El gobierno atraviesa una de sus peores crisis desde que asumió en marzo del 2020. El pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset sacudió todas las estructuras del Ejecutivo. Este miércoles tras las declaraciones de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache en la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo, el fiscal especializado en Delitos Económicos de primer turno, Alejandro Machado, decidió entregar a la Fiscalía General de la Nación todo lo referente a la destrucción e los mensajes entre Maciel y Ache, en los que Maciel reconoce que el gobierno sabía que se trataba de un narcotraficante “peligroso y pesado”, según confirmaron desde Fiscalía.
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Ahora la oficina responsable de distribuir los casos a las fiscalías determinará quién se encargará de la investigación penal en la que serán investigados, en principio, el ahora excanciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el asesor del presidente en materia de comunicación, Roberto Lafluf.
En esa causa se investigarán las presiones de Bustillo a Ache para que borrara los chats y los ocultara en el marco de la investigación administrativa realizada por la cancillería, y la interceptación y destrucción por parte de Presidencia del documento certificado con esas conversaciones que Ache envió a la cancillería para que fuera entregado a la Justicia.
La exsubsecretaria había entregado sus conversaciones con Maciel a la cancillería en el marco de la sentencia judicial que condenó al Ministerio de Relaciones Exteriores a brindar toda la información sobre la entrega del pasaporte, en un juicio de acceso a la información pública iniciado por los senadores del Frente Amplio.
Además, se deberá investigar las reuniones entre autoridades y algunos mandos medios del Ministerio del Interior y la cancillería para organizar la interpelación a Bustillo y a Heber por la entrega del pasaporte, que se realizó el 22 de agosto de 2022.
Ache declaró enla instancia de este miércoles y al retirarse, dijo a la prensa: “Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa, y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni por haber hecho algo ilegal, todo lo contrario. Fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la Justicia y por haberme negado a cometer un delito”, y agregó: “No tuve ninguna participación, ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marset. No estaba dentro de mis competencias y nunca actué por fuera de mis competencias. Yo no apuré nada ni para el doctor Alejandro Balbi ni para Marset”.
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