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Política AUF | denuncia | competencia

derechos de tv

Defensa de la Competencia admite denuncia contra la AUF por presuntas prácticas anticompetitivas

Según la denuncia la AUF estaría imponiendo clausulas anticompetitivas y restrictivas en la negociación de los contratos referidos a los derechos de TV.

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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, dictó la Resolución Nº 18/026 mediante la cual declara la pertinencia de una denuncia presentada contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La acción legal, iniciada el 6 de febrero de 2026 y ampliada el día 10 del mismo mes, señala la presunta comisión de prácticas anticompetitivas vinculadas al pliego de la licitación para la venta de los derechos televisivos del fútbol uruguayo correspondientes al período 2026-2029.

Lo que dice la denuncia

De acuerdo con el documento oficial, el denunciante sostiene que la AUF estaría imponiendo cláusulas restrictivas en la negociación de los contratos de adjudicación definitivos. Ante la gravedad de los hechos expuestos, la Comisión determinó que la denuncia se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 18.159, otorgando a la AUF un plazo de quince días hábiles para ofrecer sus pruebas y presentar su defensa.

Debido a que el proceso licitatorio tiene previsto el vencimiento de sus términos para finales de febrero de 2026, el organismo regulador advirtió sobre la necesidad urgente de intervenir para evitar un daño grave e irreparable a la estructura de competencia y al bienestar de los consumidores. Por tal motivo, se confirió a la entidad deportiva un plazo excepcional e improrrogable de tres días hábiles para que se pronuncie específicamente sobre las medidas de cese preventivo solicitadas, las cuales incluyen la suspensión de diversas cláusulas en los borradores de contrato y la orden de negociar de buena fe.

Finalmente, la resolución hace lugar a la solicitud de reserva de identidad del denunciante con el objetivo de evitar posibles represalias, ordenando el testado de cualquier información que permita su identificación en el expediente administrativo. Esta decisión se fundamenta en el modelo institucional que tutela la competencia como un bien público, permitiendo que cualquier persona física o jurídica pueda denunciar infracciones que comprometan el orden económico nacional.

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