La secta fue punta de lanza de la internacional anticomunista durante la Guerra Fría y dio el salto tras el golpe de estado de 1961 en Corea del Sur de la mano del dictador Park Chung Hee. La Secta Moon logró su impulso global definitivo en los setenta con el Plan Cóndor, gracias al fundador de la KCIA —CIA surcoreana— Kim Jong Pil, y al teniente coronel, Bo Hi Pak, agregado militar en la embajada de EEUU.
Antonio Betancourt y el torturador Jorge "Charleta" Guldenzoph, dos importantes en la creación de Causa.
Fue vocera de la Liga Anticomunista Mundial, que luego se expandió a América con la creación de la Confederación de Asociaciones para la Unificación de las Sociedades Americanas (Causa), que durante mucho tiempo tuvo su sede en el Victoria Plaza (Montevideo).
En Sudamérica, Moon encontró aliados en las dictaduras de Paraguay con Alfredo Stroessner; en Chile con Augusto Pinochet; en Bolivia apoyó el "golpe de la cocaína" de Luis García Meza (1980); también impulsado desde Argentina por el Gral. Guillermo Suárez Mason; y en Uruguay, tuvo el visto bueno de Gregorio Álvarez, y una afinidad marcada con empresarios y políticos del sector pachequista del Partido Colorado, entre ellos, el fallecido Oscar Magurno.
El imperio de Moon abarcaba desde la fabricación de armas hasta las inversiones en medios de comunicación (desde la agencia UPI, The Washington Times, hasta el extinto Últimas Noticias). En Uruguay también compró un banco (De Crédito) el hotel Victoria Plaza y la Imprenta Polo, que imprimía el 70% de los diarios. Su última aventura no fue muy feliz para el Estado uruguayo, ya que tuvo que compensarla con económicamente con 28 millones de dólares en 2007 (a través de una gestión del entonces secretario presidencial Dr. Gonzalo Fernández) , tras "fracasar" el proyecto Cerro Free Port en oeste de Montevideo, cuya inversión prometida era de US$ 200 millones, cuando Atenil S.A. operaba en Uruguay gerenciada por el ingeniero Luis Seone.
La nueva denuncia de la Secta Moon contra una facción disidente
La nueva denuncia presentada por el abogado de la Secta Moon en Paraguay, Francisco de Vargas, involucra a Gonzalo Peña (hijo del expresidente) en el despojo de tierras en el distrito de Puerto Casado (Alto Paraguay) que a la postre sirvió para comercializar créditos de carbono, un negocio presuntamente apañado por una sospechosa ley aprobada en el inicio del gobierno de Santiago Peña que ocurrió bajo la presunta anuencia de Marco Aurelio González, exmiembro del directorio del Banco Central de Paraguay —que también fue imputado por el colapso de Ueno Bank— cuando este fungía como procurador general de la República de Paraguay.
La organización remitió 12 notas a la Procuraduría solicitando su intervención, pero no hubo respuesta. Según la denuncia, las tierras pertenecientes a la Asociación Espíritu Santo fueron transferidas en 2018 a cuatro empresas offshore en una operación que habría vulnerado la Ley de Seguridad Fronteriza, por lo que la jueza actuante, Tania Irún fue denunciada por prevaricato y separada de su cargo.
Aunque tras varios años de idas y vueltas en varios tribunales, fue absuelta en agosto de 2026 ya que no se pudo probar que haya liderado una “maniobra judicial” para permitir la entrega de las 310.000 hectáreas a “empresas de maletín”, en referencia a Cusabo Limited y Kyveloria Limited, originarias de Chipre, y Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, de Islas Vírgenes Británicas.
Piden investigar a hijo de Peña y a cuatro “empresas de maletín”
El representante legal de estas cuatro empresas es el colombiano-estadounidense Kiantar Betancourt, quien según la denuncia tendría vínculos con Gonzalo Peña, y ambos estarían operando para Chaco Vivo, el mayor proyecto REDD+ (créditos de carbono) de Paraguay a pesar de las irregularidades en la venta de las tierras en disputa, caso que fue denunciado en una comisión de la Cámara de Senadores.
El abogado de la Secta Moon pide que se investiguen las denuncias, sobre todo para determinar la responsabilidad de estas “empresas de maletín” y el entorno del expresidente Peña, hoy con prisión preventiva por la reciente caída de Ueno Bank.
