La insatisfactoria realidad que terminó de hundir el contrato con Cardama

La insatisfactoria construcción de las dos OPV: sin planos ni certificaciones

Más allá de que la certificadora internacional calificó que la calidad de la fabricación, montaje y soldadura de los 16 bloques ya construidos y montados en la grada es "satisfactoria" a pesar de que fueron realizados por cinco talleres distintos, subcontratados por Cardama (debido a la limitada capacidad operativa del varadero que desde hace un tiempo presume funcionar como astillero), la auditoría de Bureau Veritas identificó "deficiencias en el proceso constructivo" que requieren corrección, incluyendo “deformaciones en el casco” -a babor y estribor- que “exceden los límites de la Norma IACS 47” (específica para este tipo de buques navales), además de desviaciones dimensionales en algunas uniones de bloques.

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Estos errores también se detectaron en lo poco que Cardama lleva soldado de la segunda OPV, lo que resulta aún más preocupante, según analizó la clasificadora.

Asimismo, señala que la construcción de los 16 bloques ocurrió sin supervisión adecuada de la sociedad clasificadora original (Lloyd's Register), invalidando legalmente algunas soldaduras por la falta de inspecciones y certificaciones.

Tampoco se presentó el proyecto técnico ni se solicitó el permiso de construcción para cumplir con la normativa de bandera uruguaya, lo que constituye un “incumplimiento grave del contrato” y pone en riesgo los certificados de bandera.

Planos

Advierte, además, que la producción de los bloques se inició con “planos no definitivos” (primer hito incumplido por Cardama pero igual abonado por el MDN el 27 de febrero de 2025), aprobados "a riesgo" del astillero.

Lo más preocupante es que luego de once meses se evidenció que el conjunto de los planos presentados por Cardama aún no son definitivos, “pues permanece condicionado a las observaciones formuladas por la sociedad de clasificación y en consecuencia, sujeto a ajustes”.

Plano

Estas desprolijas acciones de Cardama son contrarias a las "buenas prácticas constructivas"; ya que podría requerir desmontajes, refuerzos y trabajos adicionales, con los respectivos sobre costos para el Estado uruguayo, que ya pagó el 70% del costo de una OPV, mientras su contraparte solo construyó el 43% (16 de 44 bloques) de la estructura de acero correspondiente a la primera embarcación.

A fines del año pasado, Mario Cardama aseguró que se llevaban construidos el 60% del acero de la primera OPV; pero el senador y exministro Javier García fue más allá y aseveró que Cardama llevaba construido el 60% del primer buque.

Problemas de seguridad y diseño

Bureau Veritas señaló que la OPV C-250 carece de mamparos estancos en el pico de popa, incumpliendo los requisitos mínimos previstos en el convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) -el tratado internacional más importante sobre seguridad marítima- para compartimentación, lo que “compromete la flotación, estabilidad y capacidad de supervivencia en inundaciones accidentales”.

También descubrió que el estudio de estabilidad en daños está “inconcluso”, impidiendo la emisión de los certificados internacionales de seguridad.

A su vez, el informe cuestionó la viabilidad del proyecto como OPV militar. Apunta a que el diseño civil (y no militar) presentado, hace que las chapas delgadas sean susceptibles a deformaciones, exigiendo controles de calidad más estrictos.

El diseño es de un buque civil (similar a un carguero), con mamparos más delgados, sistemas no duplicados y cableado estándar, lo que lo hace “inadecuado” para funciones OPV como resistencia a impactos o vibraciones de armas, indicó.

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En una entrevista realizada el miércoles en Desayunos Informales, el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, apuntó a que estas desavenencias del proyecto se debieron a que las actuales autoridades enviaron tarde a los inspectores para que supervisen el proyecto y hagan correcciones sobre el diseño; y responsabilizó al actual gobierno de no informar a Cardama que se trataban de buques militares. Un argumento tan poco sólido como las chapas de los 16 bloques soldados.

