El problema de la proliferación de las estafas en Uruguay y la escasa respuesta de la Justicia penal

Sin embargo, el fenómeno del auge de las estafas es mucho mayor, puesto que existe un alto subregistro: solo entre el 11,7% y el 16,2% de las víctimas denuncian, según las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fenómeno mundial

Según un estudio de la Interpol, los registros oficiales de delitos, los datos de victimización y los estudios científicos son coincidentes en que las estafas aumentaron notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, tanto en volumen como en los métodos empleados para llevarlas a cabo.

Este aumento y diversificación del delito de estafa se da en el marco de cambios sociales y avances tecnológicos que ofrecen oportunidades delictivas nuevas, dando lugar a conductas delictivas omnipresentes que suponen una amenaza global para individuos, empresas y organismos públicos, reseña el informe.

A nivel global, las estafas se consideran “delitos predatorios”, cometidos en su mayoría desde el anonimato y con carácter transnacional, con una participación creciente del crimen organizado. Los tipos más comunes son las estafas de inversión, las de pago anticipado, las estafas sentimentales en línea y los fraudes por correo electrónico dirigidos a empresas mediante suplantación de identidad.

Al igual que en otras partes del mundo, en Uruguay -según analizó AECA- el crecimiento “se vincula probablemente con el auge de las tecnologías de comunicación, el uso de redes sociales, plataformas digitales de compraventa y canales electrónicos de pago, los cuales ampliaron las oportunidades para estafas remotas o automatizadas”.

Asimismo, consideraron que “la pandemia de Covid-19 también podría haber fungido como catalizador de esta tendencia, en tanto aceleró la comunicación y digitalización de los servicios en línea”, provocando un incremento de las oportunidades para cometer actividades cibernéticas maliciosas.

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, cuando compareció en la comisión de seguridad del Senado dijo: “Asistimos a nuevas modalidades delictivas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la tecnología; estábamos acostumbrados a los delitos que ocurrían en los ámbitos públicos mayormente, en la calle, en la vía pública, en los eventos, pero ahora tenemos delitos que ocurren dentro del hogar e, incluso, en forma solitaria, es decir el individuo y su celular, el individuo y su computadora ya es una potencial víctima de un delito, por ejemplo, contra la propiedad, pero también puede ser una extorsión u otra forma de delito”.

Particularidades de las estafas en Uruguay

Las víctimas más comunes son personas de 26 a 55 años, con tasas superiores a 1.000 por 100.000 habitantes, y las mujeres presentan mayor victimización, posiblemente por patrones de consumo digital o mayor disposición a denunciar.

A nivel territorial, si bien las estafas se distribuyen en todo el país, departamentos como Rocha, Maldonado, Rivera y Canelones muestran los mayores aumentos. Rocha lidera con la tasa más alta en 2024: 1.290 denuncias por cada 100.000 habitantes. En Montevideo, la edad promedio de las víctimas supera los 45 años.

La edad promedio de los victimarios ronda los 31 a 33 años, bastante menor que la de las víctimas. En el 96% de los casos se trata de víctimas individuales, pero también se han detectado fraudes masivos: uno afectó a 329 personas en 2022 y otro a 236 en 2023. En 2024, estafas de fondos ganaderos afectaron a más de 7.000.

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Por otra parte, el anonimato y la distancia que rodean este tipo de delitos dificultan que víctimas y autoridades identifiquen a los responsables, lo cual entorpece el análisis de patrones delictivos, factores de vulnerabilidad y riesgos asociados.

A su vez, las víctimas de estafas no siempre identifican que sufrieron un delito, porque no se perciben como tales o muestran reticencia a denunciar los engaños, lo cual hace que las fuerzas del orden ignoren el verdadero alcance del delito. Por ese motivo, es fundamental mejorar la recopilación y el análisis de datos sobre estafas para diseñar estrategias de prevención y respuesta más sólidas y eficaces.

Para el segundo semestre de 2025, AECA y la Unidad de Cibercrimen realizaron un estudio detallado (que se conocerá en 2026) sobre modalidades, canales digitales y perfiles de víctimas y victimarios, incorporando estándares internacionales, datos de la próxima Encuesta Nacional de Victimización. No obstante, el análisis estadístico de las estafas enfrenta importantes restricciones metodológicas.

Limitaciones para el estudio de estafas y recopilación de datos estadísticos

El nivel de subregistro es alto y las estadísticas oficiales capturan apenas una fracción del fenómeno real, por lo que la “cifra oculta” de estafas es considerable. Es necesario seguir implementando encuestas de victimización y fuentes complementarias, diseñar estrategias de prevención, educación y fortalecimiento de canales de denuncia, adaptadas a la naturaleza particular de este delito.

