En el interior, la corrupción es una forma de gobernar

Sustentados en la autonomía departamental, consagrada en la Constitución de la República, cada gobierno se siente autorizado a hacer cualquier cosa. No tienen valor las resoluciones del Tribunal de Cuentas, que cada año emite observaciones más graves pero como hay sanción nadie respeta; tampoco se aplica la “regla fiscal”, de la que hace gala el Gobierno nacional, porque casi todos los gobiernos terminarán su período con déficits impresionantes e importantes endeudamientos que complicarán a gobiernos futuros.

Pero tampoco se respetan el TOCAF, el Estatuto del Funcionario Público y, cuando pueden, ni siquiera la ley o la Constitución.

Tal vez desde la capital sea difícil entender esto, pero es casi como si tuviéramos un país federado.

Tanto que todavía hay normas que rigen en un departamento y en otro no. Vale recordar que hasta no muchos años atrás los empadronamientos tenían diferente valor según la localidad. Aún no hay una norma que establezca un valor único para las diferentes multas. Ocurre lo mismo con las tasas bromatológicas.

Ni siquiera los sueldos de los trabajadores municipales son iguales en todo el país, ni los intendentes ni jerarcas ganan lo mismo. Estos los aprueba la Junta Departamental del gobierno anterior.

Las mayorías automáticas en el legislativo para el partido ganador de las departamentales le otorga un plus importante a los “nuevos patrones de estancia” en que se han convertido los intendentes.

Probablemente, o casi seguramente, muchos de los hechos que vamos a reseñar se reproduzcan en todo el interior. Pero en este informe nos referiremos solo a los cuatro mencionados al principio, porque son los que podemos probar por ahora.

Sin embargo, parecería que el “caso Artigas” decidió a muchos ciudadanos para denunciar diferentes prácticas corruptas. Caras y Caretas ha recibido en los últimos 15 días algo más de 20 graves denuncias que estamos procesando y haremos públicas en su momento.

Los Caram, dueños de Artigas

Los hechos de corrupción revelados en Artigas y que provocaron la imputación del intendente blanco Pablo Caram; de la diputada también blanca, Valentina Dos Santos y del secretario general de la Intendencia, Rodolfo Caram y su pareja, Stefani Severo, expusieron a la luz pública cómo se logró obtener el 75 % de los votos y cómo se ha gobernado en ese departamento.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la Intendencia de Artigas revela el caos absoluto desde el punto de vista administrativo. No había controles de ningún tipo, se pagaron horas extras a funcionarios que estaban de licencia o no iban a trabajar, se hacían registros manuales…

El TCR dice que “las irregularidades constatadas son consecuencia tanto de normas que no fueron reglamentadas previo a su aplicación, así como de la falta de controles, separación de funciones y oposición de intereses, escasa rotación de funcionarios y registraciones manuales realizadas por funcionarios de Recursos Humanos”.

El organismo de contralor estableció que se pagaron unos 53 millones de pesos en horas extras irregulares a 53 funcionarios de un total de 327 millones de pesos que por horas extras se pagaron entre diciembre del 2020 y noviembre del 2023.

La Junta Departamental solicitó al TCR que observe en particular a 9 de los 53 funcionarios involucrados. Entre estos se encuentra Stefani Severo, pareja de Rodolfo Caram, primo del exintendente, quien acumuló 1.493.378 pesos por pagos de horas extras irregulares. Los tres, es decir los dos Caram y Severo, fueron formalizados por la Justicia con prisión en suspenso.

Miguel Irrazabal, asesor de la Dirección General, cobró más de 100 horas extras mensuales, sin que consten marcas en el reloj biométrico desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022 y desde mayo de 2023. Nelson Rolon pasó de ser cargo de confianza a grado 9 con más de 100 horas extras mensuales autorizadas sin justificación, sumando un total de 727.977 pesos.

Carlos Augusto Negro, director de Comunicaciones, recibió una compensación del 40 % sin justificar, acumulando pagos de más de 100 horas extras mensuales y un total de 2.053.274 pesos.

Omar Bicera, expareja de la exdiputada Valentina Dos Santos, y que ingresó durante el primer gobierno de Pablo Caram, realizó más de 80 horas extras mensuales por un total de 1.582.890 pesos. Luis Ribero cobró 2.724.568 pesos en forma irregular como responsable de la flota vehicular de la Intendencia y desempeñándose como chofer.

Ney Pechi, chofer de ingeniería y obras, percibió algo más de 100 horas extras en diciembre de 2023. Un edil mencionó en su denuncia que Pechi mantenía una relación de pareja con una secretaria administrativa de la Intendencia, quien también resolvía sobre adjudicación de horas extras.