Plazos de entrega incumplibles y la cuestionada capacidad del astillero

Cardama "no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega según lo estipulado en el contrato", con un retraso aproximado de cinco meses (de once que lleva la construcción) en la fabricación de bloques e instalación de tuberías.

No se proporcionaron cronogramas actualizados definitivos, lo que impide validar las fechas de entrega: 25 de agosto de 2026 para la primera OPV, con límite de atraso hasta el 25 noviembre; y mismos plazos para entregar la segunda en 2027.

Si bien, los retrasos (que prevén multas de 5.000 a 10.000 euros/día) se consideran "relativamente normales" en proyectos navales, debido a las posibles contingencias con los subcontratistas, el informe de Bureau Veritas valida las discrepancias entre el avance real advertido por los inspectores de la Armada Nacional enviados a Vigo y los hitos reportados por Cardama para cobrar los pagos previstos en el contrato.

"La incapacidad de cumplimiento con los plazos establecidos no descansa en una apreciación aislada, sino en la aplicación de un método de análisis de ruta crítica al cronograma contractual y sus revisiones, corroborado por la evidencia documental y por las condiciones contractuales de cómputo y extensión de plazos de los artículos 13 y 19 del contrato", explica en sus conclusiones la empresa certificadora.

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Equipos faltantes y suspensión de información por parte de Cardama

La empresa belga también notó que los “equipos clave” para el funcionamiento de las OPV “están ausentes”, como los dos motores de propulsión de la marca Caterpillar (que ya deberían estar en Vigo según los plazos acordados y las erogaciones realizadas), tres generadores y el generador de emergencia. “Esta diferencia entre el listado de pedidos de equipos y servicios y lo existente en el astillero implica un riesgo para el avance de la construcción y su programación”,

Advierte que el hecho de que Cardama no haya proporcionado información “sobre el estado real de estos suministros” constituye “un incumplimiento de sus obligaciones contractuales de transparencia y coordinación, incrementando el riesgo y la imposibilidad de mitigar los retrasos” en la construcción de las OPV

El informe de Bureau Veritas apuntó que la empresa gallega “suspendió deliberadamente el suministro de información” a partir de noviembre de 2025, cuando Cardama comunicó que, “debido a la situación de público conocimiento que está en curso con el contrato”, no entregó la actualización de la Planificación General del Proyecto solicitada por el MDN en setiembre del año pasado.

Cardama y su férrea defensa nacionalista

Todos estos elementos advertidos por la clasificadora belga, echan por tierra los señalamientos de los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat que intentan endilgarle las culpas al gobierno de Yamandú Orsi por haber anunciado el pasado 22 de octubre el inicio de “acciones para rescindir el contrato”, debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.

Los exjerarcas, que están espalda con espalda con Mario Cardama en la defensa del proyecto -que se cae a pedazos según las detalladas irregularidades constructivas e incumplimientos contractuales advertidos en la auditoría- sostienen que los atrasos del astillero y la falta de disponibilidad de los equipos se generaron a partir del anuncio del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los retrasos en la construcción ya venían siendo reportados antes de octubre de 2025 por los inspectores uruguayos y los motores ya deberían haber sido pagados a Caterpillar por Cardama, para que puedan estar disponibles según los plazos previstos en el contrato firmado en 2023.

La nueva versión defensiva de los blancos contradice lo señalado por el diputado Gabriel Gianoli que, tras visitar el astillero ubicado en Vigo en noviembre de 2025, acreditó que la construcción seguía en marcha y mostraba “avances significativos”.

"Yo creo que, a esta altura, salvo algunos que tengan algún tipo de compromiso que uno desconoce, no hay nadie que defienda esto como un negocio beneficioso para el Estado uruguayo", manifestó el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

“Pronto nos vamos a enterar de cuáles fueron los verdaderos motivos de haber dado un contrato de 90 millones a Cardama a dos meses de dejar el gobierno… Ojo cuando el señor español se ponga a hablar”, alertó el diputado Sebastián Valdomir.

