Desde 2020 la Justicia investigaba a Marset, pero igual le dieron el pasaporte

Los canales de comunicación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior están deteriorados, dijo a Caras y Caretas una fuente vinculada a la secretaría de Estado que recibió, en noviembre de 2021, desde el consulado en Emiratos Árabes, la solicitud del prófugo uruguayo Sebastián Marset para que se le expidiera un pasaporte uruguayo.

El deterioro de la comunicación llega al punto que los funcionarios de distintas áreas, entre ellas en Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores se ven imposibilitados de hacer consultas por su propia iniciativa. Esta situación genera, explican las fuentes consultadas, que no se conozcan profundamente las diversas situaciones como la del narco uruguayo Sebastián Marset, a quien finalmente se le concedió un pasaporte para que saliera de Dubái.

Marset es investigado y buscado por pertenecer a una organización de narcotraficantes. El hombre estaba finalizando su pena en Dubái luego de que se le verificara documentación falsa de origen paraguayo. En ese momento solicitó el documento que, finalmente, le fue concedido en enero de 2022 y que de hecho fue un argumento que utilizó su defensa en Dubái para esgrimir que su defendido no era peligroso si su país (Uruguay) le expedía un pasaporte.

Según la explicación ofrecida por el Ministerio del Interior en mayo pasado, luego de que el semanario Búsqueda informara sobre la expedición del documento por parte del gobierno, el pasaporte de Sebastián Marset fue entregado antes de la alerta roja emitida por Interpol y es por eso que no se tenían obstáculos para otorgar el documento.

Sin embargo, según información que conoció Caras y Caretas, la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero ya entendía, en marzo de 2020, que Marset estaba vinculado al Primer Cartel Uruguayo. De hecho, el fiscal Diego Pérez -a cargo de la investigación sobre el ataque a la Brigada Antinarcóticos- también mencionó la organización delictiva en conversaciones informales con la defensa de un grupo de personas investigadas tras el ataque, en mayo de 2020.

Santiago Moratorio representó al grupo de personas formalizadas por el fiscal Diego Pérez por este caso. Moratorio dijo a Caras y Caretas que “hasta ahora no se demostró que ninguna de las personas indagadas sea autora del atentado contra la Brigada Antinarcóticos”.

Moratorio agregó que durante la audiencia a mediados de 2020, en su exposición oral para tratar de fundamentar las imputaciones, el fiscal Pérez se limitó a nombrar al Primer Cartel Uruguayo, pero no vinculó a Marset ni pudo demostrar, hasta ahora, su posible vinculación con el ataque a la Brigada Antinarcóticos.

Sin embargo, este miércoles, el fiscal Pérez transmitió públicamente su creencia sobre la vinculación de Marset con el ataque a la Brigada Antinarcóticos y de hecho varios titulares en la prensa destacaron las palabras del fiscal como un elemento ya demostrado, pero durante la audiencia de imputación a mediados de 2020, por el caso del ataque a la brigada, el fiscal no mencionó siquiera la eventual responsabilidad de Marset.

El abogado de las personas imputadas por Pérez tras el ataque a la Brigada Antinarcóticos, dijo a Caras y Caretas que se llegó a esas personas porque primero hubo una gran incautación de drogas. La Fiscalía de estupefacientes adjudicó la existencia de la droga incautada al narco Marset y, seguidamente, se detuvo a quienes trasportaban la droga incautada. Tras esto, el fiscal Pérez imputó a personas vinculadas a los primeros detenidos aunque sin demostrar que tuvieran relación con el ataque a la Brigada Antinarcóticos y tampoco que Marset fuera el autor de la explosión en la sede policial.

De hecho, el fiscal Pérez -quien semanas atrás fue descubierto por compilar información dirigida al prosecreatario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, sobre la interna de la Fiscalía-, imputó a la mayoría de las personas indagadas por el artículo 152 del Código Penal. “Es un artículo inusual”, indicó el abogado que explicó que se trata de “excepción de las normas relativas a la participación criminal. Cualquier asistencia que se preste a la asociación susceptible de favorecer su acción, o su mantenimiento, o su impunidad, fuera de los casos de participación o de encubrimiento, será castigada con tres a dieciocho meses de prisión”.

Tras ocho meses luego de otorgado el pasaporte, el prófugo narco uruguayo Sebastián Marset fue señalado en las últimas horas como uno de los autores intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo en Colombia.

Las secretarías de Estado de Interior y Relaciones Exteriores anunciaron este miércoles un nuevo decreto para cambiar requisitos a la hora de otorgar pasaportes. El senador Daniel Caggiani respondió por su lado que el problema no es el decreto, sino que el Ministerio del Interior entregó un pasaporte a un narco uruguayo que ya había sido penado en Uruguay y que estaba siendo investigado en nuestro país y en Paraguay.

Marset se encuentra en la lista roja de Interpol como responsable del transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. Según lo informado por la diaria, una vez que finalizaba su pena en Dubái debido a su falsa documentación, el abogado Alejandro Balbi fue quien le retiró el documento en el Ministerio de Relaciones Exteriores.