"Betancourt ha iniciado la campaña y ha intentado despojar a la Secta Moon y están en una campaña de comercialización de los bonos carbono, asociado con el hijo del expresidente Peña, Gonzalo Peña. Obviamente, al ser Betancourt representante de esta negociación de bonos de carbono tiene que ver con las 310.000 hectáreas en el Chaco", apuntó De Vargas en la denuncia presentada.
Desde la Secta Moon señalaron que, en setiembre de 2023, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) firmó un convenio de cooperación con Atenil S.A., empresa representada por Betancourt y Diego Puente, para desarrollar actividades relacionadas al mercado de carbono y los mecanismos de certificación; y llamativamente, los créditos de carbono quedaron regulados por la ley 7190, aprobada por el Congreso en octubre 2023 y promulgada por Peña el 12 de octubre del mismo año, apenas unos meses después de asumir la presidencia de Paraguay.
Semanas después, como presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrollo y Comercio de Créditos de Carbono (Capadeco), Betancourt formó parte de la delegación oficial de Paraguay que asistió a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái en noviembre y diciembre de 2023.
Santiago Peña y Kiantar Betancourt.
La Secta Moon busca que se determine si los intereses empresariales relacionados con las tierras en el Chaco y las "oportunidades comerciales" del Proyecto Chaco Vivo (bonos de carbono) tuvieron incidencia en la falta de respuesta de la Procuraduría General de la Nación (liderada por Marco Aurelio González) y otras instituciones del Estado como el Ministerio de Defensa.
Ante la denuncia pública del abogado de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, Betancourt emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente mantener cualquier tipo de sociedad o vínculo comercial con el señor Gonzalo Peña o su familia, señalando que las acusaciones presentadas ante el Senado carecen por completo de sustento documental.
Asimismo, explicó que los proyectos de créditos de carbono se desarrollan de forma pública y regulada por la ley 7190 para fomentar la conservación de los bosques chaqueños, aclarando que estas iniciativas operan en “propiedades totalmente ajenas a las reclamadas por la organización religiosa” y que los denunciantes mezclan ambos temas con “intenciones de confusión”.
El origen del largo litigio por las tierras en el Chaco que no termina
En relación con el litigio con la Secta Moon y la denuncia sobre un supuesto despojo de tierras, Betancourt, por derecho propio y en representación de Atenil S.A., Cusabo Limited, Firstar Investments Limited, Kyveloria Limited y Elite Kingdom Investments Limited, contraatacó y presentó el pasado lunes 16 de noviembre una querella autónoma contra Francisco de Vargas Benítez por los presuntos hechos punibles de calumnia, difamación e injuria, tras las acusaciones formuladas por De Vargas ante la comisión especial del Senado que investiga presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el supuesto despojo de 310.000 hectáreas de tierras en el Chaco.
Antonio Betancourt y el matrimonio Moon.
Según la versión de Betancourt, hijo de Antonio (un colombiano mano derecha del reverendo Moon, vinculado a Causa y a la CIA fallecido en 2022) el origen de la controversia es un préstamo obtenido en 1998 por la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial para comprar tierras en el distrito de Puerto Casado y otras zonas del Chaco. Ante la imposibilidad de devolver el dinero, el propio directorio de la asociación habría aprobado un acuerdo (marzo de 1998) que contemplaba la entrega de los inmuebles a las empresas acreedoras (representadas por Betancourt), decisión que luego habría sido respaldada en una asamblea extraordinaria de asociados en 2008.
La operación consistía en una dación en pago, mecanismo mediante el cual el deudor entrega un bien (tierras) para extinguir la obligación previamente contraída. Sin embargo, de acuerdo a lo que explica Betancourt, la asociación se negó posteriormente a otorgar las escrituras de transferencia de los inmuebles, pese a las decisiones presuntamente adoptadas por sus propios órganos de administración.
Dicha situación derivó en acciones judiciales iniciadas en 2014 por el representante de Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited para exigir el cumplimiento de lo acordado en el contrato comercial, las cuales resultaron favorables en todas las instancias, incluyendo la confirmación en apelación en 2021 y el rechazo del último recurso por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2024, dejando una sentencia firme, apuntó el representante de las empresas.