La denuncia realizada por ediles del FA y un edil colorado avanza sobre licitaciones arregladas y contratos irregulares con empresas que pertenecen a jerarcas del Gobierno departamental.

El caso del director de Comunicaciones, Carlos Augusto Negro, resulta singular porque no sólo es quien más horas extras y compensaciones recibió, sino que además es corresponsal de Telenoche 4, de radio Universal y director propietario del periódico digital Artigas Noticias, según lo confirma él en la red X (ex Twitter).

Desde varios sectores se ha reclamado que se los investigue a todos por posible lavado y si todo el dinero cobrado era para ellos o tenía otro fin. Y que además se les hagan reclamaciones judiciales para que devuelvan lo mal cobrado.

Maldonado: en lugar de horas extras entregan casas

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, acumula por igual amores y odios. Su gestión está plagada de irregularidades y arbitrariedades, tanto que varios funcionarios municipales que aceptaron hablar con Caras y Caretas coincidieron en afirmar que “nunca en sus muchos años de trabajo vieron algo igual. El desorden, la arbitrariedad y la corrupción reinan en el edificio comunal”.

Una de sus primeras resoluciones cuando asumió en el año 2015 fue cesar a 18 funcionarios que habían ingresado por concurso durante el gobierno frentista. “No se puede gobernar con el enemigo adentro”, contestó cuando lo interrogaron por sus razones.

Él mismo le dijo a una comunicadora de Canal 11 que “siempre andaba con una libretita donde anotaba el nombre de sus adversarios”. Poco después ordenó publicar en la web de la Intendencia los nombres de los ediles frentistas que no votaron un fideicomiso para lograr liquidez.

En su primer gobierno (2000–2005) otorgó unos 700 ascensos a funcionarios blancos y colorados, varios de ellos familiares directos de jerarcas municipales, de ediles y de dirigentes del Partido Nacional (PN).

Casi lo mismo ocurrió hace dos años con algo más de 500 funcionarios, casi todos adherentes al Partido Nacional.

Miguel Abella, próximo candidato a intendente por el sector de Antía, era chofer del exdiputado blanco José Hualde. En el año 2000 Antía lo incorporó a su secretaría privada. La esposa de Abella, también funcionaria, escaló cinco puestos y pasó al grado 8 del escalafón. Y ya que estaban, también la suegra de Abella escaló dos puestos en el cuerpo inspectivo.

Quien podría ser el próximo intendente es propietario de por lo menos una empresa de construcción, aunque podrían ser más, y fuentes de ADEOM aseguraron que “contrata con la Intendencia”, extremo que no pudimos corroborar. En cambio, ediles del FA aseguraron que “es propietario de 4 autobuses nuevos para turismo, que arrienda a diferentes compañías”.

También fuentes de ADEOM informaron a Caras y Caretas que “Agustín Benítez, primer suplente del alcalde de Aiguá, es dueño de un importante taller mecánico en la ciudad de Maldonado, donde se llevan todos los vehículos livianos propiedad de la Intendencia”.

La mayoría de ediles blancos que votan todas las semanas importantes excepciones a las normas de construcción, son a la vez dueños de inmobiliarias y por lo tanto eventuales beneficiados por sus decisiones.

En los últimos dos años la Intendencia le ha mentido al TCR, tanto que el organismo debió corregir sus cifras y donde daba superávit lo pasó a déficit. La Intendencia de Maldonado tiene un presupuesto quinquenal de mil millones de dólares, votado por la Junta Departamental.

El exintendente Óscar de los Santos, que cuenta con un grupo de asesores que sigue muy de cerca la gestión del Gobierno, dijo que “la Intendencia solo invierte entre el 7 % y el 8 % de lo que recauda en obras, el resto se va en gastos de funcionamiento”.

Una fuente del TCR, que solicitó mantener su nombre en reserva, aseguró que “de persistir el actual rumbo, el Gobierno de Antía podría terminar con un déficit de entre 300 a 400 millones de dólares y un endeudamiento que llega fácilmente a 200 millones de dólares”. Es decir, tres años enteros de recaudación.

Solo este año pagará unos 540 millones de pesos, es decir unos 13 millones de dólares, por concepto de intereses.

Hace dos semanas informamos que la Jutep investigaba a Antía por la adjudicación de una vivienda (https://www.carasycaretas.com.uy/politica/la-jutep-investiga-al-intendente-maldonado-enrique-antia-n75471).

En una reunión del directorio del organismo de contralor se decidió por unanimidad solicitar a la Intendencia de Maldonado el envío de todo el expediente referido a esta adjudicación; el informe técnico que estableció la situación de vulnerabilidad; el legajo funcional de la adjudicataria; todas las actuaciones realizadas por la Dirección de Higiene en su peluquería de la ciudad de Maldonado y en la de Aiguá; cuándo se otorgaron las habilitaciones higiénicas y cuántos vehículos tiene empadronados a su nombre.

