El gobierno y el relato sobre la verdad del pasado reciente

El ministro de Defensa, Javier García, parece haber descartado la posibilidad para un debate por lo alto sobre los alcances de la propuesta del gobierno.

Entre otros conceptos, afirmó que “la oposición tiene en su fundamento para no hacer públicos los archivos de la dictadura la posibilidad de que pueda haber información que la comprometa”, al tiempo que también sostuvo que de algunos archivos se podía conocer quiénes fueron “delatores y buchones”.

A la primera afirmación le respondió la senadora frenteamplista Lilliam Kechichian, expresando: “La verdad, el único calificativo que me sale es que esto es una canallada. Esto es una canallada, porque él es el jefe de subordinados que tienen la verdad, no hay nadie que discuta en este país que la verdad la tienen o la han tenido miembros de las fuerzas armadas y nosotros somos las víctimas”.

Kechichian tampoco se guardó respuestas para la segunda afirmación del ministro sobre los delatores y buchones: “Yo rechazo esas declaraciones, pero tengo que dejar claro que lo que él está poniendo en el podio de la maravilla de la información son archivos, algunos privados; archivos, algunos manipulados y testimonios bajo crueles torturas, que estuvieron seis meses colgada de un gancho, torturas después de haber sido violadas un núcleo importante de mujeres, torturas después de horas y horas de picana. ¿Esa será la verdad que se tenga que conocer? Perfecto, pero protejamos a las víctimas”.

El proyecto

El texto del proyecto fundamenta que “el Poder Ejecutivo ratifica su más férreo compromiso con la transparencia, entendiendo necesario acercar el conocimiento de datos, acciones, así como documentos que hacen a la gestión de gobierno a la mayor cantidad de personas, con mínimos o nulos requisitos y exigencias. Esa misma conducta se traslada a otros documentos que existen en el ámbito del Estado y que pueden tener relevancia por su contenido histórico. De este modo, se busca facilitar el acceso a los archivos que estén en poder del Estado en forma amplia y sin restricciones, tal el caso de los denominados “Archivos Berutti” u otros a los que en el futuro se logren obtener, siendo este extremo de suma importancia para conocer cabalmente un período trágico y complejo de nuestro pasado”.

El proyecto se fundamenta también en “la efectiva posibilidad del conocimiento de los archivos referidos u otros similares debe ser universal, con la mayor agilidad y facilidad posible, como las que brindan las soluciones informáticas”.

El proyecto hace referencia a dos leyes: la Ley 18.435, de 12 de diciembre de 2008, asignó al Archivo Nacional de la Memoria la misión de reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos, pero objeta el proyecto: “La nula actividad de dicha estructura ha determinado que no hubieran avances en el cumplimiento del objetivo legal definido”; y la Ley 18.331, de 11 de agosto de 2008, que refiere al acceso al contenido de la sección que se crea, el cual será libre, “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero”.

Quién define la no reserva

El escueto proyecto de ley crea en el Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, “una sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos” y aunque uno presume en la reglamentación de la ley se pondrá algún detalle más, parece ser un organismo burocrático más, en principio sin concebir la participación de familiares de las víctimas o las formas de vínculos con esta como para tener capacidad de decidir.

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(El 14 de Junio el Estado asume su responsabilidad por el asesinato de las pibas de abril)

Reescribiendo la historia

Varios integrantes del oficialismo insisten con el concepto manejado por García de que se sepa toda la verdad “sin editar”. Hubo un debate por declaraciones a las apuradas entre Fernando Pereira y el ministro García en que el primero sostuvo que “los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados”. García le salió al cruce manifestando: “No queremos que haya un comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente. Pereira opinó al voleo, no conoce el proyecto”, no oculta el objetivo político de fondo del oficialismo, y es seguir abonando la teoría de los dos demonios. Encorsetados en ciertas formalidades institucionales y reglas de convivencia política, los dirigentes de los partidos tradicionales y cabildantes susurran sobre estos temas consideraciones que luego sus militantes difunden sin filtro en las redes.

Las declaraciones a la prensa de Doménech sobre el acto que el gobierno debe llevar adelante para reconocer la responsabilidad del Estado en el asesinato de las “muchachas de abril” no pueden ser más elocuentes.

“Hay un cierto esfuerzo por reavivar los odios, la situación de violencia, que se vivió en la década de 1960 y 1970. Me llama la atención que se pretenda escribir una historia que no le hace honor a la verdad”, expresó en su oportunidad el senador cabildante.

Ahondando más en sus conceptos también afirmó: “Se distorsiona la historia de una manera inaceptable; sería partidario de dar nuestra versión de la historia. La gente tiene que saber lo que pasó en Uruguay. Los jóvenes lo ignoran, piensan que este movimiento guerrillero vino a liberarnos de la dictadura militar y fue, quizá, al revés”; y no perdió oportunidad de “cargar” contra los organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH: “Se quiere tergiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales que desde el exterior buscan imponer homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica”.

Siguiendo con el mismo ejemplo de las muchachas de abril, “la hipótesis de que las tres mujeres fueron abatidas sin un enfrentamiento armado previo es compatible con todos los elementos”, concluye la jueza Tórtora, que proceso al general retirado Juan J. Rebollo.

El expresidente Julio María Sanguinetti cuestionó la condena de Rebollo, aseguró que “se está condenando a militares profesionales serios por hechos de hace 50 años en que su deber les impuso actuar en dificilísimas circunstancias de tensión y enfrentamiento”.

Tenemos la leve sospecha que el acceso “universal” impulsado por el gobierno pretende dar elementos a “nuevos escribas de la historia, reinterpretando la información a la que puedan acceder.