"La Secta (Moon) perdió esas tierras porque incumplió un contrato que su propio directorio aprobó como también por decisión de su Asamblea. Así lo dijeron los jueces en todas las instancias", afirmó Betancourt en su reciente descargo.
Por otro lado, descartó cualquier vulneración a la Ley de Seguridad Fronteriza (N° 2532/05), indicando que las empresas involucradas no pertenecen a ninguno de los países vecinos (Argentina, Bolivia y Brasil).
La otra campana y las infaltables sociedades offshore uruguayas
La versión de la Secta Moon difiere mucho a la de Betancourt. Según denunció la Asociación del Espíritu Santo, la transferencia de 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco, cuyo valor estimado rondaría los US$ 500 millones fue irregular, debido a que las operaciones fueron realizadas a través de sociedades interpuestas, contratos suscritos fuera del país y el uso de estructuras offshore.
De acuerdo con la denuncia presentada en 2015 y ampliada en varias instancias, los terrenos—situados en las zonas de Puerto Casado, Puerto Pinasco y Fuerte Olimpo— habrían sido transferidos inicialmente a cuatro sociedades offshore constituidas en Uruguay: Madera Dura S.A., Altos Prismas S.A., Aires del Molino S.A. y Fuente Brillante S.A., todas ellas representadas por Jesús González Losada, un español cercano al Opus Dei que vivió mucho tiempo en Uruguay, relacionado a la dirección de varias de las instituciones que la Secta Moon tenía en Montevideo como la Fundación Educativa para la Paz, hoy todas representadas por el pachequista Raúl Rey Banegas.
Jesús González Losada y Jorge Gundelzoph en Washington.
Posteriormente, entre los años 2009 y 2013, esas sociedades uruguayas habrían cedido los derechos sobre las tierras a las sociedades offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, según se desprende del escrito presentado ante el Ministerio Público paraguayo.
El abogado de la Secta Moon sostiene que en la transacción de las tierras hay indicios de “simulación contractual” y una eventual “operación de lavado de activos”. Según lo denunciado, la maniobra habría tenido como base una supuesta deuda de US$ 15 millones, invocada para justificar la dación en pago de las tierras. No obstante, la defensa sostiene que dicha obligación nunca fue respaldada con documentación válida ni registrada en los estados contables correspondientes.
El polémico préstamo que originó el conflicto habría sido otorgado por Victoria Terrace, otra sociedad offshore, que fue creada en 1996 en Panamá por el famoso Buffet Mossack Fonseca por intermediación del estudio uruguayo KPMG.
El denunciante considera que este esquema respondería a un patrón sistemático de simulación de deuda, presuntamente orientado a ocultar activos y eludir el pago de impuestos en Paraguay.
En ese contexto, se solicitó que la Fiscalía requiera informes tanto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) como a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Registros Públicos (DNRP), con el fin de verificar la existencia de reportes de operaciones sospechosas vinculadas a las empresas uruguayas involucradas en la maniobra.
La imputación de Preston y nueve de sus hombres en Atenil y Victoria
A partir de esta denuncia, en 2017 fueron imputadas 10 personas del grupo económico por parte del fiscal Igor Cáceres por "intento de estafa" y "producción mediata de documentos públicos de contenido falso".
Además de "Preston" Moon, fueron imputados González Losada, el propio Betancourt y varios socios de Atenil S.A. y Victoria S.A. (empresa dedicada a la gestión de Tierras): Diego Puente, Shin Donggwan, Lee Hyun Min, Gerónimo Amarilla y Marciano Lorenzo Pessoa (lugarteniente del grupo en Puerto Casado) y los estadounidenses John Mowris y Thomas Field (nexo con Heritage Foundation).
En la imputación por intento de estafa por US$ 15 millones y la producción de documentos falsos, el fiscal sostuvo que la transferencia de inmuebles de la Asociación Espíritu Santo, que están ubicados en el Chaco y que finalmente quedaron en manos de firmas vinculadas al imputado Preston Moon, se hizo bajo engaño.