En aproximadamente el 20% de los casos denunciados no se identifica a una persona física como víctima, lo que limita la posibilidad de caracterizar su perfil. Esta situación se presenta principalmente en las estafas cometidas contra personas jurídicas o instituciones públicas, para las cuales no existen variables estructuradas que permitan analizar modalidades específicas de victimización.

Los sistemas actuales no registran información clave sobre el perfil de victimarios, modalidades de estafa, instrumentos utilizados, canales de contacto, ni el uso de tecnología. Tampoco permiten aplicar clasificaciones internacionales como la prevista por la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, lo que dificulta la comparación con estándares regionales o globales.

Con respecto al análisis territorial, debe señalarse que las estafas no responden necesariamente a una lógica de ocurrencia física en el territorio, ya que en muchos casos los autores y las víctimas se encuentran en ubicaciones distintas. Además, los registros pueden verse afectados por desigualdades en el acceso o en la disposición a denunciar, así como por el funcionamiento de los canales institucionales. Esto obliga a interpretar con cautela las tasas departamentales y patrones observados.

Esta serie de limitaciones reducen la capacidad de análisis estratégico y obstaculizan la formulación de políticas públicas ajustadas a la realidad delictiva.

Pocas imputaciones y leves penas

A pesar del crecimiento exponencial del delito de estafa en los últimos años, la cantidad de imputaciones fue muy baja en comparación a las denuncias realizadas. Durante el año 2024, solo hubo 1,5 imputaciones por cada 100 denuncias, lo que evidencia una importante incapacidad del sistema para investigar y sancionar.

El informe de AECA lo atribuye a factores como “la complejidad investigativa del delito, la dispersión de víctimas, la posible dimensión transnacional de los casos y la sobrecarga del sistema fiscal, que no ha crecido al ritmo de las denuncias”.

Uno factor clave es que la mayoría de las estafas se cometen a distancia, sin contacto físico, lo que reduce el riesgo para el criminal y dificulta las imputaciones.

Otra característica relevante en las estafas cometidas en Uruguay es que más de un tercio de las personas imputadas son mujeres (35,7%), un porcentaje “significativamente más alto” que el promedio general para otros delitos (11%).

“Esta característica es consistente con estudios internacionales que destacan una mayor presencia de mujeres en delitos vinculados a la estafa, el fraude, la apropiación indebida y otras formas de criminalidad económica o relacional”, señala el informe, donde se cita a un estudio hecho por Ruhland y Selzer (2020).

El delito de estafa está tipificado en el Artículo 347 del Código Penal uruguayo, castigando el uso de estratagemas o engaños para obtener un provecho injusto a costa de otro, con penas mucho más bajas que para otros delitos.

Para las estafas básicas, la pena de prisión puede ser de entre 6 meses a 4 años. Sin embargo, en agosto de 2024 se actualizó para los casos de Suplantación de Identidad (Ley Ciberdelitos), que prevé penas de hasta 6 años de penitenciaría.

El auge del cibercrimen como principal problema

Esta actualización punitiva se dio en el marco de la hipótesis de que el auge de las estafas digitales está desplazando a los delitos tradicionales como hurtos o rapiñas.

El nuevo escenario delictivo exige estrategias adaptadas, con capacidad de abordar un crimen cada vez más sofisticado, remoto y difícil de detectar, advierte la Policía.

Los delitos contra la propiedad atraviesan una “transformación significativa”, impulsada principalmente por el “crecimiento sostenido de los cibercrímenes y las estafas en línea” advierten los investigadores del Ministerio del Interior. Este fenómeno se explica por una combinación de factores estructurales y tecnológicos:

*La masificación del acceso a internet, la digitalización de servicios financieros, la utilización extendida de dispositivos conectados y el anonimato que proporciona el entorno digital. Estas condiciones han ampliado considerablemente las oportunidades para cometer delitos sin requerir contacto físico con la víctima ni exposición directa, lo que reduce significativamente el riesgo para los agresores.

*La baja visibilidad pública de estos delitos, la baja tasa de denuncia y su alta complejidad de las investigaciones, favorecen su proliferación. En este nuevo escenario, el delito puede profesionalizarse, internacionalizarse y volverse más eficiente gracias al uso de herramientas y técnicas cada vez más sofisticadas.

En el caso de Uruguay, el aumento exponencial de estos nuevos tipos delictivos se observa desde hace más de una década, pero a partir de 2019 (y particularmente después de la pandemia) se constató un descenso gradual en la incidencia de algunos delitos tradicionales contra la propiedad, como las rapiñas, los hurtos y el abigeato, que refuerza la hipótesis de un posible desplazamiento delictivo desde modalidades presenciales hacia formas digitales, algo que también se investiga en el ámbito privado.

La fintech uruguaya Prex detectó un aumento en los reportes de intentos de fraude digital en los últimos meses. Según la empresa tecnológica, este crecimiento responde tanto al mayor volumen de operaciones en línea como a una mayor disposición de los usuarios a denunciar estas situaciones sospechosas.