Sin embargo, a 25 días de esa resolución, el exhorto aún no fue enviado a Maldonado.

Según la resolución del intendente, fechada en el 2018, “la adjudicataria se encuentra en estado de vulnerabilidad social”. Para mejorar su situación, también ingresó a dedo en el Municipio de San Carlos, luego tuvo un paso por Bromatología y actualmente se desempeña en el Municipio de Punta del Este.

Además, sin mucho trámite, la cambiaron de casa y pasó a residir en un complejo de la ANV donde 13 apartamentos están bajo gestión de la Intendencia, según la respuesta a un pedido de acceso a la información solicitado por la edila frentista Ana Antúnez.

La señora es propietaria de una conocida peluquería en la capital departamental, por lo menos desde el año 2012. Ella misma publicó en su muro de Facebook que desde ese año había refaccionado el local a nuevo. O sea, difícil de creer que estuviera en estado de vulnerabilidad.

Ocurre que además es, por ahora, convencional departamental del Partido Nacional y en las últimas internas apareció en una lista de Abella, ganador de la interna del sector liderado por Antía, y que en lo nacional apoya a Álvaro Delgado. Si bien ocupa el apartamento en el complejo B75, donde vive su hijo, desde hace varios meses ella también ocupa como inquilina un departamento en un lujoso edificio de la avenida Roosevelt, muy cerca del Punta Shopping.

En la lista de ocupantes de propiedades bajo administración de la Intendencia que recibió la edila Antúnez, figuran otras dos mujeres que, casualmente, son funcionarias municipales y adherentes al Partido Nacional. Una de ellas ingresó por la Fundación A Ganar. La otra acaba de recibir un aumento importante ya que fue subrogada al grado 5A y percibe 51.233 pesos nominales y 640 pesos por cada hora extra.

Ambas se muestran como militantes nacionalistas en sus redes sociales.

Dos edilas frentistas dijeron que “plantearán en la bancada que se presente una denuncia penal contra Enrique Antía. Somos funcionarios públicos obligados a denunciar ante la Justicia cualquier posibilidad de un delito, como parecen ser estos casos”.

Florida y Tacuarembó: intendentes denunciados por corrupción

En Florida se comprobó que la Intendencia contrató de forma directa en 37 ocasiones a la empresa Rodríguez Castellini y Rodríguez Coito, propiedad del hijo y el exesposo de Natalia Castellini, entonces secretaria del intendente Guillermo López.

El edil frenteamplista Fabiel González dijo a varios medios que “al tratar la Rendición de Cuentas de 2022, el Tribunal de Cuentas observó las reiteradas contrataciones directas a una empresa, por una pala excavadora y camiones, perteneciente a quien era familiar directo en ese momento de la secretaria del intendente. En ese momento no votamos la Rendición de Cuentas y luego nos presentamos ante la Jutep con esta denuncia”. Poco después, la secretaria de López renunció a su cargo.

Según informó Búsqueda, la contratación implicó pagos por unos 70.000 dólares a cambio de maquinaria para la recolección de residuos no domiciliarios.

El área de jurídica de la Jutep analizó el caso y elaboró un informe en el que recomienda pasar el caso a la Fiscalía por entender que existen indicios de presunta apariencia delictiva en la gestión de la Intendencia de Florida, según informó Telemundo. Pero tanto la presidenta, Gabriela di Longo (Cabildo Abierto), como Guillerno Ortiz, vicepresidente (PN) de la Jutep, se opusieron al pase a Fiscalía. La abogada Ana Ferraris, representante del Frente Amplio, quedó en minoría.

En tanto, el intendente de Tacuarembó fue denunciado por dirigentes de su propio partido por la venta de predios de su propiedad a una empresa que se instalaría en la zona.

El intendente Wilson Ezquerra solicitó a la Junta Departamental que declarara al emprendimiento de interés departamental y también solicitó que esos campos cambien de categoría, de suelo rural a suburbano, para permitir la llegada de los inversores.

El periodista Diego Martini informó que “se trata de una chacra que Ezquerra compró por 32.000 dólares y fue vendida a la empresa Ballintoy S.A. por 210.000 dólares”.

En principio Ezquerra negó saber que los compradores eran los inversores, pero varias grabaciones de archivo revelan que el intendente no sólo sabía, sino que se había reunido con ellos en más de una oportunidad.

Jhon Duhalde, dirigente blanco y candidato a la Intendencia de ese departamento, denunció a Ezquerra ante la comisión de ética del Partido Nacional y reclamó que, “en observancia de las leyes”, se le exija la renuncia inmediata al cargo.

El organismo aún no se ha expresado.