Cáceres explicó que el 11 de noviembre de 2008, Thomas Field, juntamente con Gerónimo Amarilla y Marciano Lorenzo Pessoa, indujeron a los miembros de la Asociación a transferir los inmuebles de la Iglesia de la Unificación, ubicados en el Chaco paraguayo, a nombre de distintas empresas ajenas a la Asociación, con sedes en Montevideo (Uruguay), administradas por personas que alegaron ser conocidas miembros de la Iglesia. De esta forma, lograron que en una asamblea se resuelva entregar gran parte del patrimonio de la sociedad a cuatro sociedades offshore uruguayas (Madera Dura SA, Alto Prisma SA, Aires del Molino SA y Fuente Brillante SA), que simularon ser acreedoras de la Asociación, por lo que consiguieron tierras como pago de una falsa deuda de US$ 15 millones.
“De esta asamblea extraordinaria se desprende la disposición patrimonial por parte de la Asociación Espíritu Santo, donde los participantes sumidos en el error, debido a las falsas expresiones de Thomas Field, Gerónimo Amarilla y Marciano Lorenzo Pessoa, sobre el supuesto peligro de una expropiación de las tierras por el Estado paraguayo, aceptaron la existencia de una deuda que asciende a US$ 15 millones. Este dinero, se afirmó falsamente, que fue recibido por la empresa Victoria Terrace SA, durante el año 1998 para la compra de tierras en el Chaco paraguayo. Las operaciones supuestamente fraudulentas fueron justificadas con la excusa de que se realizaban para salvaguardar los inmuebles que forman parte del patrimonio de la Asociación Espíritu Santo. Sin embargo, en realidad fueron para despojar de sus bienes a la Iglesia de la Unificación”, sostiene la imputación de Cáceres.
El fiscal apuntó que lo señalado se desprende de las declaraciones de Arístides Rondan, Agustín Peña, Evaristo Fernández y Otmar Gramil, miembros de la Asociación y que participaron de la asamblea, que según sus manifestaciones, no habría sido una asamblea propiamente dicha sino una reunión en la que Thomas Field, Gerónimo Amarilla y Marciano Lorenzo Pessoa, les obligaron a firmar documentaciones previamente elaboradas.
La imputación dice que el 12 de noviembre de 2008, Gerónimo Amarilla, quien ocupaba el cargo de Junta de Directores de la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial, en connivencia con Hyun Jin Moon y en desconocimiento de las máximas autoridades de la Iglesia de la Unificación en ese momento, firmó cuatro contratos privados de cancelación de deudas por dación en pago, con cada una de las cuatro empresas uruguayas, entregando como pago un total de 26 inmuebles ubicados en el Chaco, propiedad de la Asociación Espíritu Santo, para saldar una deuda inexistente.
“La entrega constituiría una simple y clara disposición del patrimonio de la Asociación a terceros ajenos a ella en forma irregular”, concluyó.
La causa se desvaneció en la Justicia ante los sucesivos recursos de las defensas de los imputado y la inacción del nuevo fiscal Luis Piñánez.
Kiantar Betancourt con pobladores de Puerto Casado.
Reparación histórica para los pobladores de Puerto Casado
Como si supieran lo que iba a pasar una semana después con el desfalco Ueno Bank, la caída de Peña, varias autoridades y la nueva arremetida judicial de la Secta Moon, la empresa Atenil S.A., antiguamente vinculada a la organización religiosa (que quedó en manos de un grupo disidente liderado por “Preston”), firmó un acuerdo a fines de octubre de 2026 con el Indert, para la “donación” de 30.000 hectáreas en Puerto Casado.
Esto puso fin a un histórico reclamo de unas 600 familias de esta localidad chaqueña, desde la época que la Secta Moon adquirió las tierras (prácticamente un pueblo entero con ciento de familias adentro) a través de la polémica operación que hasta el día de hoy es denunciada.
En noviembre de 2025, cuando Atenil ya anunciaba que iba a hacerse cargo de esta reparación histórica con los pobladores de Puerto Casado, Betancourt expresó ante un grito de uno vecino: “Escuché decir por ahí es Secta Moon, Asociación del Espíritu Santo. Eso no existe más. Nosotros estamos acá. Nuestro líder (Preston) tiene el mismo apellido (Moon) pero no el mismo concepto. Tenemos interés en el desarrollo sostenible del pueblo”, dijo ante las dudas de los pobladores casadeños.