Un jerarca formalizado exhibe públicamente su poder al ser recibido por el presidente pocas horas antes de que la Corte Electoral se expida.
Por más que sean “amigos” —lo que hace mucho peor todo—, se trató de un acto institucional que hasta podría ser leído como un mensaje hacia quienes deben resolver la situación de Besozzi, tanto en la Justicia como por el organismo que rige las normas electorales.
Desde hace días la oposición intenta voltear al presidente de ASSE, Álvaro Danza, basada en presuntas incompatibilidades, ya que el médico, además, cumple funciones como tal en dos mutualistas privadas. La oposición intenta desde marzo voltear a todo “muñeco” que se mueva. Sería su forma de legitimarse por sus propios actos en el gobierno pasado. Pero, en este caso, también trata de frenar la auditoría sobre la gestión de Leonardo Cipriani al frente de ASSE entre el 2020 y el 2024.
No les interesa el presupuesto ni las explicaciones, sólo voltear a Danza. Y para ello usan un informe jurídico del catedrático Augusto Durán Martínez, un hombre estrechamente vinculado al Partido Nacional. Fue subsecretario de Presidencia durante la gestión de Luis Lacalle Herrera, presidió el Instituto Manuel Oribe y es el padre de quien hasta no hace mucho era embajador uruguayo en EEUU. Nada de esto lo descalifica. Pero un informe que hizo a principios de este año para la Junta Departamental de Maldonado, a solicitud de los ediles blancos que integraban una comisión investigadora, deja dudas sobre su accionar.
Durán Martínez es el mismo que, previo pago de 18.000 dólares, elaboró un informe para la Bancada del Partido Nacional en la Junta de Maldonado sobre el caso del expresidente José Luis Sánchez. El experto en Derecho Administrativo concluyó que "no había constatado ninguna irregularidad". Pero el que constató las irregularidades fue el fiscal Jorge Vaz, quien demostró que "una empresa contratada para hacer refacciones en el edificio de la Junta no estaba inscripta en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)", trámite obligatorio para cualquiera que contrate con el Estado. Además, "no hay un solo expediente que demuestre el contrato de esa empresa, sobre las tareas a realizar ni sobre el control de cumplimiento". Y por si fuera poco, el dueño de la empresa dijo en Fiscalía que "nunca hizo trabajos para la Junta".
Todo esto se lo "comió" Durán Martínez, que sí cobró religiosamente. Sánchez y otros dos expresidentes de la Junta fueron formalizados por los delitos de fraude y falsificación ideológica por un funcionario público. A uno de ellos también se le imputó “abuso de funciones”.
Por su parte, Danza recurrió al experto Carlos Delpiazzo para justificar su permanencia en el cargo. Pero este experto, junto a otros tres, fue quien en el 2021 consideró que “no había ninguna irregularidad con el fondo de fortalecimiento de los sectores políticos” o “sueldo encubierto” que la Junta de Maldonado paga a los ediles mes a mes desde el 2015 y ahora es investigado por el fiscal Vaz. De nada valió el dictamen de la Jutep, que consideró que se violaba la Constitución y varias leyes, ni las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, cuyo departamento jurídico recomendó el pase a Fiscalía. Un informe pagado sustituyó a toda la institucionalidad.
Claro, después hay que convencer a los más jóvenes de que no todos son iguales y que la política es una actividad noble que tiene por fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues, según Factum, uno de cada tres uruguayos ya no cree eso.
Más datos sobre el caso Maldonado
Hace muchos años un abogado e importante dirigente colorado, luego ministro, dijo que “en Maldonado las ordenanzas de construcción eran una barrera. Pagás, el peaje se levanta; no pagás, no podés hacer nada”.
En el año 1992 dos ediles, Ruben Pagola, del Partido Nacional, y Leonel Fazzio, del Partido Colorado fueron procesados por coimeros. También cayó Hebert Belino, un conocido escribano y dueño de un periódico, como promotor de acciones ilegales para que se aprobara el fraccionamiento La Juanita, ubicado sobre la franja costera poco antes del ingreso a José Ignacio. Los ediles fueron sometidos a juicio político en el Senado y despojados de sus cargos. Las actas de esas sesiones revelan que Maldonado ya era mirado como un lugar complicado por el tema corrupción.
El entonces senador colorado Pablo Millor llegó a proponer la conformación de una comisión investigadora sobre los permisos de construcción otorgados en este departamento. Era 1992, Luis Alberto Lacalle Herrera era el presidente y Domingo Burgueño era el intendente de Maldonado. El Senado no aprobó el planteo de Millor. Pero en Maldonado el escribano Belino, que era además un extorsionador, después de su condena por corrupto recibió de la Intendencia unos 60.000 dólares en publicidad para un diario que no registraba lectores.
Treinta y tres años han pasado desde entonces. Pero algunas prácticas se mantienen y perfeccionan. Por ejemplo, en 2021 y 2022, bajo las presidencias de los ediles blancos José Luis Sánchez y Darwin Correa, la Junta Departamental decidió adjudicar una partida de unos 500.000 dólares “para ayudar a medios y periodistas que vivían un complejo momento por la pandemia”. No hubo ningún plan publicitario, porque la Junta Departamental no tiene nada para publicitar. Pero decenas de personas, algunos periodistas y otros no se sabe qué, recibieron mucho dinero solo contra la presentación de una factura.
Los documentos en poder de Caras y Caretas muestran la arbitrariedad con que se destinaron esos fondos. Por ejemplo, la empresa Marengreen S.A., propietaria de la FM Cadena del Mar, cuyo titular ante la URSEC es Francisco Sanabria, expropietario de Cambio Nelson, recibió el equivalente a 50.000 dólares entre el 1 de diciembre del 2022 y el 30 de noviembre del 2024. En tanto, a Rodrigo Silva, gerente de esa emisora y testaferro de Sanabria, se le adjudicaron en el mismo período otros 10.000 dólares.
