No niega libertades: evita que la desigualdad y la pobreza decidan por quienes menos poder tienen”, afirmó al cerrar su exposición. En ese sentido, definió la votación como una decisión política que apuesta por un país donde ninguna niña sea inducida a un matrimonio en nombre de tradiciones patriarcales o necesidades económicas.
Con esta modificación, Uruguay consolida un paso decisivo en la defensa de los derechos humanos y refuerza su marco legal para garantizar que niñas y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vida sin imposiciones ni violencia. La ley, para sus defensores, expresa una definición clara del Estado: priorizar el interés superior del niño y adolescente por encima de prácticas que reproducen la desigualdad.