Investigaciones en curso

De hecho, “el señor español” ya comprometió el accionar de exjerarcas del MDN (exministro Castaingdebat y exsubsecretario Fabián Martínez). Dijo que fueron ellos quienes eligieron, entre las tres garantías de fiel cumplimiento -del contrato- ofrecidas, la de Eurocommerce LTD, que terminó siendo el disparador de una denuncia penal presentada por el Estado uruguayo, por presunto fraude y estafa.

Quien agilizó los trámites para validar la garantía trucha fue el exdirector de Recursos Financieros del MDN, Cr. Damián Galó, hoy en el foco de una investigación administrativa ordenada por la ministra Lazo en abril de 2025, que intenta dilucidar responsabilidades de las autoridades del gobierno de Luis Lacalle Pou, sobre el proceso de compra de las patrulleras oceánicas.

El Observador informó que una de las conclusiones de dicha investigación sugiere sumariar al Cr. Galó, actualmente está en pase en comisión en el despacho del senador García, al igual que Fabián Martínez, otro que está en el ojo de la tormenta del Cardamagate.

Fabián Martínez

Entre los señalamientos, en primer lugar, surge lo que Lazo -cuando era oposición- criticó enfáticamente: la decisión de adjudicar las OPV a Cardama “careció de un análisis sobre la viabilidad constructiva, experiencia previa, solvencia y capacidad real” del astillero español. Además, se cuestiona que no estuvo acompañada de “una adecuada valoración de riesgos operativos, financieros y contractuales”.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo tuvo que ampliar la denuncia penal al detectar la falsificación de una firma notarial anexa al aval, y también porque Mario Cardama presentó, para la renovación, la misma garantía de Eurocommerce LTD, una hora antes de la famosa conferencia de prensa de Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.

También hay una denuncia radicada en Reino Unido, puesto que fue en Londres, donde el gobierno uruguayo detectó que la financiera emisora de la garantía de Cardama -que a la postre resultó falsa- estaba en pleno proceso de liquidación.

Por si esto fuera poco, según informó Búsqueda la semana pasada, también se descubrieron irregularidades en la garantía de reembolso de la empresa Redbridget que es por el 10% del contrato, o sea unos 8,2 millones de euros. Se observó un "grave incumplimiento" en esta segunda garantía, debido a que el documento entregado no es más que un texto de "Términos y condiciones".

“Momento crucial”

"Estamos en un momento crucial, de definiciones”, aseveró el martes la ministra de Defensa Sandra Lazo, en una rueda de prensa tras el 197° aniversario de Prefectura.

Esto debido a que el domingo 15 de febrero, el gobierno debería abrir una segunda carta de crédito “por el importe correspondiente al vencimiento de cada hito estimado para ese año natural, que deberá ser aprobada por el constructor”, según establece el contrato suscrito por el exministro Javier García y Mario Cardama.

Firma de contrato

Con los nuevos elementos técnicos sobre la mesa, el Poder Ejecutivo confirmará este viernes su decisión de rescindir unilateralmente el contrato con Cardama bajo el artículo 21, que permite el reembolso de pagos y la entrega de lo construido.

El artículo 21 del contrato

El referido artículo 21 del contrato establece que, “en todos los casos en que el comprador rechace fundadamente cualquiera de los buques, estará autorizado para declarar cancelado este contrato y recibir seguidamente del constructor la devolución de todos los importes ya pagados, así como los suministros efectuados por el comprador, si los hubiere, ejecutando las garantías constituidas”.

Por otra parte, añade que, “sin perjuicio de la ejecución de las garantías constituidas, en caso de que el constructor ingrese en un período administrativo o judicial de quiebra, en caso de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento del constructor, las partes acuerdan que la propiedad de lo hasta ese momento construido será transferida de pleno derecho al comprador”.