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Los 7 tipos de estafa más comunes en Uruguay

Las modalidades más frecuentes son aquellas vinculadas a la ingeniería social, con maniobras que buscan manipular a la víctima para obtener información sensible.

El Cuento del Tío: Delincuentes que se hacen pasar por familiares o funcionarios bancarios que, mediante llamadas que generan miedo o urgencia (ej. "tu familiar tuvo un accidente", "cambia los billetes de banco") para que entregues dinero. En el primer caso, surge una preocupación adicional que es el uso de inteligencia artificial para clonar voces, fenómeno sobre el que ya se han documentado casos en los que las víctimas reciben llamadas con voces prácticamente idénticas a las de familiares o amigos, solicitándoles transferencias de dinero. Las autoridades alertan que se prevé que esta tecnología evolucione con rapidez, dificultando cada vez más la distinción entre una voz auténtica y una generada artificialmente.

En el segundo caso, se documentaron estafas telefónicas en las que delincuentes se hacen pasar por familiares o funcionarios de bancos, indicándoles que, por recomendación del banco donde poseen sus ahorros, deben retirar dinero en efectivo, tras lo cual un supuesto representante de la institución pasará a recogerlo.

Estafas bancarias y financieras (Phishing/Vishing): Imitan a tu banco para robar claves, tokens, o para que hagas clic en enlaces falsos y actualices datos. Los estafadores envían mensajes que simulan ser de instituciones legítimas (bancos públicos y privados principalmente), para poder obtener información sensible como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Los delincuentes suelen usar mensajes urgentes, errores ortográficos o enlaces sospechosos que dirigen a sitios web falsos. Es crucial no hacer clic en enlaces dudosos ni responder a solicitudes de información personal por estos medios.

Qrishing: es una variación del phishing que se perpetra enviando códigos QR fraudulentos para dirigir a sitios web maliciosos o descargar malware. Se solicita a la víctima escanear o hacer clic en los enlaces para luego acceder a sus cuentas.

Robo de cuentas de WhatsApp y redes sociales: Los criminales hackean cuentas y piden dinero a contactos, o publicaciones de ventas falsas en Internet. El estafador se hace pasar por una empresa reconocida, y a través de diversas estratagemas logra apropiarse de la cuenta de la víctima. En varias ocasiones, los estafadores se hacen pasar por “soporte técnico de WhatsApp” y contactan a la víctima con el pretexto de una supuesta apertura de cuenta en otro dispositivo. Piden que se les dicte un código de verificación que en realidad es el código para tomar control de la cuenta. WhatsApp nunca solicita este tipo de información.

A partir de este acceso, los delincuentes suelen desplegar nuevas maniobras de fraude dirigidas a los contactos de la persona afectada. Para ello, copian el logo como foto de perfil, imitan las formas de escritura y replican el estilo de comunicación de personas y empresas que dicen representar para pedir dinero.

También se ha detectado una modalidad en la que los ciberdelincuentes acceden al buzón de voz de la víctima (si no tiene un PIN personalizado o es fácil de adivinar) para escuchar el código de verificación de WhatsApp y así apoderarse de la cuenta.

Compras online falsas: Ofrecen productos a precios muy bajos, y estafan a las víctimas pidiendo un pago por adelantado, pero nunca entregan nada a cambio. De forma inversa, también se registran estafas dirigidas a quienes venden objetos: la persona recibe un comprobante de pago falso por un monto superior al acordado, y bajo la excusa de un error, solicitan la devolución de la diferencia.

Estafas con alquileres: Anuncios de casas o apartamentos inexistentes, pidiendo seña urgente y con precios sospechosamente bajos, común en temporada alta. Esta modalidad se volvió muy frecuente en Uruguay a partir de la oferta de alquileres de casas o apartamentos de veraneo en el este del país, donde los estafadores publican imágenes haciéndose pasar por propietarios o agentes inmobiliarios, solicitando a los interesados una seña para la reserva del inmueble.

Suplantación de identidad de organismos: Los delincuentes se hacen pasar por entidades públicas para obtener datos sensibles y pedir dinero. Se aprovechan la confianza o el descuido de las personas. La modalidad más común es el envío de correos electrónicos fraudulentos que simulan provenir de entidades bancarias, donde se solicita a los usuarios la actualización de datos personales que posteriormente son utilizados para solicitar préstamos a nombre de la víctima.

Fraudes de fondos de inversión y créditos: Ofertas de créditos rápidos o inversiones con altos retornos, que solicitan depósitos iniciales, pero son de entidades no registradas. Para estas estafas de inversión o “esquemas Ponzi”: se ofrecen promesas exageradas de ganancias rápidas y, a menudo, con la exigencia de captar nuevos miembros. Las más conocidas en el último año fueron las de fondos ganaderos, que carecían de regulación del Banco Central del Uruguay (BCU).