El Poder Judicial solicitó al presupuesto de la presente administración la creación de 24 juzgados de violencia de género, “pero finalmente se crearán, según el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, dos juzgados para esa especialidad, y a partir de enero de 2027. La idea era ubicar 18 juzgados en el interior y 6 Montevideo, y ahora esos dos juzgados planteados serán absolutamente insuficientes”. “Con dos juzgados —siguió Mainard— no se hace nada, y más que falta más de un año”. Además el presupuesto enviado por el Poder Judicial propuso al Poder Ejecutivo que apruebe la posibilidad de que el primero pueda transponer rubros. “Se planteó la necesidad de disponer de los recursos asignados en el Presupuesto, independencia económica para adecuar las necesidades, pero seguiremos necesitando la aprobación del MEF para disponer de esos rubros”, dijo la presidenta de la agremiación, quien sostuvo que también el Poder Judicial planteó, además, el aumento de la partida de perfeccionamiento académico, que desde el año 2014 no se actualiza.
“No estamos pidiendo para aumentar sueldos”, reiteró. “Estamos pidiendo mejoras en las condiciones de trabajo”, indicó Mainard, y subrayó la problemática de los juzgados de Familia Especializada: “La secretaria de la Asociación de Magistrados, la jueza Marcela Sena, describe que por turno en los juzgados de esa materia reciben por día entre 50 y 70 llamados telefónicos de la Policía. Ante esa llamada el juez tiene que ver qué es urgente y qué no, para llevar adelante las audiencias que deben celebrarse 72 horas luego de presentada la denuncia”. Mainard indicó que el juez tiene que interpretar, de la información policial, si amerita medidas cautelares o no. Cada llamada de la Policía sobre este tema insume entre 5 y 10 minutos. “En un turno se tratan 100 casos. Es verdaderamente impracticable, y en el interior, además de violencia doméstica, los jueces también tienen competencia penal, por tanto la realidad es peor aún”.
No hay pericias ni psicológicas ni psiquiátricas, y todo se hace a ojo de buen cubero, tanteando, es casi una utopía el informe de evaluación de riesgo —que apunta a medir la peligrosidad del victimario o grado de violencia vivido por la persona denunciante—, por tanto, dijo Mainard, solo se hace un promedio de 6 informes de riesgo diarios. “Ya llevamos 30 años relegados y, mientras, el Código General del Proceso y el Código de Proceso Penal fueron llevados adelante —ambos códigos reformaron sistemas procesal y penal anteriores— por los jueces”. “Tenemos el mismo presupuesto que el Poder Legislativo —dijo Mainard a Caras y Caretas—, que tiene cuatro o cinco sedes y 500 funcionarios, mientras el Poder Judicial tiene 8.000 funcionarios y más de 500 sedes. Pero además debemos soportar críticas del poder político, que no es otra cosa que una injerencia en otro poder del Estado. Eso es ignorar cómo trabajamos”, sentenció Mainard.