Además, el periodista Marcelo Umpiérrez, que se desempeña como productor y periodista en Cadena del Mar y a su vez era corresponsal de Telenoche 4, recibió en este año 776.530 pesos, es decir 61.000 pesos por mes. Algunas de sus facturas establecen que se prestó “servicio de promoción institucional en redes, radio, TV y notas”.
También recibieron publicidad, entre muchos otros, un periódico de Rocha, dos de Montevideo y otro de Lavalleja, dos radios comunitarias de Maldonado y varios medios, productores y periodistas del departamento. Aunque ninguno iguala lo que cobraron las radios vinculadas a Sanabria. Por si fuera poco, el presidente de la Junta Departamental ordenó un gasto de 16.000 pesos para unas placas y cartel de reconocimiento a la Liga Mayor de Fútbol, que también él presidía. Todos gastos, año tras año, observados por el TCR.
Las asignaciones de dinero continuaron en el tiempo y generaron un importante desfinanciamiento. A fines de julio del 2024, la mayoría nacionalista de la Junta Departamental de Maldonado aprobó una transposición de rubros por 8 millones de pesos (equivalentes a 200.000 dólares) para ser gastados en publicidad. Según el expediente 445/2024, “la directora del Departamento Financiero Contable, contadora Gabriela Quintero, solicita autorización para efectuar una transposición de rubro por un total de 16.500.000 pesos”. De acuerdo al documento, “8.000.000 de pesos serán destinados a publicidad”, que antes estaban destinados presupuestalmente a “limpieza y fumigación” (2.250.000 pesos), otras edificaciones (4.800.000 pesos) y refuerzo de rubros (1.200.000 pesos).
Con este “refuerzo presupuestal”, la Junta de Maldonado habrá destinado otros 500.000 dólares en publicidad durante el año, aunque siguen sin conocerse los criterios de adjudicación. Justo año electoral. Ese era el verdadero destino de esas enormes cifras de dinero; pagar con dineros públicos parte de sus campañas electorales.
El día de la audiencia en que fueron formalizados los ediles Sánchez y Correa, y Alexandro Infante se fugó, dos periodistas relataron a este cronista que “cuando hacían una gestión publicitaria ante Infante, éste les decía: Les doy la plata, pero también va para mi campaña”. Pero no solo esto demuestra un uso abusivo e indecente de dineros públicos. Entre los años 2015 y 2025 hubo por lo menos una decena de viajes al exterior en las delegaciones integradas por ediles de todos los partidos que iban a Miami, destino predilecto, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, nunca se supo a qué, porque nunca hubo informes ni resultados concretos para el departamento de ese turismo legislativo. Un solo viaje a Miami, del que participaron siete ediles, costó 55.000 dólares. Porque además del pasaje, alojamiento y estadía, se les otorgaban los viáticos que establece la Cancillería para los viajes al exterior.
Tal vez tuvieron resultados para sus propios negocios. Por ejemplo, durante el gobierno del frenteamplista Óscar de los Santos, el director de Turismo viajó varias veces a España para promover Punta del Este. Pero de paso concretó alguna inversión edilicia que luego comercializaba en su inmobiliaria.
Y este es otro punto abusivo. Durante esos 10 años, 2015- 2025, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Obras de la Junta Departamental eran además operadores inmobiliarios. Según informó el exintendente Enrique Antía, en esos diez años se aprobaron 5 millones de mt2 de construcción. O sea, los que en la Junta aprobaban excepciones a las ordenanzas, hacia dónde se desarrollaría el departamento, dónde se permitirían fraccionamientos, eran los que luego tenían la posibilidad de vender esas propiedades en sus propias empresas. Tan evidente es que hasta Javier Sena, edil e integrante de la comisión de Obras, es también presidente de la Cámara Inmobiliaria Maldonado–Punta del Este.
El edil Infante, ahora formalizado, dejó de ser empresario gastronómico y montó una inmobiliaria en el balneario Santa Mónica, que se encuentra casi frente a la Boya Petrolera y muy cerca de José Ignacio. Diez años atrás era un lugar muy poco desarrollado, pero que adquirió un importante impulso con varios fraccionamientos aprobados. ¿Quién pone una inmobiliaria en un lugar donde no había nada? Obvio que solo el que tiene información sobre lo que allí se construirá.
Desde su cargo como edil, el también empresario inmobiliario y ahora diputado herrerista Rodrigo Blás organizó una defraudación contra la DGI mediante la venta subfacturada de lotes de un fraccionamiento, que él no votó pero se aprobó en su período.
Están jugando con fuego
Vivimos en un mundo horrible, con un genocidio espantoso en pleno desarrollo, con guerras y asesinatos a diestra y siniestra, con censura y también asesinatos de periodistas. Con líderes que no muchos años atrás eran impensables. ¿Cómo llegaron Trump, Bolsonaro, Milei, además de muchos otros? No lo hicieron porque fueran mejores, sino porque la gente se hartó de los viejos líderes, la mayoría corrompidos mientras la gente se esforzaba por sobrevivir diariamente. Y, principalmente, porque detrás tuvieron el apoyo de un poder que quería cancha libre para sus negocios.
Todavía tenemos tiempo, poco, antes de que esos fenómenos se instalen en nuestro país y ese incendio nos consuma a todos. Para evitarlos hay que esforzarse en convencer a ese 30 % de compatriotas que ya no cree en nada, de que solo a través de la acción política se logran cambios. Pero para eso también hay que exigirles a nuestros políticos que actúen decentemente, no solo dentro de la ley.
