El presidente Yamandú Orsi y los ministros Sandra Lazo (Defensa) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores) firmaron este martes la resolución para otorgarle el poder al estudio jurídico Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, con sede en Londres, para iniciar las acciones en representación del Estado uruguayo ante la garantía falsa de EuroCommerce presentada por Cardama para iniciar la construcción de las dos patrullas oceánicas.
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El Ejecutivo contrató estudio jurídico en el Reino Unido por caso Cardama.
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La resolución autoriza al embajador de Uruguay en el Reino Unido, Luis Bermúdez, a “suscribir en representación del Poder Ejecutivo” el documento que otorga poder al estudio para asumir la defensa del Estado. El contrato prevé un monto de hasta 75 mil dólares.
El gobierno fundamentó la contratación en la “reconocida trayectoria y amplia experiencia en la defensa de los Estados soberanos” de Arnold & Porter, y destacó que el estudio ya representa a Uruguay en procesos arbitrales en curso.
“La contratación debe ser llevada a cabo necesariamente en el exterior y por lo tanto las actuaciones cumplidas serán intervenidas a posteriori por el Tribunal de Cuentas”, establece el documento. En tanto, la Dirección General de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa informó que “existe disponibilidad de crédito para hacer frente a la erogación”.
Las denuncias
El Poder Ejecutivo presentará denuncias ante distintas agencias del Reino Unido vinculadas a delitos financieros, puesto que la emisión de aval de EuroCommerce por el 5 % del valor del primer buque fue declarada en ese país.
El gobierno también evalúa presentar una denuncia ante la Serious Fraud Office, organismo británico que “lucha contra los delitos financieros complejos, imparte justicia a las víctimas y protege la reputación del Reino Unido como lugar seguro para hacer negocios”, según indica su web institucional.
Asimismo, también se analiza llevar el caso ante la National Crime Agency, entidad “responsable de liderar la lucha del Reino Unido para detener al crimen organizado”.
El asesoramiento recibido por el gobierno indica que el hecho de que EuroCommerce sea propiedad de un ciudadano ruso y que su sitio web haya sido registrado en marzo de 2022- lo que coincide con las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania- podría configurar una posible evasión de sanciones, lo que motivaría una investigación en territorio británico.
El Ejecutivo también recibió la recomendación de remitir una carta de presentación reportando el presunto fraude, con copia a la cancillería británica -Foreign, Commonwealth & Development Office- y a la Fiscalía General del Reino Unido -Attorney General’s Office-, con el propósito de que la investigación sea tratada como prioritaria.
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