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Política

dio trámite

Comisión Interamericana de DDHH aceptó denuncia de Charles Carrera por espionaje

Charles Carrera aseguró ser "víctima de vigilancia política, de la falta de investigación de hechos gravísimos y luego de un patrón de hostigamiento judicial".

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Este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió "dar trámite" a la denuncia presentada por el exsenador del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, por "espionaje ilegal y persecución política". Para el exlegislador, que se haya aceptado el caso "no es una sentencia", pero representa "una decisión de enorme relevancia".

Carrero aseguró, en sus redes sociales, que fue "víctima de vigilancia política, de la falta de investigación de hechos gravísimos y luego de un patrón de hostigamiento judicial que afectó mis derechos, mi libertad de expresión y las garantías del debido proceso".

Para el exlegislador, que la CIDH haya aceptado el caso "no es una sentencia", pero sí representa "una decisión de enorme relevancia".

"Este organismo entiende que existen elementos serios para un análisis internacional y que el Estado uruguayo (en particular la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior) deberá responder y dar explicaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos", apuntó.

Carrera dijo que piensa seguir este proceso con la "misma convicción de siempre, defendiendo la verdad, la democracia y el Estado de derecho".

"No se trata solo de mi situación personal, sino de garantizar que denunciar corrupción y defender lo público no se pague con persecución", reflexionó.

Carrera denunció ante OEA

En 2022, Carrera denunció que fue víctima de espionaje y persecución política a raíz de la denuncia penal que presentó junto al hoy intendente de Montevideo, Mario Bergara, contra el exministro Luis Alberto Heber y otros jerarcas del gobierno pasado por el acuerdo entre el Estado y la empresa Katoen Natie.

En la comunicación de la CIDH, se informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene cuatro meses para responder la demanda y señala que “en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”.

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